La Cancillería colombiana asegura que al final de este año Venezuela celebrará elecciones, lo que constituye una oportunidad para contribuir a diseñar el futuro del país en los años venideros.

Por ello, el Ministerio de Exteriores formuló un llamado para que las elecciones parlamentarias, que se celebrarán a final de este año en el vecino país, contribuyan a diseñar su futuro, “incluyendo la compleja tarea de reconstruir las instituciones y la infraestructura destrozadas por un régimen ilegítimo y dictatorial”.

Según la Cancillería, 2020 debe ofrecer a los ciudadanos venezolanos lo que han venido reclamando por más de una década: elecciones presidenciales y parlamentarias genuinas, libres y justas que les permitan elegir a sus líderes e iniciar el mencionado proceso de reconstrucción institucional, social y económica.

Según la Cancillería, la crisis multidimensional que padece Venezuela ha generado el éxodo de más de 4,8 millones de personas mientras que centros de estudios internacionales estiman que en 2020 más de 6,5 millones de venezolanos habrán huido de su país, convirtiendo a esta situación en una de las más críticas del mundo.

“Venezuela vive un cuadro generalizado de violaciones sistemáticas de derechos humanos y libertades fundamentales, denunciadas por organismos internacionales de protección de derechos humanos, y padece el colapso de su sistema económico y de sus servicios en salud y educación. La Venezuela próspera del pasado ha dejado de existir”, aseguró la Cancillería en un comunicado.

Colombia, al igual que otros países, enfatiza en que una transición rápida hacia la democracia es la ruta hacia la paz y el desarrollo en Venezuela y la superación de la crisis requiere de elecciones libres, limpias y transparentes organizadas por un Gobierno transicional, que cuenten con la supervisión de la comunidad internacional.

Así mismo, el Ministerio colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional para que respalde a la población venezolana en sus elecciones. Debido a esto el gobierno asegura que para dichas elecciones se deben tomar medidas que permiten poner fin a la crisis del vecino país.

“Las elecciones deben ser garantizadas y supervisadas por un Gobierno de transición con la más amplia aceptación. Además, corresponde a unas autoridades electorales independientes conducir y administrar cualquier elección. El proceso electoral tiene que ser impulsado por una nueva comisión nacional electoral, balanceada e independiente, cuyos nuevos integrantes deben ser elegidos por la Asamblea Nacional como lo ordena la Constitución, tan pronto como sea posible, para que cuente con tiempo suficiente de preparar las elecciones”, agrega el Ministerio colombiano.

Y agrega que “para asegurar los principios de justicia y proteger la integridad de la elección y la legitimidad del voto se requiere la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconstituido, justo e independiente”.

Según la Cancillería, las elecciones en Venezuela “deben estar abiertas a la participación de todos los partidos y candidatos. Se deben eliminar todas las restricciones sobre individuos y partidos políticos y permitir la libre participación de todos en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto incluye otorgar garantías de protección a quienes han abandonado el país temiendo por su seguridad, y la liberación de todos los prisioneros políticos y las demás personas que han sido privadas de su libertad de manera arbitraria”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano advierte que “todos los candidatos y partidos, así como el electorado, deben tener acceso libre e ilimitado a los medios de comunicación, fuentes de información independientes, recursos de telecomunicaciones e Internet. No debe permitirse que el régimen ilegítimo de Maduro dicte el contenido a los medios de comunicación que deben ser libres e independientes”.

Además, que en las elecciones “debe protegerse el ejercicio de los derechos a la reunión y la protesta pacífica, y la libertad de expresión, sin represión ni represalias. No deben existir interrupciones de los servicios esenciales como el acceso a las telecomunicaciones y al transporte público”.

La Cancillería también pide que se asegure una observación electoral independiente, compuesta por expertos nacionales e internacionales, que ejerza esa función sin restricciones ni presiones de cualquier naturaleza y “en línea con estas medidas, y para garantizar su implementación real, Colombia insiste en la urgencia del restablecimiento y la protección de todas las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, única autoridad parlamentaria, constitucional y legítima de Venezuela”.