Indígenas piden protocolos para proteger a sus líderes | El Nuevo Siglo
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Martes, 22 de Enero de 2019
Agencia Anadolu

El nombre de Robinson López, uno de los líderes del pueblo Inga, es el quinto en la lista de personas amenazadas por el Bloque Sur Putumayo, de las Águilas Negras, publicada el pasado 17 de enero.

El coordinador de derechos humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) explica que no solo teme por su vida, sino por la de todas las autoridades indígenas, gobernadores, líderes políticos y periodistas de la región que también fueron mencionados, por nombre o de manera general, en el panfleto. “Eso es grave porque son más de 240 personas de 15 pueblos indígenas y 220 comunidades. Eso nos tiene muy preocupados”, le contó el líder a la Agencia Anadolu.

Las cifras de líderes sociales asesinados en Colombia han encendido alarmas a nivel internacional. El último informe de la Defensoría del Pueblo, publicado el 11 de enero, registró la muerte de siete líderes y defensores de derechos humanos en los primeros días de 2019. En 2018 fueron 172 los homicidios de estos representantes en todo el país.

López explica que los líderes indígenas son muy vulnerables ante la violencia de grupos armados porque “no hay acciones concretas del gobierno nacional ni una política diferencial que pueda atender la defensa de los derechos humanos para los pueblos indígenas”.

Una de las soluciones que proponen las comunidades para mitigar el riesgo es añadir estrategias de protección específicas para líderes indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que está creando el gobierno de Iván Duque.

Este lunes, representantes de todas las comunidades indígenas y del gobierno retomaron la mesa de Concertación Técnica para discutir sobre la seguridad de los líderes, así como temas de educación, mujer, ambiente y territorio. Se tiene previsto que el encuentro siga hasta este miércoles.

El encuentro es histórico porque por primera vez están reunidos en un mismo espacio representantes de todos los pueblos indígenas de Colombia. Está presente la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) por la Pachamama y las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor.

“Buscamos que el Gobierno incluya, en un capítulo especial para pueblos indígenas, nuestra visión en materia de desarrollo y territorio. Además, buscamos que el Gobierno asigne las partidas presupuestarias necesarias para que las propuestas se hagan realidad”, explica López.

Lograr el dinero necesario para poner en marcha los compromisos del Estado es vital para proteger la vida de los líderes indígenas y llevar a cabo otros planes para las comunidades. De acuerdo con cálculos de las organizaciones, el Estado colombiano ha hecho más de 1.500 compromisos con las autoridades indígenas a lo largo de varios gobiernos, pero solo ha cumplido el 6% de ellos.

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El incumplimiento por parte del Estado ha puesto a los indígenas en una situación especialmente vulnerable ahora que la violencia hacia líderes sociales se ha recrudecido.

“El territorio en el que hemos vivido en paz y que contiene el conocimiento de nuestros pueblos hoy se encuentra en riesgo, amenazado. Lo que está ocurriendo en este país es una ola de asesinatos hacia líderes sociales de manera sistemática y el Gobierno no lo ha querido reconocer”, dice López.

En Colombia existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, adscrita al Ministerio del Interior, pero ese organismo, dice López, no tiene los recursos necesarios para ir a los territorios a verificar la situación de los líderes amenazados o realizar otras labores importantes. “Ahora que hay una serie de amenazas en el Putumayo, esa comisión debería poder trasladarse hasta allá con funcionarios del Gobierno, del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y líderes indígenas para verificar cuál es la situación y tomar medidas para proteger a los líderes. Eso no se puede hacer en este momento porque no hay recursos”, explica.

El representante explica que la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de ofrecer esquemas de protección a políticos, periodistas y líderes amenazados, también necesita un protocolo diferencial para las comunidades indígenas. “Lo que nos están dando es un carro, un chaleco, armas y guardaespaldas, que pueden poner en más riesgo a los pueblos indígenas”, explica.

Para los pueblos indígenas la protección física está íntimamente ligada a la espiritualidad y a la protección del territorio. Por eso cuando se habla de proteger las vidas de los líderes, ellos también mencionan la importancia de tradiciones ancestrales como las prácticas del 'yagé', una bebida tradicional indígena de los pueblos amazónicos, y del 'mambeo', el consumo de un polvo que se obtiene de tostar, moler y cernir las hojas de la coca amazónica. Esos son algunos de los aspectos que le piden al gobierno incorporar en sus políticas públicas con enfoque étnico.

Aunque proteger la vida de los líderes sociales, políticos y religiosos de las comunidades indígenas es uno de los temas más urgentes, aspectos como la educación, el medio ambiente, la salud y la integridad cultural también son importantes para las comunidades y hacen parte de la mesa técnica que se está realizando en Bogotá.

“Esperamos que en este plan de desarrollo el gobierno escuche a los pueblos y pueda incluirse tanto el programa como los recursos necesarios para llevarlo a cabo”, concluye López.