Las marchas del pasado 21 de enero no tuvieron la fuerza de las 21 de noviembre de 2019, eso es claro. Y ya se percibe cierto agotamiento en las mismas, muy probablemente por la frecuencia en la apelación a este derecho que, por lo demás, es legítimo. Es cierto que las marchas en general no pueden verse como un problema de orden público; lo que sí tiene ese carácter es el vandalismo, los actos de violencia contra la fuerza pública, la afectación de bienes civiles y el servicio de transporte conocido como Transmilenio en el que se movilizan amplios sectores de la ciudad, generalmente los más necesitados.

La alcaldesa de Bogotá en el balance de la jornada del martes dijo que en esta marcha no hubo toque de queda y muertos como Dylan Cruz. La verdad es que la última marcha no es comparable con la primera en volumen, tampoco en intensidad y actos vandálicos en cuyo marco ocurrió la muerte lamentable del joven Dylan. Para el control de las mismas la administración distrital ha diseñado y puesto en ejecución un protocolo que supone la actuación primero de los gestores de convivencia de la Secretaria de Gobierno y de un grupo de madres de los marchantes conocidas como gestoras de paz -que actuarían como mecanismo disuasivo-, luego la de la fuerza disponible de la Policía, y si con ello no se logra neutralizar los actos vandálicos que se puedan presentar, actuaría el Esmad.

Hay que reconocer que el problema no es con los que marchan pacíficamente, es con los vándalos encapuchados que infiltran las movilizaciones y quienes no van a llevar a sus madres o buscar que asistan a las marchas. Esta medida, que se ve muy sana en su espíritu y propósito, puede resultar no muy eficaz y, por ello, algunos la ven como ingenua para neutralizar este tipo de actos.

Como, según se anuncia, las marchas continúan, lo deseable es que estos protocolos se adecúen de manera conjunta con los convocantes de las marchas para que se adopten mecanismos en procura de actuar más preventivamente y evitar la ocurrencia de actos de violencia con las afectaciones que ya se conocen.

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¿Hezbolá en Colombia y Venezuela?

De tiempo atrás se conocen versiones que dan cuenta de la presencia de elementos de Hezbolá en la región Caribe y, en particular, en el municipio de Maicao en la Guajira, ubicado en la zona de frontera con la hermana República de Venezuela en el que, además, habita una comunidad grande de libaneses. Ahora, en su reciente visita, el Secretario de Estado de Estado Unidos, Mike Pompeo, ha sostenido que hay integrantes de Hezbolá en el vecino país, lo que debe suscitar inquietud por el entronque que pueda existir entre los de aquí y los de allá. Esa afirmación no ha sido desmentida por las autoridades del vecino país, lo que aumenta la preocupación.