“Hay algunos avances muy importantes, pero en resultados concretos es mucho lo que falta por construir”, aseguró Carlos Guzmán, procurador delegado para Asuntos Étnicos, al concluir el Consejo de Seguridad que se realizó en Quibdó (Chocó) con el propósito de encontrar soluciones interinstitucionales a la situación de violencia y desplazamiento que se ha recrudecido en las últimas semanas en ese departamento.
Este encuentro se llevó a cabo por solicitud de la procuradora general, Margarita Cabello. Al finalizar el Consejo de Seguridad, encabezado por el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, el Ministerio Público requirió a los asistentes que se adopten medidas de protección a la población civil víctima del conflicto armado, haciendo énfasis en las líneas de confinamiento y desplazamiento.
Se pidió que vinculen a la sociedad civil en los diferentes escenarios de discusión para que expongan sus preocupaciones y se busquen soluciones concertadas; que actualicen y unifiquen permanentemente las cifras de violencia desde las diferentes entidades; identificar las hipótesis delictivas sobre las que se debe trabajar y priorizar las mismas; así como aclarar las estrategias de operación para impactar las estructuras delincuenciales, más que operaciones individuales.
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Durante el encuentro con las autoridades departamentales, los representantes de la Procuraduría pidieron encontrar soluciones interinstitucionales a la situación de violencia y desplazamiento, y solicitaron adoptar un plan de trabajo y medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de la población civil. Es importante revisar la atención y trámite de soluciones de protección a los derechos humanos por parte de diferentes sectores, tramitadas a nivel departamental de manera colectiva e individual, con el fin de definir acciones de articulación y priorización interinstitucional, se indicó.
La Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz le pidió al gobernador Palacios que informe de las acciones realizadas en relación a los desplazamientos forzados masivos ocurridos en el Medio San Juan, con el fin de brindar asistencia humanitaria y garantizar la protección de la política pública de víctimas.
Durante la visita a Quibdó, el Ministerio Público se reunió con líderes sociales para escucharlos y conocer sus problemáticas, las dificultades que están viviendo en sus comunidades por cuenta de la violencia y ofrecer el apoyo institucional para encontrar soluciones articuladas. Allí se enfatizó en que se requiere realizar seguimiento a los indicadores de gestión de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y darlos a conocer públicamente de manera oportuna y participativa.