Parece que hay que barajar y repartir de nuevo en las decisiones que se deben tomar en la batalla que libra Colombia contra los cultivos ilícitos, luego del fallo de la Corte Constitucional esta semana en que tumbó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación, con el cual se pretendía reiniciar luego de casi siete años la aspersión aérea con glifosato.

Como consecuencia queda prácticamente descartado para este Gobierno emplear dicha herramienta por el tiempo que le resta, para realizar la consulta previa con las comunidades étnicas de 104 municipios en 14 departamentos, que precisamente fue la razón que motivó a la Corte  tumbar dicho PMA, pues la misma no se hizo cumpliendo los términos de ley.

En tal sentido, la Corte ordenó a la ANLA, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que, en el término de un año, prorrogable hasta por seis meses más, adelante un proceso de consulta previa.

Una consulta previa puede tomar entre seis meses y un año, que podría ser más, por tratarse de un tema tan controversial y por la cantidad de municipios en que se debe hacer. 

Como consecuencia puede decirse que este Gobierno seguramente iniciará esta consulta con las comunidades, pero no verá el resultado, es decir, la reactivación de las fumigaciones aéreas. Y será el próximo presidente el que decida si acude a este mecanismo o no. 

La idea de Iván Duque desde el día uno de su gobierno ha sido reactivar las fumigaciones aéreas que suspendió el anterior gobierno, pues considera que son fundamentales junto con la erradicación manual para reducir en al menos el 50% los cultivos ilícitos, pues al asumir el mandato se presentaban cifras récord.

Al finalizar el segundo gobierno de Juan Manuel Santos había 209 mil hectáreas sembradas con coca, según la Oficina para la política antidrogas de la Casa Blanca. De esta forma estos cultivos se dispararon porque estaban en menos de 50 mil hectáreas al asumir su primer mandato, en agosto de 2010.

En 2015 el entonces presidente Santos decidió suspender las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato, atendiendo el principio de precaución pues entonces se conocieron algunos informes de organizaciones adscritas a la Organización Mundial de Salud (OMS) alertando sobre posibles efectos cancerígenos del glifosato en las personas.

Luego en 2017 la Corte Constitucional, también atendiendo el principio de precaución, en la Sentencia T-236 fijó seis requisitos al Ejecutivo nacional que quisiera poner en práctica de nuevo la aspersión aérea con glifosato, u otro herbicida, sobre cultivos ilícitos. 

Con estos requisitos se buscaba que para poder fumigar de manera aérea el Gobierno certificara, según estudios y controles, que se reducían al mínimo los riesgos en la salud de las personas y medio ambiente.

La administración Duque avanzó en el cumplimiento de los requisitos que fijó la Corte, y en los últimos meses ha venido preparando el reinicio de la fumigación en algunas regiones, como en Nariño, Cauca y el Catatumbo. Pero el fallo de la Corte deja esa intención en cero.  

Horas después de conocerse el fallo de la Corte, el presidente Duque reaccionó: “No conocemos bien el fallo, tenemos que analizarlo primero, pero lo respetamos y lo acatamos”. Aunque manifestó su “preocupación” porque “no podemos limitar las herramientas que el país requiere para enfrentar esta situación”.

Duque insistió en que el narcotráfico hay que enfrentarlo “con todas las herramientas posibles: destrucción de laboratorios, desarrollo alternativo y sustitución, pero también implica tener las herramientas de aspersión con precisión donde corresponde”, por eso agregó que “no podemos limitar las herramientas que el país requiere”.

Erradicación en últimos gobiernos 

La administración de Iván Duque mejoró ostensiblemente las cifras de erradicación de cultivos ilícitos, especialmente de manera forzosa; sin embargo, en 2021 no se alcanzó la meta propuesta.

Entre enero y noviembre del 2018 fueron erradicadas 55.277 hectáreas de coca; no obstante, esa cifra en su mayor parte se atribuye al gobierno de Santos, que estuvo hasta agosto de ese año.

La gestión en esta materia del presidente Duque se mide desde 2019, cuando entre enero y noviembre se erradicaron 81.997 hectáreas.

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Luego, entre enero y noviembre del 2020, se logra el mejor resultado hasta el momento con 118.010 hectáreas erradicadas. Sin embargo, entre enero y diciembre del 2021 se lograron 103  mil hectáreas, lejos de la meta fijada de 130 mil hectáreas.

Al observar lo hecho por la administración Santos en erradicación, tuvo su mejor desempeño entre enero y noviembre del 2017, con 48.400 hectáreas. Mientras que el menor resultado fue entre enero y noviembre del 2015, con  12.166 hectáreas.

No cuadran las cifras

Confusión generan en la opinión pública las grandes diferencias que hay todos los años en las cifras sobre extensión de cultivos ilícitos en Colombia, entre los informes que presentan el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Naciones Unidas y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.

Por ejemplo, en el más reciente, correspondiente al año 2020, el Simci indicó 143 mil hectáreas, mientras que en 2019 contabilizó 154 mil hectáreas.

En tanto que la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca indicó que en el año 2020 la extensión de cocales creció a  245 mil hectáreas, cuando en 2019 fueron 212 mil hectáreas.

La diferencia marcada en estos informes se presenta porque utilizan distintas metodologías e instrumentos, pues el Simci mide en el terreno y a lo largo del año. El de Estados Unidos se realiza con base en fotos aerosatelitales.

Sin embargo, igual se genera incertidumbre acerca de la verdadera cifra de cultivos ilícitos en el país.

A mitad del año pasado, cuando se presentó la contradicción entre los informes sobre extensión de cultivos ilícitos de la ONU y la Casa Blanca, el gobierno Duque anunció una mesa con Estados Unidos para unificar los sistemas de medición.

Al respecto el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo a EL NUEVO SIGLO en septiembre pasado que Colombia trabaja para tener un sistema de medición propio.

“En el caso del Simci tuvimos una reducción del 7% en la extensión y el de Estados Unidos presentaba unas cifras no comparables. Se iniciaron unas mesas con el fin de que el próximo año (en 2022) la unificación se dé”.

Agregó en esa oportunidad Molano que “nosotros estamos trabajando en un sistema propio con la Policía, que nos permita tener nuestras propias informaciones y control sobre las mediciones, para que sean más certeras y más enfocadas en las realidades del país”.

Explicó que “lo que queremos nosotros es tener nuestro propio sistema, que mida todo el año, en punto georreferenciado, que sea comparable con cualquiera de los otros”.

El fallo

La Corte Constitucional le dio razón a varias tutelas presentadas por las comunidades y organizaciones defensoras del medio ambiente, en las cuales se adujo entre otras que no se llevó a cabo la respectiva consulta previa para modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (Pecig), por parte de la ANLA por medio de la Resolución N.° 694 del 14 de abril de 2021.

Agrega el alto Tribunal que "la autoridad ambiental no podía tomar una decisión acerca de la modificación del PMA del Pecig sin que antes se realizara el proceso de consulta previa a todas las comunidades étnicas susceptibles de verse afectadas con la actividad de aspersión, teniendo en cuenta que ella misma advirtió traslapes parciales entre esos grupos y las áreas de influencia del proyecto".