Fueron muchos los cambios que se anunciaron sobre la depuración que tendría el Congreso de la República. Se habló de reducir el receso legislativo, disminuir el salario y el número de parlamentarios, pero hasta el momento ninguna de estas iniciativas se ha consolidado.

En el primer orden se encuentran las sesiones ordinarias del Legislativo, que deben comenzar, según las normas, el 16 de marzo. Sin embargo, cada cuatro años los congresistas son citados desde comienzos de febrero para debatir y aprobar este proyecto de ley, en el cual queda consignada la hoja de ruta del gobierno.

Vale recordar que el artículo 138 de la Constitución dice que el segundo periodo de sesiones del Congreso inicia el 16 de marzo y termina el 20 de junio. Estos plazos han despertado polémica desde el momento en que fueron estipulados, porque se considera que hay demasiado tiempo de vacaciones para los legisladores.

En este caso, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha dicho que la idea del Gobierno nacional es citar desde el 6 de febrero a sesiones extras y comenzar el trámite de esta iniciativa. Todavía se está a la espera del decreto definitivo en el que se haría la citación.

Tres temas se empezarían a discutir dentro de las sesiones extraordinarias. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que según la Constitución debe estar en manos del Congreso antes de que se cumplan seis meses del inicio del mandato presidencial, fecha que se cumple, precisamente, el 7 de febrero.

Otro de los temas de discusión en las sesiones extraordinarias sería la polémica reforma a la salud que ha sido anunciada por la ministra Carolina Corcho y el propio presidente de la República.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, destacó que “el proyecto que presentamos es el más viable, el que toma menos tiempo para aprobarse ya que solo necesita de cuatro debates y no de ocho, como los demás proyectos que modifican la Constitución”.

“El de nosotros lo que hace es modificar la Ley 4 y eliminar una prima especial de servicios que reciben mensualmente los congresistas”, agregó.

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Reducción salarial y del Congreso

En diciembre de 2022 el Gobierno autorizó el incremento salarial que le corresponde a los congresistas ese año, del 7,26 %, lo que deja su emolumento mensual en $37.900.000; hecho que va en contravía de la reducción que se busca del ingreso de los parlamentarios.

El salario de los congresistas se ajusta cada año; sin embargo, la medida no fue muy bien recibida por los colombianos, que en repetidas ocasiones han pedido que se disminuya.

En 2022 fueron radicados desde el principio cuatro proyectos para bajar el salario de los legisladores o hacer que crezca de forma moderada, atándolo al IPC anual.

Esta cascada de iniciativas se explicaría porque se produjo un drástico cambio en la conformación del Congreso por el crecimiento de las fuerzas de izquierda y alternativas, en desmedro de los partidos tradicionales, las cuales usualmente han criticado los beneficios de los parlamentarios, como los altos salarios.

Esto sumado a que en el pasado Legislativo se hundieron varias iniciativas de autorreforma, como la reducción del receso después de diciembre, limitar el número de periodos y, precisamente, la rebaja del salario, en un momento en que por la pandemia muchos ciudadanos la pasaban mal económicamente.  

Uno de los proyectos más sólidos es el de reforma constitucional número 10, radicado por las bancadas del Centro Democrático en Senado y Cámara, con el objetivo de disminuir el número de miembros del Congreso y hacer una reducción salarial a los parlamentarios.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, autora y ponente de este proyecto, explicó que fue modificado producto de un acuerdo que logró con senadores de diferentes partidos, incluidos los de la bancada de gobierno.

Como consecuencia fueron retirados de esta reforma los artículos 1 y 2, que hacían referencia a reducir la cantidad de congresistas y al inicio del periodo de sesiones, respectivamente.

La razón por la cual el artículo primero fue retirado es que la disminución del número de congresistas sin una consulta previa “podría afectar las curules especiales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que reduciría el derecho constitucional que se adquirió en 1997”, afirmó la senadora Aída Quilcué.