Se cumple hoy un año de entrar en vigor la Ley 2197, también conocida como de Seguridad Ciudadana, que surgió como respuesta al pico de delincuencia urbana que se ha presentado en el último tiempo. Sin embargo, las estadísticas muestran que el hurto común y a las personas, así como otros indicadores, se incrementaron. Algunos expertos consideran que mientras no se ataque a fondo las rentas criminales, no habrá norma que sea efectiva.

La Ley de Seguridad sobre el papel brinda a las autoridades los instrumentos jurídicos y recursos económicos necesarios para contrarrestar la delincuencia, especialmente en las ciudades. 

Esta norma impulsada en el gobierno de Iván Duque por los ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa, contiene reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al Código de Extinción de Dominio. 

Así mismo, establece la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales, al igual que la sostenibilidad del Registro de Identificación Balística. 

El entonces ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que “esta iniciativa piensa en el ciudadano de a pie, el ciudadano que sale a coger Transmilenio, el ciudadano que sale a coger un bus público para desplazarse a su casa o trabajo, el ciudadano al que le roban el celular, el ciudadano que todos los días es víctima de un delito, brindando mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad”. 

En este sentido, agregó que la Ley “pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”. 

Algunos de los elementos más importantes de esta Ley es que se castiga la reincidencia, pues la pena será más grave para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos. 

Se establece la legítima defensa privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal en su habitación o vehículo. 

También se considera peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal. 

Además, quien hurte un bien de más de $4 millones tendrá una condena no excarcelable. 

A pesar de las expectativas de las autoridades y, especialmente de la ciudadanía, de que esta Ley impactaría de forma importante la delincuencia urbana, las estadísticas lo contradicen.

Por ejemplo, en el año 2021 se presentaron 356.700 denuncias de hurto común, en tanto que en 2022 crecieron a 427.832. En hurto a personas en 2021 se registraron 280.295 episodios, pero en 2022 pasaron a 353.752. 

Uno de los pocos delitos de hurto que se redujo durante la vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana fue a comercios, que pasó de 43.109 en 2021 a 40.254 en 2022.

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Un nuevo escenario

Con la Ley de Seguridad Ciudadana el gobierno anterior se planteó tres grandes objetivos: el primero, frenar y castigar la violencia generada por la llamada ‘primera línea’, que se dio a conocer en las protestas del 2021. 

En ese sentido, esta norma establece que quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana: de 58,3 años de prisión.

Así mismo, se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

El segundo objetivo que se fijó el anterior gobierno fue atacar la reincidencia, pues es sabido que es muy alta en el caso de pequeñas causas, como el robo del celular, donde hay casos de sujetos que en pocos años han sido privados de la libertad por 30 y 40 veces.

En días pasados el alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales, Juan Carlos Cárdenas, dijo a EL NUEVO SIGLO que “hoy realmente hay un problema grave, referido a que prácticamente el 80 % de los delincuentes son reincidentes”.

De otra parte, sigue la tensión entre algunos alcaldes y el sector justicia por otorgar libertad a personas capturadas por la Policía. Como Claudia López, en Bogotá, que atribuye parte de la inseguridad a decisiones de los jueces, como a finales del año pasado que no dictaron medida de aseguramiento a 13 personas que la Policía capturó robando en Transmilenio.

Los jueces se defienden señalando que no hacen otra cosa que aplicar la ley.

Un tercer gran objetivo que persigue la norma es frenar los atracos con violencia y el porte de armas traumáticas.

Por ello pasa a tipificar como delito el porte de arma blanca en evento masivo. 

De otro lado, existe un nuevo escenario frente a la seguridad urbana con el gobierno Petro, pues considera que la cárcel no es la solución a todos los problemas de inseguridad, además de que concluye que no cumple su papel de resocializar al infractor penal.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentará en los próximos días al Congreso un proyecto de reforma carcelaria para reducir el hacinamiento y también generar posibilidades de resocialización del infractor penal.

Una de las medidas del proyecto que ya ha generado polémica es que personas condenadas y que lleven un tiempo importante del cumplimiento de la pena, puedan salir a trabajar por la mañana y regresar a dormir en el penal.

También prevé que en delitos menores como el robo del celular, el delincuente pague una indemnización a la víctima.

Por lo pronto, estos anuncios han generado preocupación en algunos alcaldes y la ciudadanía de que se incremente la inseguridad en las calles.

Además es vista con reservas por muchos ciudadanos la decisión del Gobierno nacional de buscar, nombrándolos gestores de paz, que sean liberados jóvenes que están en la cárcel señalados de cometer delitos en las protestas de 2021, varios de los cuales según la Fiscalía serían integrantes de la ‘primera línea’.

El origen del problema

El ex subsecretario de seguridad en Bogotá, Andrés Nieto, dijo a este Diario que “la Ley de Seguridad Ciudadana lastimosamente se quedó en una descarga punitiva, que quiere decir poder aumentar las penas, estar pendiente de la reincidencia y una nueva tipificación de delitos. Pero eso no soluciona la raíz del problema que es la cadena de la renta delictiva”. 

Señaló que en este país “es rentable delinquir. Mientras siga siendo rentable delinquir, no va a haber una posibilidad de detener esa gasolina en el hurto de celulares, el hurto a viviendas, a establecimientos comerciales, autopartes de vehículos”. 

Subrayó que la ilegalidad es el principal problema en Colombia, al punto que una persona que roba un celular al día gana hasta tres salarios mínimos al mes, y puede descansar el fin de semana.

“Mientras que no se ataque de manera preventiva las causas del hurto y de los delitos en este país, no hay forma de avanzar”, sentenció el experto en seguridad ciudadana. 

Consideró que más grave aún son las fallas en el sistema de justicia, “requiere una transformación total del sistema, y eso no está pronto porque tenemos crisis carcelaria y penitenciaria, tenemos déficit de jueces y fiscales, y además un colapso en el cual siete de cada 10 colombianos no confían en la justicia”.