Miles de indígenas y campesinos guatemaltecos protestaron este martes en la capital y otras regiones del país para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, acusado de detener la lucha contra la corrupción tras el intento de cerrar una misión antimafias de la ONU.
Los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) manifestaron su rechazo a la decisión de Morales de cerrar unilateralmente la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que pidió investigar al mandatario por sospechas de finanzas ilegales en su campaña de 2015.
"CODECA sale nuevamente a las calles a pedir la renuncia (…) de este personaje corrupto", dijo a periodistas Gilder Guzmán, dirigente de una de las principales organizaciones críticas a Morales.
El comité señaló en un comunicado que Morales, grandes empresarios, militares y diputados "buscan aniquilar" a la Cicig y "cualquier ente anticorrupción" para evitar ser investigados.
Imágenes divulgadas por la prensa local en redes sociales mostraron caminatas de CODECA en al menos una docena de ciudades, además de la capital.
"Tienen miedo a que el país y el mundo se entere de las evidencias de que sus riquezas económicas fueron y son producto de la corrupción y saqueo impune que hicieron del país", señaló el manifiesto de CODECA.
El presidente guatemalteco, un excomediante de televisión de 49 años, anunció hace una semana a la ONU el cierre de la Cicig, ocho meses antes de que concluya su mandato. Sin embargo, el máximo tribunal de justicia del país suspendió la decisión del gobernante.
Morales acusa a la Cicig y al titular de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, quien tiene prohibido regresar a Guatemala, de sobrepasar sus funciones, injerencia en asuntos internos y utilizar testigos falsos en sus pesquisas, entre otras cosas.
La acción del presidente provocó protestas callejeras en apoyo a la Cicig, aunque también surgieron movimientos que respaldan al mandatario aduciendo que la misión vulnera la soberanía nacional.
En tanto, el mandatario es señalado de atentar contra el orden constitucional al desobedecer resoluciones judiciales a favor de la Cicig, entre ellas una que le ordena permitir el reingreso de Velásquez al país.
La Cicig, que funciona desde 2007, ha revelado junto con la fiscalía varios casos de corrupción, entre ellos un fraude destapado en 2015 en las aduanas que obligó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa.