* Fractura al sistema de servicios públicos
* No debilitar la funcionalidad de la CREG
El ministerio de Minas y Energía no sale del ojo del huracán. Primero fue el dudoso informe de comienzos de esta semana sobre las reservas de gas y petróleo, que encendió todas las alarmas del país y tiene contra las cuerdas a la titular de la cartera Irene Vélez. Ahora se trata también del intempestivo anuncio del presidente Gustavo Petro, en Duitama, sobre su intención de asumir directamente el delicado asunto de las tarifas de energía, anulando de un palmo la delegación que a los efectos está contemplada en Colombia en las comisiones de regulación.
Es claro que cualquier acción que compete al gobierno, por ínfima que sea, está sujeta al principio de igualdad. Es decir, que los actos administrativos no pueden discriminar, ni hacer diferencias selectivas o beneficiar a unos ciudadanos sobre otros. Mucho menos, desde luego, si de antemano se ha creado una política general, como ocurre con las tarifas de servicios públicos de energía, cuando se adoptaron hace unos meses (incluso por consenso) unas directrices de reducción tarifaria a fin de aliviar los estragos de la inflación para el usuario.
A ello se llegó a principios del actual gobierno porque, en efecto, el espiral de los precios alcanzó límites insostenibles. De tal modo, por vía de la concertación se pudieron revisar, con las empresas respectivas, los contratos atinentes y los canales de regulación con el sustento apropiado. Y con ello se logró, no sólo contener, sino disminuir el impacto tarifario sobre el bolsillo de los colombianos.
Ese esfuerzo de la mayoría de las empresas del sector, incluidas las de generación, transporte y distribución, produjo un alivio sobre los gastos de las familias. Otras compañías, sin embargo, hicieron caso omiso a lo que decidieron sus similares y recurrieron a las alzas en contravía de lo que en principio se pensaba era un acuerdo general.
Pero no por ello, ciertamente, hay que volver un fandango la institucionalidad del sector, hacerla trizas y archivarla en el cuarto de San Alejo. Han sido precisamente estos mecanismos de regulación, logrados a lo largo de décadas, los que han permitido las conductas empresariales mayoritarias de hoy, aliviando las cargas, y los que también han servido para adelantar una política concertada. Desde luego, es posible que haya diferencias entre las diversas zonas del país donde se presta el servicio y que por ello las tarifas sean disímiles, frente a las realidades económicas regionales. Pero el canal indicado para resolver el asunto y hacer los ajustes pertinentes, una vez se revisen las diferentes variables y la sostenibilidad correspondiente, está en la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) .
Inclusive, como se sabe, allí el gobierno tiene mayorías, además con asiento de los funcionarios del más alto nivel. Siendo así, no se entiende por qué el primer mandatario habría de retomar, de repente, las funciones eminentemente técnicas y complejas que se desarrollan en organismos de este tipo. Salvo por la intención de suscitar un estruendo político, sacado de debajo de la manga para distraer la honda polémica suscitada a raíz del desplome del informe que supuestamente daba piso a la transición energética.
O todavía peor, tal vez porque se quiera instaurar a rajatabla el control de precios, llevándose por delante la seguridad jurídica, las posibilidades de inversión y el ensanche tecnológico, lo cual posteriormente llevará a graves lamentaciones en medio de los apagones, la incertidumbre de los servicios y la eventual quiebra de las empresas. En ese caso, nada más lesivo para los usuarios que llegar a un panorama tan abrumador.
Por su parte, se sabe de antemano que el ministerio de Minas y Energía permanece insatisfecho, en general, con las medidas tomadas frente al efecto inflacionario y que analiza componentes adicionales para revisar las tarifas. Particularmente, en torno a la formación de los precios en bolsa. De la misma manera tiene otras inquietudes frente a la relación del precio por kilovatio-hora y la capacidad hídrica del país. De hecho, aprovechando que la CREG tiene pendiente adoptar nuevas metodologías en su agenda, sería el momento para avanzar en un indexador complementario.
Pero de ahí a suprimir la delegación institucional hay un largo trecho. En todo caso, fuere lo que sea, no es bueno que el crucial sector de minas y energía viva en un sismo permanente y sin saber a qué atenerse, como está ocurriendo desde hace varios meses.