Soborno, un flagelo "duro de matar"

Foto cortesía U. Nacional
En el día a día la gente tiene que acudir al soborno para poder recibir servicios óptimos: Hernández

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“La normatividad que tenemos está avanzando mucho más lentamente que la corrupción en el país”, manifestó Gerardo Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, de tal manera que “cuando vamos a cerrar el vacío en ciertas normas, la capacidad del Estado está reducida y esto pone en riesgo los recursos públicos”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Hay un índice de soborno?

GERARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ: No existe un índice de soborno. Existen muchas formas de poder identificar cómo está afectando el soborno, pero no existe un índice como tal.

En Transparencia Internacional lo que hemos visto a través de datos que hemos logrado recopilar en América Latina es que hay una fuerte incidencia todavía de soborno en el acceso a servicios públicos, en particular en Colombia, en temas relacionados con servicios de salud, de educación, de acceso a la justicia y eso hace que no solamente hablemos en Colombia de un problema de soborno a nivel de altas esferas, sino también que en el día a día la gente tiene que acudir a este mecanismo para poder recibir servicios óptimos.

ENS: ¿Cómo pueden enfrentar las entidades estatales ese fenómeno?

GAH: Hay varias acciones. La primera tiene que ver con mecanismos y acciones de prevención, y en Colombia tenemos mucha experiencia del Estatuto Anticorrupción.

Todas las entidades públicas deben elaborar un plan anticorrupción que ayude a identificar en dónde hay un mayor riesgo de que el soborno u otras formas de corrupción se den y poder generar medidas para prevenirlas; pero también es muy importante la acción relacionada con la sanción de corrupción, que no necesariamente requiere de unos procesos judiciales amplios, que por supuesto en los casos grandes de corrupción hay que acudir a ellos; sin embargo, hay mecanismos en la Constitución, como por ejemplo el control interno o mecanismos como las sanciones disciplinarias, que contribuyen en gran medida a que actos de corrupción que puedan ser investigados con una sanción efectiva y además de lo que venga en términos de consecuencias penales.

ENA: ¿El llamado sería a que se sancione severamente?

GAH: Sin duda. Inclusive en Colombia todavía vemos que no solamente grandes actos de corrupción, sino muchos procesos que no cuentan con tanta visibilidad, están sufriendo por un lado de largos procesos de investigación, demoras, dilaciones en muchos casos arbitrarias o injustificadas para evitar sanciones efectivas.

Luego vemos por otro lado un déficit importante en materia de denuncia, debido a que no hay garantías suficientes para proteger a los denunciantes por corrupción. Todo esto en un contexto de necesidad de un mayor cuidado de lo público, un mayor seguimiento ciudadano a las acciones del gobernante y el mismo sistema judicial se ha visto afectado.

ENS: ¿Cómo puede verse afectado el índice de transparencia con la liberación de los implicados en el carrusel de contratos en Bogotá?

GAH: Ese tipo de situaciones son difíciles de recoger en perspectiva técnica. En gran medida ese tipo de situaciones tiene repercusiones en materia de percepción y por otro lado una repercusión en reparación efectiva de recursos. Esas dos consecuencias lo que hacen es generar más frustración, más falta de credibilidad frente a las instituciones y en buena medida funciona como un incentivo perverso a la corrupción.

ENS: Mientras el Gobierno dice que el paquete legislativo anticorrupción va bien, a las impulsoras de la consulta del año pasado les parece que no es así. ¿Cuál es su percepción?

GAH: Más que percepción son unos resultados concretos que hay en este momento, y pues no hay ningún proyecto, una ley nueva derivada de la consulta anticorrupción.

Muy pocos proyectos fueron realmente discutidos en el Congreso y aquellos que lograron una discusión terminaron hundidos.

En ese sentido consideramos que el Congreso le ha fallado a la ciudadanía en lograr realmente una discusión a fondo de unas medidas legislativas en la medida de la lucha anticorrupción y esperamos que arrancando este semestre pueda ver una revisión de fondo de esas iniciativas por parte del Gobierno y los autores que las han impulsado.

ENS: A pesar de la alta votación de la consulta anticorrupción, ¿persiste una cultura proclive a las conductas poco transparentes?

GAH: Creo que la alta votación de consulta anticorrupción es una señal del rechazo masivo ciudadano a las formas de corrupción sobre todos aquellos que estamos viendo en ámbitos públicos y estatales.

Ahora, la corrupción no se limita solamente a la gestión del Estado, a la gestión de los recursos públicos. Y en ese sentido, los ciudadanos tenemos un rol que jugar en materia de la lucha contra la corrupción.

Ahí es donde también llega el cuestionamiento respecto a qué tanto estamos utilizando formas irregulares de resolver situaciones problemáticas. Sigue siendo un patrón común y ahí consideramos que en el 2019 esa votación fuerte que hubo pueda verse también en el marco de las elecciones regionales, de elegir funcionarios que administren bien los recursos públicos.

ENS: Todavía se discute sobre la pertinencia de seguir legislando en la materia. ¿Qué análisis tiene al respecto?

GAH: Por supuesto que es importante seguir legislando. El problema en materia de normatividad en Colombia es que, por un lado, hay normas que son buenas y que dan herramientas para avanzar en la lucha contra la corrupción, pero no son suficientes. Y en ese sentido, la normatividad que tenemos está avanzando mucho más lentamente que la corrupción en el país. Y cuando vamos a cerrar el vacío en ciertas normas, la capacidad del Estado está reducida y esto pone en riesgo los recursos públicos.

Sí hay que legislar, pero con prioridad y con una buena discusión pública, técnica, sólida para que realmente se cuente con normas efectivas.