Acciones de desminado han permitido limpiar de estos artefactos un total de 391 municipios del total de 713 que han sido contaminados con los mismos por los grupos armados ilegales

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Un total de 344 personas fueron víctimas el año pasado en Colombia de minas antipersona y otros artefactos explosivos (morteros, granadas o misiles, que involucran mecanismos de detonación controlada y lanzados), según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Ello representa un incremento del 55% en comparación con 2018, cuando fueron 221 los ciudadanos afectados.

De acuerdo con el CICR, de los afectados el año pasado por minas antipersona y otros artefactos explosivos 158 son civiles, 19 son menores de edad y 44 fallecieron.

El organismo humanitario dijo que además de las víctimas que han provocado las minas se suma que restringen la movilidad de las comunidades porque las personas se abstienen de ir a ciertos territorios por temor.

La coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas y Mitigación del riesgo del CICR, Ana María Hernández, indicó que “una preocupación muy grande para el CICR es que esa restricción del movimiento o confinamiento puede durar años. Las comunidades dejan de entrar a sus cultivos y empiezan a buscar otras áreas donde puedan encontrar alimento y agua. La vulnerabilidad de más accidentes con minas antipersonales y artefactos explosivos es bastante alta”.

Añadió que “en el último año hemos identificado un incremento del uso de artefactos de detonación controlada y artefactos lanzados contra bienes, que antes estaban dirigidos a la Fuerza Pública y ahora estamos registrando víctimas civiles. Se presentaron en 10 departamentos, incluyendo el Meta y Putumayo, donde no se registraron accidentes en 2018. Y lo peor es que son reconocidas como víctimas de atentados o actos terroristas ante la Ley de Víctimas y por ende no reciben la misma atención que las personas que sufrieron heridas por minas antipersonales”.

El CICR indica que si bien el desminado y el retiro de otros artefactos explosivos están expresamente consignados en el acuerdo de paz que el Gobierno nacional firmó con las Farc a finales de 2016, siguen produciéndose víctimas en el país.

Una de las razones que explicaría esta situación es que tras la desmovilización de las Farc otros grupos armados ilegales coparon esos territorios y han seguido sembrando minas producto de los enfrentamientos entre ellos mismos por el control de estas zonas o para afectar a la Fuerza Pública.

Una muestra de ello es que ayer el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, exigió al Eln dejar de colocar minas antipersonal.

Indicó el funcionario que “eso no puede continuar, el país ya sabe y ha pasado la página de que este tipo de conductas donde se confinan poblaciones con minas antipersona están absolutamente proscritas”.

Al respecto en días pasados Álvaro Jiménez, director nacional en Campaña Colombiana Contra Minas, dijo a EL NUEVO SIGLO que “tenemos un problema muy fuerte derivado de la persistencia por parte del Eln en el uso de este tipo de armas, pero también del uso por parte de actores armados no estatales como el Clan del Golfo o, incluso, algunos grupos que se han dado en llamar disidencias por parte de la opinión pública y del Gobierno, pero que corresponden más con actores que están dedicados a actividades relacionadas con el narcotráfico”.

Añadió Jiménez que regiones como el Chocó; Nariño, especialmente en el margen suroccidental; o zonas que corresponden a Norte de Santander en la región del Catatumbo; algunas en Arauca, están inmensamente afectadas por la presencia de minas, al igual que el Bajo Cauca Antioqueño y el sur del departamento de Córdoba, en los límites del Nudo del Paramillo.

Agregó que “esas zonas no han podido ser intervenidas en materia de desminado, pero hay una estrategia en donde participan el Gobierno y organizaciones de sociedad civil, también comunidad internacional, se están desarrollando actividades de educación en el riesgo de minas, actividades de prevención y actividades de acompañamiento para que las comunidades conozcan el tema de asistencia a las víctimas de minas antipersonal”.

Por su parte Descontamina Colombia indicó en un informe con fecha de corte noviembre 30 de 2019 que “se han registrado 11.799 víctimas por minas antipersonal y munición sin explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1.228 víctimas, el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año 1999”.

Añade el organismo que esta problemática ha dejado heridas al 80,5% (9.501) de las víctimas y el 19,5 % (2.298) personas han fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 víctimas muere. Por otra parte, Colombia ha sido uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la Fuerza Pública y esto ha significado que del total de víctimas, el 61% han sido uniformados y el 39% restante, corresponde a civiles.

Acciones

Al entregar el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, el balance sobre seguridad en el país en 2018, destacó el aumento del desminado humanitario con 12% de metros cuadrados despejados, en comparación del mismo periodo en 2018. Agregó que fueron destruidas 400 minas antipersona y se logró liberar a 60 municipios de la sospecha de contaminación por causa de las mismas.

En noviembre pasado el presidente Duque dijo que “en nuestro gobierno, en 15 meses, ya llevamos 113 municipios declarados libres de sospecha de minas antipersona”. Aseguró que “este Gobierno es el que más municipios ha declarado libres de minas antipersona en un periodo tan corto, y que 2019, el año del Bicentenario, es el año con mayor desminado en Colombia de los últimos 10 años”.

Agregó que estos resultados son consecuencia del esfuerzo realizado por la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario y la Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina, la comunidad internacional, el Gobierno Nacional y organizaciones como The Halo Trust.

Con esta entrega, Colombia completa un total de 391 municipios declarados libres de sospecha y reporte de minas antipersonal, del total de 713 con algún tipo de contaminación, según lo estimado en el plan estratégico ‘Colombia libre de sospecha de minas antipersonal 2016-2021’.