Fue negada una nueva solicitud de libertad de jóvenes que designa el Gobierno como voceros de paz y que están en las cárceles investigados por la presunta comisión de delitos en las protestas del 2021. La decisión fue adoptada por la Juez 18 con función de control de garantías de Bogotá en el caso de Daniela Pérez Gantiva. 

Varias de las solicitudes que ha hecho el Gobierno de voceros de paz han sido rechazadas porque los jueces han encontrado que los términos jurídicos expresados en la petición y la respectiva resolución gubernamental, no corresponden a los requerimientos establecidos en la ley para conceder libertad. 

En el caso de Pérez Gantiva, la Juez 18 tuvo en cuenta que en la resolución presidencial en que es designada vocera de paz se habla de levantar la orden de captura en su contra. Sin embargo, sobre esta ciudadana pesa una medida de aseguramiento que la tiene con detención domiciliaria desde el año anterior. 

La joven es señalada por la Fiscalía de supuestamente lanzar sustancias peligrosas y ejercer violencia contra servidores públicos durante el paro nacional del año 2021. 

La semana anterior la juez 32 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá negó la libertad a tres integrantes supuestamente de la ‘primera línea’ designados por el Gobierno nacional como gestores de paz, quienes están recluidos en la cárcel La Modelo, en la capital de la República. Se trata de Steven Guevara Vega, Luidiar Felipe Camacho Chávez y Daniel Fernando Ruiz.

Señaló durante esta audiencia que “no es pensable que con la expedición de la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones presidenciales del 29 de diciembre, se puedan suspender unas medidas de aseguramiento y se pueda con ese fundamento otorgar la libertad a tres personas que ni siquiera se demuestra la pertenencia a un grupo armado y que, en caso de que así fuera, tampoco tendrían lugar a la libertad por esa razón”. 

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Cruce de observaciones

A mediados de diciembre pasado, el fiscal general, Francisco Barbosa, se reunió con el presidente Petro para manifestarle algunas observaciones sobre la designación por parte del Gobierno de personas privadas de la libertad como voceros de paz. 

El fiscal explicó que la única observación que le hizo al presidente Petro sobre este tema es que “toda decisión que se tomara fuera definida por los jueces”. Además, coincidieron en que la medida no cobijará a personas condenadas. 

Sin embargo, antes de reunirse con Petro, el fiscal Barbosa había señalado que “no entiendo bien la figura de gestor de paz, porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero. Tendrían que explicarle al país exactamente vocero de quién o de qué y en el marco de qué proceso de paz para que haya mayor claridad. Creo que es una reglamentación que tiene pendiente el Gobierno nacional”. 

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, advirtió de las personas que obtengan su libertad para ser gestores de paz designados por el Gobierno, que los procesos penales en su contra continúan y además adquieren "unos compromisos con el comisionado de Paz de desarrollar unas labores de desescalamiento de la conflictividad social, unas labores humanitarias”.  

El ministro explicó que si las personas durante el desarrollo de sus labores de paz cometen nuevos delitos, “por supuesto, el presidente revocará las vocerías y si se rompieron los compromisos, entonces se volverá a aplicar la situación anterior más los delitos que hayan cometido”. 

En tanto que esta semana la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se manifestó frente al choque del Gobierno con el fiscal general, después de que este último se negara a levantar las órdenes de captura contra 18 integrantes del ‘Clan del Golfo’ y de ‘Los Pachenca’, que la Casa de Nariño solicitó para que sean voceros en unas pretendidas negociaciones con estas organizaciones para su sometimiento a la justicia.

El Gobierno sostiene que la reciente reforma habilita al presidente Petro para designar voceros a integrantes de grupos que no tengan estatus político. El fiscal dice lo contrario.

"La independencia judicial, en particular, es esencial para que los jueces y fiscales ejerzan a cabalidad las funciones públicas de administrar justicia, investigar y sancionar los delitos; misión dirigida a garantizar que los ciudadanos, agentes oficiales e instituciones respeten y obedezcan la Constitución Política y la Ley", dijo la Comisión. 

Además, celebró que el presidente Petro y el fiscal Barbosa sostendrán una reunión el 30 de este mes para analizar las diferencias que tienen sobre este asunto.