Intríngulis del caso Merlano | El Nuevo Siglo
Miércoles, 29 de Enero de 2020
  • Colombia no puede legitimar la satrapía chavista
  • Dictadura y confirmación de paraíso delincuencial

La captura en Venezuela de la prófuga excongresista colombiana Aída Merlano creó, sin duda alguna, un escenario jurídico, político y diplomático muy complicado. Si bien desde el mismo momento de su insólita y a todas luces vergonzante evasión, el 1 de octubre pasado, cuando asistía a una cita odontológica al norte de Bogotá, una de las principales hipótesis era que huiría rápidamente hacia el vecino país, su detención el lunes, en un exclusivo sector de Maracaibo, por parte de uno de los más temidos organismos de seguridad de la dictadura chavista, convierte este caso en una ficha más del tensionante ajedrez geopolítico entre Bogotá y Caracas.

Lo primero a señalar es que la captura de la exparlamentaria barranquillera, condenada en Colombia a 15 años de prisión por uno de los más escandalosos casos de corrupción electoral, confirma que Venezuela se ha convertido en destino principal de muchos señalados delincuentes colombianos, ya sea porque ‘compran’ o acceden a la complicidad de las autoridades chavistas, o simple y llanamente porque saben que la institucionalidad y el aparato judicial no funcionan en esa nación y resulta fácil esconderse allí. No en vano hoy están en Venezuela, y con anuencia del régimen dictatorial, los cabecillas y varios frentes del Eln así como la cúpula de las disidencias de las Farc. También es evidente que muchos capos del narcotráfico y jefes de las bandas criminales de alto espectro se esconden en el vecino país, circulando libremente con identificaciones falsas, dando órdenes delincuenciales a sus estructuras en Colombia y hasta amparados por fuerzas militares y policiales de algunos estados fronterizos.

En segundo lugar, el que el gobierno Duque haya advertido ayer que le solicitará al “legítimo gobierno” del presidente interino Juan Guaidó -tal cual es reconocido por más de medio centenar de naciones- la extradición de Merlano, es un acto de pura y sencilla lógica geopolítica. No tendría presentación cursar esa petición al régimen dictatorial de Maduro, ya que Colombia y decenas de naciones no lo reconocen como legítimo y, por lo tanto, cortaron hace tiempo relaciones diplomáticas con el mismo. La postura de la Casa de Nariño es aún más imperativa ante la alta posibilidad que el régimen chavista, hoy aislado política, económica e institucionalmente por gran parte de la comunidad internacional, trate de utilizar el caso Merlano para buscar algún grado de legitimización externa, tal cual lo advertían ayer voceros de la oposición en Caracas.

Así las cosas, por más que en estos momentos no tenga mayor efecto jurídico interno el pronunciamiento ayer de Guaidó mostrándose favorable a colaborar con las autoridades colombianas, sí cumple con evidenciarle al mundo que su gobierno está comprometido con la justicia trasnacional, la lucha contra la corrupción y los acuerdos globales al respecto, muchos de los cuales han sido violados sistemáticamente por la satrapía chavista.

Ya en campo típicamente jurídico, ayer existían múltiples interpretaciones en torno a cómo viabilizar la entrega a Colombia de la capturada exparlamentaria. La posibilidad de una deportación directa y por vía administrativa era sin duda la opción más rápida, pero se veía poco viable dada la alta tensión entre el gobierno Duque y el régimen de Maduro. Acudir a los buenos oficios de la Interpol tampoco asomaba como muy funcional, ya que su rol termina sustancialmente con la captura de quien tiene la circular roja y de allí en adelante los procedimientos jurídicos están más en cabeza del Estado en donde se efectuó la detención y su disposición o no a cumplir tanto la solicitud de la nación requirente como los mandatos de los tratados y convenciones suscritas al respecto. También es claro que el régimen chavista podría proceder a enjuiciar primero a la excongresista por delitos cometidos en su país, como ingreso migratorio ilegal, falsedad en documentos públicos y otros. Incluso el mismo trámite de la extradición, si accediera a este sin mediar petición directa de Colombia, fácilmente podría tardar de dos a cuatro meses. Igualmente está abierta la posibilidad de que Merlano, trasladada ayer bajo fuertes medidas de seguridad a Caracas, quede en libertad provisional en el vecino país  mientras se define su situación jurídica… Es más, se rumoraba ayer que  no sería descabellado que la exparlamentaria solicitara asilo político en Venezuela y que el régimen se lo otorgara como parte de su ‘guerra’ política contra Bogotá, incluso llegando al extremo de utilizarla como ‘moneda de canje’ para que Colombia le entregue a varios dirigentes de la oposición refugiados en nuestro territorio.

Como se ve, hay un escenario muy complejo. Por ahora, lo importante es que Colombia reitere ante la comunidad internacional que en Venezuela está detenida una dirigente política condenada por corrupción electoral y que corresponde a la dictadura remitirla a nuestras autoridades. No hacerlo lo único que evidenciaría es que el chavismo convirtió su territorio en paraíso de la delincuencia.