* ¡De nuevo la ministra de Minas…!
* Cuando se hacen mentir las cifras
La base de cualquier gobierno eficaz es la credibilidad. Es lo que permite dar señales de confianza a la ciudadanía. Y por ello se supone de antemano que los actos gubernamentales están precedidos de datos científicos comprobables para adoptar políticas públicas con miras a lograr el bienestar general.
No puede, por tanto, un gobierno recurrir a los cantos de sirena, a los pálpitos intempestivos, al activismo espontáneo, ni mucho menos a cifras falsas, para desarrollar una labor que, por el contrario, exige tener a mano la información precisa y adecuada para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.
Nos referimos, por supuesto, al informe presentado ayer en el noticiero de la mañana de Caracol Radio, según el cual no son ciertas las estadísticas sobre las que la ministra de minas, Irene Vélez, ha sustentado la política de transición energética y su negativa a permitir la nueva exploración de pozos petroleros y gas. Aún más grave, claro está, si ello lleva a confundir al propio presidente de la República que, con base en una información errónea, mantiene una idea fantasiosa de lo que ocurre en el sector minero-energético del país y se apresura a dar por cierto lo que es una falsedad.
Salvo que, ciertamente, todo haga parte de una treta gubernamental con el fin de mantener el salto al vacío como una política estatal recomendable y distraer incautos en ese propósito todavía no explicado de clausurar una de las fuentes principales del presupuesto nacional, más allá de las saltuarias y estrepitosas consignas de la todavía reciente campaña presidencial.
En efecto, después de sus contradictorias declaraciones en Davos, el domingo pasado la ministra trató de enmendar la plana, una vez arribó de Suiza, y sostuvo textualmente que la política minero-energética del gobierno Petro se fundamentaba en construir sobre lo construido. Intentó aplacar el oleaje que causa cada vez que habla y añadió, más pausadamente, los frentes de acción correspondientes, con miras a una transición energética que calificó de “gradual” y no caprichosa ni automática. Insistió en que no abriría la exploración de nuevos pozos petroleros y gas, pero su tono dejó entrever una actitud diferente a la del mero activismo, del cual se precia de hacer gala. Mas aún, se fundamentó en un pormenorizado informe de su despacho, según el cual no era necesario proceder a más exploraciones, ya que era más que suficiente con lo que había de reservas en el país, particularmente de gas, que alcanzarían mínimo hasta 2037 e incluso bastante más allá, postura ratificada después por el presidente. En ese sentido dijimos aquí que, aun en medio de la confusión rutinaria, era mejor una ministra de Minas “pedagógica” a una “activista”.
Pero ¡oh sorpresa! El informe en el que se sustentaban las declaraciones, y era el soporte esencial de la política minero-energética de Colombia, se desplomó cuando los altos funcionarios e investigadores, aparentemente firmantes, se sorprendieron de encontrar su rúbrica en ese documento clave. Y de inmediato entraron a contradecir las cifras que, desde luego, quedaron sin aval científico alguno. Por el contrario, dejaron en claro que, si bien la situación no era alarmante, sí se mantenían las alertas encendidas, lejos de despejarse las complejas circunstancias del sector. En suma, sin una exploración renovada, la crisis energética colombiana comenzará a asomar sus orejas en menos de una década, con todos sus costos descomunales, tal y como lo corroboraron en Caracol expertos de la mayor credibilidad, ajenos a la turbamulta política.
A estas alturas, pues, no hay norte en la política minero-energética colombiana. Se olvida el gobierno del “cambio” que una de las grandes conquistas sociales del país fue desterrar gran parte de las pipetas y todo el cocinol a cambio del gas domiciliario (servicio para 37 millones de colombianos). Pero todavía peor es constatar que se está adelantando política pública con informes mendaces y acomodaticios. Obligación primaria del Estado es dar una información veraz e imparcial. Incurrir en falsedades de este tipo, no solo es rayano en el Código Penal, sino que fulmina la credibilidad gubernamental.