El mecanismo presenta algunas falencias que pueden ser aprovechados por los políticos
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La inscripción de candidatos por firmas es una novedad que se dio en el sistema electoral colombiano y que está cerca de cumplir dos décadas, presentándose como la posibilidad para que cualquier persona pueda ser candidato con la firma de respaldo de los ciudadanos, sin tener que para ello depender de la voluntad de un partido de entregarle el aval.
Con el paso del tiempo el mecanismo ha tomado fuerza, basta señalar que en las pasadas elecciones presidenciales la Registraduría tuvo que revisar la validez de más de 17 millones de rúbricas. Por ello es previsible que en los comicios regionales de este año sea mayor la cifra de aspirantes por este método, a pesar que desde hace tiempo se ha pedido regularlo por inconvenientes que ha mostrado.
Previo a las elecciones legislativas y de Jefe de Estado del año anterior la Misión de Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia lanzaron la campaña ‘¿De dónde salió la plata?’ por la avalancha de grupos significativos de ciudadanos que optaron por recoger firmas para apoyar candidaturas a las elecciones presidenciales de 2018, en un momento que 40 de estos se habían inscrito ante la Registraduría con estos propósitos.
En esa oportunidad Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, indicó que “la normatividad actual no establece reglas claras sobre la financiación y la rendición de cuentas del proceso de recolección de firmas lo cual podría facilitar el ingreso de dineros ilegales”.
La MOE y Transparencia por Colombia también señalaron que a diferencia de los candidatos avalados por partidos y movimientos políticos, para los aspirantes que se inscriben por firmas a cargos uninominales y corporaciones públicas no hay topes de ingresos ni de gastos; no hay descripción específica de fuentes permitidas y prohibidas de financiación de las campañas, por lo cual existe el riesgo de que se presenten aportes de actores ilegales, extranjeros, funcionarios públicos, contratistas.
Tampoco tienen que rendir cuentas a los órganos de control ni a la ciudadanía; no hay control por parte de la autoridad electoral sobre este proceso; no hay responsabilidad de los partidos políticos que eventualmente terminen apoyando a algunos de estos candidatos.
Además, el periodo de campaña en la práctica se ha extendido hasta seis meses más porque aprovechan con estos fines el tiempo que les da la ley para recoger las firmas ciudadanas de respaldo.
Para la Presidencia de la República la Ley 996 de 2005 establece que para inscribirse por este mecanismo los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos deben acreditar un número de firmas equivalente al 3% del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República.
Como consecuencia de ello, en las pasadas elecciones presidenciales los aspirantes que se inscribieron por esa vía tuvieron que recoger al menos 386 mil rúbricas de respaldo.
En tanto, para las elecciones de autoridades locales que se verificarán el próximo 27 de octubre aplica la Ley 130 de 1994, la cual indica que los grupos de ciudadanos podrán postular candidatos con el respaldo de firmas “equivalentes al menos al 20% del resultado de dividir el potencial electoral por el número de escaños de la respectiva circunscripción. En ningún caso se exigirán más de 50 mil firmas”.
La reforma política que presentó el año pasado el gobierno Duque, pero que terminó hundiéndose en el Legislativo, quiso regular algo este mecanismo. Por ejemplo, propuso que las listas de candidatos que sean inscritas por los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos, tendrán revisión de legalidad automática por la autoridad electoral en un término máximo de un mes.
Igualmente, esta reforma establecía que los “grupos significativos de ciudadanos podrán inscribir candidatos para las elecciones departamentales y municipales, acreditando una base de afiliados en razón al potencial electoral de cada circunscripción”.
Se dispararía
Las regionales son las elecciones en el país que más candidatos se inscriben, más de 100 mil en la cita de 2015, por el número de cargos en disputa en Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales.
Este hecho, de por sí, plantea un reto a los partidos de escoger a quién entregarán el aval entre la multitud de solicitudes que se presentan en las diferentes regiones, siendo más los que se quedarán con las ganas. Por ello, muchos de antemano, si no ven posibilidades de obtener ese respaldo en una colectividad, optan por la vía de lanzarse por firmas.
Este mecanismo gana fuerza, además, porque ante la crisis de los partidos una manera de algunos de mostrarse ajenos a la politiquería es presentarse por movimientos ciudadanos.
Ello se refuerza con el hecho de que varios fenómenos políticos como Álvaro Uribe, Antanas Mockus, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, entre otros, han triunfado en elecciones sin el respaldo de un partido político.
Otro elemento para creer que el número de candidatos por firmas se elevaría de forma considerable para los comicios de este año son los vacíos del propio mecanismo, que sería un incentivo perverso para algunos que querrían aprovechar la recogida de firmas para una campaña más larga o, incluso, recibir financiación no permitida por la ley con la convicción de que no serán detectados por la falta de controles.
2015
. Gobernaciones 30 comités
. Alcaldías 401 comités
. Asambleas 6 comités
. Concejos 289 comités
. JAL 84 comités
.Presidenciales 2018
. Comités 43
Parlamentarias 2018
. Senado 47 comités
. Cámara 96 comités