Establecer un plan estatal logístico y de gestión para el aprovechamiento, tratamiento físico o químico, así como la reutilización de los neumáticos fuera de uso, a través de centros integrales de acopio, con el fin de garantizar la prevención y el control de su degradación y la afectación de manera directa al ambiente y a la salud pública, es lo que pretende el proyecto de ley promovido por los representantes conservadores Alfredo Ape Cuello y Buenaventura León, así como por Ciro Rodríguez, del Centro Democrático.

La propuesta establece que los fabricantes, importadores, comercializadores y distribuidores de llantas, así como los municipios, gobernaciones y corporaciones ambientales, incorporen un modelo que integre los conceptos de desarrollo social y comunitario, ambientalmente sostenible a partir de los neumáticos fuera de uso, que contenga los flujogramas con los respectivos procesos, procedimientos, funciones, métodos y protocolos.

Además, busca que se incluya un sistema de información y control documentado, que le dé el debido soporte al modelo, de conformidad con la normativa que expida la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

La propuesta contempla también que, las personas naturales o jurídicas que ejecuten contratos de obra pública de infraestructura del transporte con asfalto y obras en áreas destinadas para recreación, sistema municipal o Distrital de parques y deportes, mobiliario o urbano, hagan uso de materiales derivados de los neumáticos fuera de uso, en un porcentaje no inferior al 30% de metros cuadrados por cada contrato de obra. A excepción de aquellas que al entrar en vigencia el proyecto, ya tengan estudios y diseños aprobados.

La utilización de estos materiales deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y adoptadas por las autoridades competentes, tanto del orden nacional como territorial para proyectos de infraestructura vial, habitacional y de espacio público.

La iniciativa estipula que las entidades del Estado responsables del desarrollo de las obras de infraestructura, tendrán plazo hasta el 31 de marzo de cada año, de publicar el reporte público de cumplimiento.

Establece además que quienes desarrollen actividades de gestor o acopiador de neumáticos fuera de uso o de subproductos derivados de actividades de tratamiento o aprovechamiento de llantas, tendrán un plazo de 30 días para que se registren en las secretarias de ambiente.

En cuanto a la garantía en el acopio de dichos neumáticos, los gestores de estas  actividades tendrán prohibido abandonar las llantas, colocar las que no están usadas en rellenos sanitarios, así como almacenarlas o quemarlas a cielo abierto o en espacios cerrados de manera descontrolada y ejercer toda acción, sin el cumplimiento de la normatividad ambiental que afecte la salud humana y altere la calidad del aire.

Para los autores de la iniciativa, este tema se ha convertido en objeto de significativos debates en el contexto de la investigación académica y de los defensores de un sistema sostenible de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, cuya intención primordial está en prevenir los posibles impactos al ambiente.

Por lo cual señalan en el documento que en el país gran parte de las llantas, luego de su uso, son almacenadas en depósitos clandestinos, techos o patios de vivienda, en espacios públicos (calles y parques) o en botaderos a cielo abierto, que traen consecuencias “nefastas” en términos ambientales, económicos y sanitarios.

Frente a ello, exponen que “las llantas usadas terminan convertidas en el hábitat perfecto para roedores e insectos transmisores de disímiles enfermedades”. Igualmente, contaminan el suelo, los recursos naturales renovables y afectan el paisaje.

“La disposición final inadecuada de las llantas usadas es un problema que viene de menor a mayor y que en pocos años será insostenible e incompatible con el medio ambiente”, indica el texto.