Los retos frente al ELN

  • Enfatizar el flanco nacional
  • La polémica por los protocolos

 

Luego del abominable atentado del ELN a la Escuela de Cadetes de la Policía, el presidente Iván Duque rompió, en reacción, la mesa de conversaciones en La Habana, acabando la agenda, el cronograma y las tratativas para un cese al fuego bilateral, sin tener mayor margen tras la dimensión de lo ocurrido en Bogotá, y prometió una lucha frontal contra la organización subversiva, alzada en armas desde hace más de 50 años.

La primera parte de ello, es decir la ruptura, estaba prácticamente anunciada desde la misma campaña presidencial, de ganar Duque, aunque sorpresivamente el primer mandatario, el día de su posesión, decidió dar una espera para analizar la situación de la mesa en el lapso de un mes. Transcurrido ese tiempo no hubo ningún dictamen conocido por la opinión pública, pero el Alto Comisionado insistió en que el ELN debía mostrar su voluntad de paz liberando a todos los secuestrados. No hubo ruptura. La discusión por los micrófonos, entonces, se dio en torno a cuántos, en efecto, estaban en cautiverio a manos de esa organización. El funcionario aseguró que eran 17. Pero de acuerdo con el Defensor del Pueblo, en la entrevista publicada ayer con la periodista María Isabel Rueda, el ELN le entregó “entre 20 y 24 personas, más o menos, en los últimos siete meses”. Ahora, agregó el Defensor, se espera que el ELN mantenga alguna voluntad de liberar a otros plagiados, como los tres tripulantes del helicóptero que asaltaron hace poco. Ojalá así sea, aun en medio de la confrontación abierta y dentro de la metodología humanitaria de la Cruz Roja Internacional para estos casos.

Durante el último semestre, ya en la actual Administración, el tema de las conversaciones con el ELN tuvo de epicentro la liberación de los secuestrados. De cumplirse la exigencia gubernamental, y entrar a desescalar la guerra, podría revisarse la reactivación de la mesa, que el mismo Gobierno había congelado en espera de los resultados solicitados. Al mismo tiempo, y bajo esas circunstancias, el nuevo Ejecutivo avaló implícitamente los protocolos y compromisos en que de antemano se soportaba el proceso. De no haber sido así, inmediatamente después de la posesión presidencial se hubiera anunciado la ruptura y se habría procedido a derogar lo atinente, con el consabido informe a los países garantes.

Ahora, luego del execrable atentado, la Casa de Nariño pone su mira en el escenario internacional y busca una palanca política en el exterior en la solicitud que hace al gobierno cubano para  desconocer esos protocolos previamente reconocidos. Pero la misma administración Duque sabe, por anticipado, que Cuba ni otras naciones garantes como Noruega o cualquier país que hubiera aceptado ese rol, está en posibilidades de actuar, en ese caso, de policía judicial, menos con respecto a los protocolos soportados en el DIH, legislación que está incorporada a la Constitución colombiana desde 1994. El mismo exministro del Interior y excomisionado de Paz, hoy Canciller, sabe como pocos que esto es así, puesto que bajo sus funciones de esa época se expidió también la Ley 418, misma en la que se fundamentan estos procedimientos. De suyo, el actual Gobierno, en la legislatura pasada, prorrogó esta normativa sin modificar en nada el capítulo correspondiente.

Ya se sabe que el culpable del tenebroso atentado a la Escuela General Santander, con su estela de depredación y barbarie, es el ELN, según lo proclamaron y aceptaron abiertamente. Inclusive en este caso, el peor ataque en la historia a una guarnición policial urbana, los guerrilleros aducen el llamado “derecho de guerra” o DIH, olvidándose de cuánto se han encargado de violarlo en tantos aspectos. De otra parte, es cada vez más claro que las reglas internas de seguridad fallaron en la sede policial, emblemática de la Fuerza Pública. La respuesta del Estado, aparte de lo que viene anunciando el Gobierno en materia internacional, tiene igualmente que darse en los enclaves más importantes del ELN en el territorio nacional. Es claro, desde luego, que en toda confrontación los máximos jefes son el objetivo militar estratégico por excelencia. Y en tal sentido, el Ejecutivo parecería seguir esta premisa al solicitar, no solo la captura de los negociadores, sino la de alias “Gabino”, que permanece en Cuba por algún tema de salud y al que, desde noviembre, pidió aplicar la circular roja de la Interpol. Ahora la Administración parece cambiar de tesis al aducir el tratado vigente de extradición con Cuba.  

En el flanco nacional es, sin embargo, donde el país quiere una estrategia concreta y definitiva contra el ELN. Es lo que hasta este momento no se ve en lontananza.