Se llevó a cabo la reunión en calidad urgente, en el marco del futuro de la primera línea del Metro, organizada por la representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, quien convocó a las Comisiones Accidentales del Metro de Bogotá del Concejo, Senado y Cámara de Representantes.

En el encuentro estuvieron presentes los senadores Miguel Uribe Turbay y David Luna, los representantes Carolina Arbeláez, Andrés Forero y Julia Miranda, y los concejales Lucía Bastidas, Martín Rivera y Diego Cancino; este último que no hace parte de la comisión.

“La Comisión Accidental del Metro de Bogotá muestra su enorme preocupación ante las recientes versiones, según las cuales el presidente Gustavo Petro y el consorcio chino ya habrían acordado modificar el proyecto del Metro elevado sin importar los avances de ejecución y presupuestales, así como los retrasos en la obra y el billonario sobrecosto que esto tendría”, reza la carta difundida por los cabildantes y congresistas participantes. 

Las conclusiones 

La reunión, que duró más de tres horas, dejó tres grandes conclusiones: 

• El consorcio chino no está haciendo estudios sobre modificaciones a la primera línea del Metro; las cinco propuestas que se conocieron esta semana hacen parte de un informe que le entregó al Gobierno una empresa china que hace parte del consorcio encargado de la construcción de la obra. 
• El papel del consorcio chino es exclusivamente cumplir con el contrato de la primera línea del Metro; sin embargo, el hecho de que estén reuniéndose con el presidente sin informar y hacer partícipe a la Empresa Metro demuestra que existe un claro conflicto de intereses. 
• Todo lo que se ha dicho acerca de modificaciones al proyecto son especulaciones, el único hecho real es el contrato que está firmado y que se está ejecutando. Legalmente no es viable cambiar el objeto del contrato.

“Esta es una comisión para hacerle seguimiento a las obras del proyecto, yo no quisiera entrar en un escenario de posibilidades. Esta semana está convocada una reunión con el señor presidente y la señora alcaldesa me ha invitado. Yo quisiera esperar a los resultados de esa reunión”, dijo José Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá.

El funcionario señaló que el proyecto se seguirá ejecutando tal y como quedó establecido entre la Empresa Metro y APCA, y que el consorcio “no podrá frenar la obra y está obligado a cumplir el contrato”.

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Los cuestionamientos 

Los integrantes de las Comisiones han manifestado diversos interrogantes en torno a la propuesta del Gobierno referente a subterranizar el Metro. 

Entre estos cuestionamientos destaca si se han tenido en cuenta las eventuales implicaciones legales que tendría la modificación del proyecto, quién asumirá las millonarias demandas a las que se expone Bogotá por el cambio del objeto del contrato y cuánto tiempo más tendrá que esperar la capital colombiana para tener metro.

De otro lado, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) anunció la contratación de una firma de abogados que tendrán por objetivo evaluar las consecuencias ocasionadas por la modificación del diseño inicial de la primera línea del Metro de Bogotá.

La firma Enrique Gil Botero Abogados S.A.S., liderada por el exministro de Justicia y exconsejero de Estado, será la encargada de “elaborar un concepto sobre la viabilidad jurídica de modificar el contrato de concesión de la primera línea del Metro de Bogotá, que comprenderá, entre otros, los siguientes puntos: i) naturaleza del contrato de concesión; ii) potestades unilaterales de la administración pública en el marco de un contrato estatal; iii) del ius variandi (potestad del contratante de modificar) el contrato estatal; iv) viabilidad jurídica de modificar el trazado del Metro de Bogotá para construir un tramo subterráneo, en el marco del contrato”, según se evidencia en el contrato. 

El contrato fue firmado por 119 millones de pesos e irá hasta el 30 de enero de este año.

Entre múltiples reacciones por la situación, destacaron las del exalcalde Enrique Peñalosa y la representante Carolina Arbeláez, quienes enfatizaron que la propuesta del Gobierno es “un capricho frívolo del presidente Gustavo Petro”.