El próximo jueves se tiene previsto, en la Corte Suprema de Justicia, el inicio de la audiencia preparatoria en el proceso contra el excandidato presidencial Sergio Fajardo, por supuestas irregularidades en la contratación cuando estuvo al frente de la gobernación de Antioquia.
El proceso contra el exmandatario departamental se adelanta en primera instancia a cargo de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila.
En diciembre pasado, la Fiscalía imputó a Fajardo Valderrama por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado, lo que tiene que ver con un contrato que suscribió su administración en diciembre del año 2013 con el Banco Corpbanca Colombia, por un préstamo de 98 millones de dólares para la sustitución de deuda.
La etapa definitiva en este proceso que tiene más de cinco años se inicia después de la vacancia judicial –es decir, las vacaciones en la rama–, que finalizó el pasado 10 de enero.
Fajardo ha señalado que sus actuaciones al frente de la gobernación de Antioquia estuvieron enmarcadas en la ley.
Ha explicado que “cuando llegamos a la Gobernación, en enero del 2012, Antioquia tenía una deuda interna y una deuda externa. De hecho, tenía dos créditos en dólares con la banca multilateral, uno con el BID y otro con el Banco Mundial, que, valga la pena anotar, no tenían ningún tipo de cobertura. Revisamos la deuda que se tenía y tomamos la decisión de buscar un reacomodo, de perfilar esa deuda, de buscar unos mejores plazos de forma tal que liberamos unos recursos para inversión”.
Señaló también que “a través del Findeter, que es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda, que tiene entre sus funciones ayudar a los municipios y departamentos para que tengan unas mejores finanzas, llegamos a un contrato que facilitaba Findeter. Era un crédito Findeter que nos permitía convertir una deuda que teníamos en pesos a una deuda en dólares”.
En tanto que la Fiscalía delegada ante la Corte señaló que Fajardo en su calidad de gobernador de Antioquia vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato de sustitución de deuda N.° SF140013 de diciembre 5 del 2013, entre Corpbanca y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) por 98 millones de dólares, con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante.
Añadió el ente acusador que en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional; “sin embargo, realmente se vino ejecutando, sin justificación alguna, en dólares americanos”.
La Fiscalía determinó que la ejecución del contrato produjo un daño patrimonial, que representó la cuantía de la apropiación en favor del contratista, en la suma de $98.433.870.402, por la modificación que se dio en la tasa de cambio.