Los casos de ‘chuzadas’ en la última década

Foto archivo El Nuevo Siglo
Las revelaciones que se dieron desde hace unos días para acá se suman a hechos que se han registrado en los últimos gobiernos

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La explosiva revelación de la última edición de la Revista Semana en la que se afirma que las comunicaciones de periodistas, magistrados y políticos habrían sido interceptadas de forma ilegal durante el año pasado muestran que el fenómeno de las ‘chuzadas’ está más vivo que nunca, y se suma a varios hechos de este tipo que se han registrado en la última década.

Uno de los más graves se produjo durante el gobierno de Álvaro Uribe por las interceptaciones que hizo el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)  a magistrados, periodistas y políticos de oposición.

Posteriormente, durante la administración de Juan Manuel Santos, estalló el escándalo de la ‘Operación Andrómeda’ por unas presuntas interceptaciones ilegales a miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz. A finales de 2018 se puso al descubierto una organización criminal dedicada a vender interceptaciones ilegales al mejor postor. Por este caso están siendo procesados varios exmiembros de la Policía Nacional.

Las ‘chuzadas’ del DAS

En este caso se reveló que la exdetective del extinto DAS, Alba Luz Flórez, conocida como la ‘Mata Hari’, se disfrazó de ‘señora de los tintos’ para poner una grabadora bajo la mesa de la Corte Suprema, cuestión que logró.

Por estos hechos fueron condenados más de 20 funcionarios del DAS y del gobierno Uribe, entre ellos la entonces directora de este organismo, María del Pilar Hurtado, a quien la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir y abuso de función pública. También el exsecretario general Bernardo Moreno, quien igualmente fue condenado a seis años de cárcel.

En octubre de 2011, el entonces presidente Santos ordenó la liquidación de la entidad, tras 58 años de existencia. “El caso del DAS no es de una transformación, no es una reforma; el caso del DAS es una liquidación, se suprime el DAS”, dijo entonces Santos. Tras la supresión del organismo, sus funciones fueron asumidas por diferentes entidades, como el Ministerio del Interior, la Cancillería y la Fiscalía General de la Nación.

‘Operación Andrómeda’

En 2014, en plena negociación del gobierno Santos con las Farc en La Habana, estalló el escándalo de interceptaciones a los negociadores y la obtención de información de documentos de Inteligencia para, supuestamente, desacreditar este proceso.

Las interceptaciones se habrían realizado en una Central de Inteligencia encubierta, mismo lugar donde funcionaba un restaurante, en el barrio Galerías de Bogotá. Desde allí se realizaban seguimientos ilegales de correos y conversaciones electrónicas de dirigentes de izquierda, ONG e integrantes de la comisión negociadora de paz del Gobierno con las Farc. El local funcionaba con equipos con tecnología de punta y despertó sospechas por el continuo ingreso de uniformados.

De acuerdo con las autoridades, el funcionamiento de la sede era ilegal y en otras ciudades del país habrían sido establecidos otros locales. En este caso fue capturado el ingeniero Andrés Sepúlveda, quien para la época trabajaba para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. El llamado hacker señaló a directivos del Centro Democrático de haberle solicitado hacer las ‘chuzadas’, no obstante esto no fue demostrado. 

Incluso en febrero del año pasado, el exasesor espiritual de la campaña de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, fue absuelto por estos hechos. 

A mediados de 2018, la Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de tres miembros del Ejército, vinculados a la ‘Operación Andrómeda’ por presuntas irregularidades con la supuesta venta de información de carácter secreto del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional.

Interceptaciones en la Policía

En septiembre de 2018 se puso al descubierto una organización criminal dedicada a vender interceptaciones ilegales al mejor postor, la cual operaba a través de empresas fachada en Cali y Bogotá, en tanto que el centro de operaciones funcionaba en Ipiales (Nariño).

El entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez manifestó que empresarios y políticos ofrecían hasta $30 millones por ‘chuzadas’. Según lo que trascendió de las declaraciones de los testigos a la Fiscalía, una de las ‘chuzadas’ fue encargada por una aerolínea que pagó por espiar a sus pilotos, por entonces en huelga.

Y, según los informantes, no era la única firma que buscaba saber secretos de sus empleados o competidores. Otro trabajo de ‘chuzadas’ habría sido el que contrató las interceptaciones al fiscal Martínez y su esposa, así como a varios abogados como Jaime Lombana e Iván Cancino, y sus respectivas familias.

Por estos hechos hay varios imputados, entre ellos el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, y tres exuniformados más.

Investigación por posibles ‘chuzadas’

En mayo del año pasado, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación sobre posibles interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional, ayer entregó algunos detalles sobre el caso, aunque reconoció que por el momento no hay pruebas de su ocurrencia

De igual manera, el Jefe del ente acusador ordenó abrir una investigación por las denuncias de supuestas interceptaciones a las comunicaciones de los integrantes del Tribunal de Arbitramento del caso Ruta del Sol II. 

En cuanto al caso de la Corte Constitucional el exfiscal Martínez dijo que “los analistas de la Fiscalía concluyeron que esto (interceptaciones) es con propósitos extorsivos”.

La presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, dijo que estaban  “preocupados por las informaciones del Fiscal, que nos comentó que ya existen investigaciones desde enero (...) se dan cuenta que estarían interesados en saber nuestra vida privada”. Agregó la magistrada Ortiz que las interceptaciones las estarían realizando “organizaciones criminales interesadas en trámites de una acción de tutela en la Corte Constitucional”. Añadió que los magistrados en conversaciones informales previas habían manifestado sus sospechas sobre la existencia de ‘chuzadas’.