A las posiciones que diferentes gremios han asumido por la decisión el presidente Gustavo Petro de tomar el control de las comisiones de regulación de servicios públicos, ayer se sumó la de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).
El jueves pasado, el mandatario dijo en Duitama que “este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo. Entonces voy a asumir el control de las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directa y personalmente, en función de lo que la ley dice: primero el interés general y el del usuario”.
En un comunicado, Acolgen indica que “las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos”.
Sostienen los generadores que “los sectores eléctrico y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994 han contado con una institucionalidad robusta y estable, que ha permitido que todos los actores, incluyendo el gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajemos de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos”.
Seguridad jurídica
Señala el gremio que “es fundamental garantizar la seguridad jurídica, que permita contar con reglas razonables y estables, y mantener la independencia de los entes de regulación, para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situaciones que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico”.
Asegura Acolgen, sin embargo, que “en nombre de los gremios que representamos y nuestras empresas afiliadas, ratificamos nuestra entera disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y sus entidades delegadas, para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico, que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial”.
Las comisiones de regulación fueron creadas para garantizar la competencia y la defensa de los derechos de los usuarios, de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994, siendo ellas la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible (CREG), y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
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Un peligro
Acolgen se sumó a la posición de Andesco. Su presidente, Camilo Sánchez, dijo que “es muy peligroso tomar decisiones dictatoriales, porque parecen buenas en un primer momento, pero lo único que ha demostrado la historia de los vecinos es que se perjudica a los más pobres, porque al final de cuentas se pierde el buen servicio que se tiene en los diferentes servicios”.
Resaltó Sánchez en su reacción que existe en Colombia algo muy importante, que son los subsidios. “Para la gente que no tiene recursos, y estamos hablando de eso, es mejorar el tema de los subsidios, focalizarlos en las personas que no tienen los recursos para pagar”, insistió.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), comentó que se esperaría que esto se dé en un marco de respeto por la institucionalidad de los servicios públicos y se mire qué antecedentes hay.
“Es decir, el antecedente conocido es que en algunos momentos efectivamente el presidente retoma funciones y hace ajustes desde el punto de vista regulatorio, pero esos ajustes son frente a unos temas puntuales”, anotó el dirigente gremial.
Igualmente, añadió que habrá que esperar para ver cómo se definen este tipo de anuncios, qué cosas se van a tener en cuenta y cómo se hará el proceso.
“Por el momento, efectivamente el presidente es el rector de la política sobre los servicios públicos domiciliarios y puede ejercer actividades de regulación, supervisión y control sobre los mismos. Habría que esperar para saber qué está pensando y cómo lo asumirá”, enfatizó.