Por un decreto blindado | El Nuevo Siglo
Lunes, 27 de Enero de 2020
  • Estado se juega mucho con uso del glifosato
  • Habrá un alud jurídico para frenar la norma

El próximo jueves vence el plazo de un mes que el Gobierno dio para que todos los interesados puedan hacer comentarios y expresar dudas frente al proyecto de decreto que busca reglamentar la posibilidad de retomar la fumigación aérea con glifosato a los narcocultivos, prohibida desde 2015 por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, luego de conocerse un concepto de una agencia de la ONU que advertía los riesgos cancerígenos que podría acarrear la exposición a ese herbicida.

Reanudar las aspersiones aéreas con glifosato es, sin duda, una de las apuestas más importantes del Ejecutivo para este 2020. Si bien es cierto que desde agosto de 2018 se han redoblado todos los esfuerzos antidroga para revertir el boom narcotraficante que se dio en los últimos cinco años, cuando la extensión de los sembradíos ilícitos pasó de 43 mil a más de 210 mil hectáreas, para las autoridades colombianas volver a utilizar este químico es clave para acelerar la lucha sin cuartel contra este auge delincuencial que, además, es uno de los factores determinantes del reciclaje de la violencia que se está presentando en varias zonas del país por cuenta del accionar de la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y las bandas criminales de gran espectro tipo ‘Clan del Golfo’. Por ejemplo, una parte importante de los asesinatos de líderes sociales tiene a estos grupos como los principales victimarios.

Como se sabe, el año pasado, a solicitud de la Casa de Nariño, la Corte Constitucional convocó una audiencia pública para analizar el fallo que había restringido de forma sustancial la utilización de ese herbicida en los operativos de aspersión aérea para erradicar sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola. Luego de ello el alto tribunal emitió un auto en el que dejó en claro que el uso del químico era viable en la medida en que se cumpliera una serie de condiciones estrictas para evitar daños graves e irreversibles a la salud humana y animal, las fuentes hídricas, los cultivos legales y el medio ambiente en general.

Precisamente el borrador de decreto que está en etapa de comentarios busca fijar ese protocolo y una vez se analicen todos los comentarios y se despejen las dudas, con los correspondientes ajustes al texto, la norma será emitida y sometida a revisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que tendrá la última palabra. De este hacen parte delegados de los ministerios de Justicia,  Defensa, Educación, Salud, Agricultura y de Relaciones Exteriores. También tienen asiento la Procuraduría General, la Dirección de la Policía Nacional y la Fiscalía General.

Aunque es apenas obvio que el criterio de este Consejo será el determinante para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, también lo es que su decisión al respecto será luego objeto de distintos mecanismos jurídicos, desde acciones de tutela hasta demandas ante la propia Corte Constitucional, que serán impulsados por quienes no están de acuerdo con el uso del herbicida. En ese orden de ideas, el decreto respectivo tiene que estar blindado, legal y constitucionalmente, al máximo nivel y ello solo será posible en la medida en que todos los procedimientos contemplados cumplan al pie de la letra los condicionamientos señalados por el máximo tribunal. Cualquier vacío, duda razonable o zona gris seguramente será aprovechada por los detractores para tratar de bloquear, de manera temporal o definitiva, el uso del herbicida.

De igual manera, no hay que olvidar que algunos de los nuevos gobernadores y alcaldes han manifestado reservas frente a esta estrategia antidroga. Con ellos debe realizarse una socialización muy detallada de los alcances del protocolo y todas las instancias de control y prevención que este tiene para evitar daños graves e irreversibles a las comunidades y el medio ambiente. Tampoco se puede dejar de lado que en anteriores ocasiones los propios narcotraficantes han presionado y hasta amenazado a los campesinos cocaleros para que adelanten paros y bloqueos con el fin de frenar los operativos de fumigación aérea con glifosato. La Fuerza Pública debe estar atenta a que los carteles y las guerrillas no instrumentalicen a las comunidades para estos espurios propósitos. Por último, hay que dejar bien claro en qué casos procederá la aspersión aérea, en cuáles la forzada manual y aquellos en donde hay pactos de erradicación voluntaria y concertada de los sembradíos ilícitos.

Visto todo lo anterior es evidente que el decreto en ciernes debe estar blindado al cien por ciento. Ningún parágrafo o inciso puede dar lugar a la menor duda o zona gris. Ese es el reto del Gobierno y del Estado en general, no solo frente al concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes sino, sobre todo, ante el muy previsible alud de acciones jurídicas que vendrá para tratar de suspender o tumbar la norma.