* Boluarte pide adelantar elecciones
* Las raíces profundas de la crisis
La decisión ayer de la presidenta peruana Dina Boluarte de pedir al Congreso que adelante las elecciones de Jefe de Estado para diciembre de este año es el último capítulo de la crisis política, social y de orden público que se profundizó en la nación inca desde el pasado 7 de diciembre, cuando fue destituido y encarcelado el hasta ese momento mandatario Pedro Castillo.
Como se recuerda, este último fue apartado del poder luego de que, en un acto de desesperación, trató de cerrar el Parlamento, gobernar por decreto y citar intempestivamente una asamblea constituyente, única vía que vio para esquivar un tercer intento de juicio político en el órgano legislativo que seguramente habría desembocado en su salida de la presidencia debido a las contundentes y graves pruebas de corrupción en la alta cúpula gubernamental. De hecho, la Fiscalía General ya lo había imputado directamente por varios delitos, lo que se consideraba ya el colofón inminente de un año y cuatro meses de accidentada administración de izquierda radical.
Tras la asunción de Boluarte, que llegó al cargo por ser la segunda vicepresidenta, se desataron violentas protestas y marchas, que comenzaron al sur del país y a los pocos días se fueron extendiendo por las regiones de Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, llegando hace dos semanas a Lima, en donde se han registrado fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los contingentes de indígenas y campesinos que exigen la salida de Boluarte y el cierre del Parlamento. Ya son casi 50 las víctimas mortales en distintas regiones, en tanto que los bloqueos de carreteras tienen a millones de personas sufriendo escasez de alimentos, combustibles y asistencia médica en varias provincias.
Aunque es claro que la presidenta peruana está respaldada por la institucionalidad, el orden constitucional y la actitud patriótica de la Fuerza Pública, también resulta innegable que su mandato ahondó la polarización política y social en una nación ya de por sí muy fracturada en estos dos aspectos. Su intención inicial de completar el periodo de Castillo, postura que luego flexibilizó pidiendo que se convocarán elecciones para abril de 2024, no neutralizó las protestas de los seguidores de Castillo, un antiguo profesor y dirigente sindical de una región del sur del país, origen precisamente de la revuelta popular de las últimas cinco semanas.
En ese orden de ideas, hay que destacar la actitud de Boluarte ya que, así como ha pedido a las Fuerzas Militares y de Policía que haciendo uso de la autoridad legítima contengan la asonada, protejan las vidas y bienes de la población y despejen las vías, también entiende que es imperativo evitar un aumento de las muertes y señalar una vía de estabilización política a un país que ha tenido seis presidentes en cinco años.
Precisamente por ello es que anunció ayer un proyecto de ley que contempla adelantar a diciembre de este año los comicios presidenciales, propuesta que -dijo- “… no tiene ningún condicionamiento y nos va a sacar del atolladero en el que estamos".
Corresponde ahora al Congreso, dominado por las mayorías de centro y centroderecha, especialmente por los partidos Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, tramitar rápidamente esta iniciativa. El Gobierno, que es claro no ha podido arrancar en forma su gestión transitoria, confía en que el llamado a las urnas para que sea el voto directo el que señale al nuevo mandatario contribuya a bajar los ánimos y frene las manifestaciones.
Sin embargo, es obvio que el “atolladero” peruano va más allá de la suerte del hoy preso y sindicado Castillo -de hecho, son pocas las voces que exigen su restitución-. Hay una problemática más de fondo y estructural. Los gruesos de las protestas se dan en el llamado “Perú profundo”, marcadamente rural, andino, campesino, selvático, indígena, con altos niveles de pobreza y abandono estatal. Sus pobladores urgen respuestas y soluciones, las mismas que creían que Castillo iba a atender pero, como se dijo, los escándalos de corrupción, la deriva en el populismo rampante y una gobernabilidad crítica llevaron a su inevitable salida del poder.
Ayer mismo el Congreso debía empezar a tramitar el adelanto de elecciones. De aprobarlo, la campaña electoral deberá arrancar de inmediato. Y si bien es muy posible que la polarización política y social no amaine automáticamente, por lo menos se espera que la violencia sí lo haga. Esa es la apuesta de Boluarte.