Todos los planes de desarrollo económico del país incluyen el turismo como uno de los rubros fundamentales. Se supone que esa actividad económica genera o generaría el número de empleos necesarios para disminuir las preocupantes estadísticas sobre el tema y las divisas que el país necesita para incrementar el índice de crecimiento de la economía nacional.

Sin embargo y a pesar de tener ese objetivo tan claro, el Estado colombiano no ha sido capaz de articular una política general que le asegure al visitante nacional o extranjero una temporada vacacional placentera y exenta de riesgos de seguridad. La temporada de vacaciones que acaba de pasar ha vuelto a poner sobre el tapete las deficiencias del Estado para ocupar los espacios que son necesarios para la regulación o control de una actividad económica prioritaria para el desarrollo del país.

La teoría que enuncia que los territorios que no sean copados por el Estado lo serán por organizaciones criminales, acepta que no solo se aplica para territorios alejados sino que incluso en lugares donde el Estado tiene una presencia, pero esta es apenas aparente también puede hablarse de espacios vacíos. Y esa situación es precisamente la que en cada temporada de vacaciones se pone de presente por la afluencia masiva de turistas nacionales y extranjeros en ciertas regiones del país. Las playas están llenas de gente, pero vacías de control estatal.

Las playas de la región caribe del país y especialmente las más conocidas de Santa Marta y Cartagena se convierten cada temporada decembrina en un caos donde no hay ley ni autoridad que imponga un mínimo de orden y otorgue unas condiciones de seguridad razonables para el disfrute de aguas y playas. Las actividades de los comerciantes informales de servicios náuticos de entretenimiento y de transporte son un caos y un verdadero peligro para los usuarios. En jurisdicción de Cartagena de Indias han ocurrido desde atropellamientos de bañistas por motos náuticas, hasta estrelladas entre lanchas con turistas abordo, y atropellamientos de “gusanos” por lanchas con exceso de velocidad.

La última tragedia ocurrida fue el naufragio de una lancha que transportaba turistas entre las Islas del Rosario y Cartagena, de la cual hay desparecido un ciudadano estadounidense del servicio diplomático de ese país ante Colombia. Tal parece que el Estado colombiano no solo es incapaz de controlar los ríos y mares que navegan con total impunidad las bandas de narcotraficantes y las disidencias del paramilitarismo, sino que ni siquiera puede controlar las playas y aguas de las ciudades más turísticas del país.

Cada turista atropellado por una lancha, asesinado por un atracador o estafado por un comerciante inescrupuloso de los que abundan en Cholón, Barú o Palomino, es un visitante menos en la próxima temporada y un propagandista negativo más contra el país.        

Tal parece que a los planes de promoción y desarrollo del turismo nacional al Estado colombiano, como al pobre y al feo, todo se le va en deseos.

@Quinternatte