* Los efectos catastróficos del cambio climático
* Repensar sistema de atención de emergencias
La crisis invernal que se está presentado en no menos de siete departamentos tiene que ser analizada en el marco de los efectos cada vez más lesivos del cambio climático. Históricamente estas primeras semanas de enero han sido de temporada seca pero lo que se ha registrado en el inicio de 2023 es un aumento atípico de lluvias torrenciales en distintas partes del territorio, generando una cantidad creciente de emergencias, la más grave de ellas el deslizamiento de gran magnitud en zona veredal de Rosas (Cauca), que taponó la Vía Panamericana y tiene interrumpido gran parte del transporte terrestre hacia el sur del país y el resto de Suramérica.
Las cifras son impactantes. Hay alerta por amenaza alta y moderada de deslizamientos en 159 municipios, en tanto otros 61 también reportan nivel de peligro. Igualmente, están encendidas alarmas hidrológicas en decenas de poblaciones de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. No menos de 67 municipios están en alerta roja. A ello se suma que desde el 21 de noviembre pasado a esta semana se han reportado 182 puentes afectados, 166 vías en prioridad alta de atención, 205 en media y 118 en baja, sobre todo en Boyacá, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño y Quindío. Los damnificados en lo corrido del año crecen día tras día así como la cifra de víctimas mortales.
Resulta evidente que el sistema de atención de emergencias en Colombia debe adecuarse cada vez más rápido a esta clase de contingencias climáticas atípicas. De hecho, la propia Unidad Nacional de Gestión de Riesgo lo ha reiterado en los últimos años y se han formulado no pocos planes y normatividades al respecto, que incluso son de avanzada a nivel continental.
Aunque los diagnósticos de dicha entidad y el Ideam señalan que gran parte de esta emergencia invernal, que comenzó a finales de 2021 y se ha extendido al comienzo de 2023, se debe a la persistencia del fenómeno de La Niña, lo cierto es que dicha circunstancia tiene nexo directo con el calentamiento global. De hecho, esta semana la Organización Meteorológica Mundial advertía que los últimos ocho años son los más cálidos jamás registrados, en tanto que 2022 marcó récord en cuanto a catástrofes y pérdidas asociadas al cambio climático.
Se requiere, por tanto, una mayor capacidad de reacción y planificación en Colombia para hacer frente a la contingencia invernal de este año que, en el mejor de los casos, iría hasta junio, cuando se prevé termine la primera temporada de lluvias, que comienza tradicionalmente a finales de marzo e inicios de abril, aunque, como se dijo, este arranque de enero ha estado muy pasado por agua.
Es imperativo una movilización institucional, logística y de recursos para hacer frente a esta contingencia. Son varios los gobernadores y alcaldes que advierten que no se tuvieron en cuenta las alertas tempranas y las entidades del orden nacional solo vinieron a hacer presencia cuando ya las inundaciones, derrumbes y otro tipo de afectaciones por las intensas lluvias se produjeron. En algunas zonas están prendidas las alertas porque centenares de damnificados están ubicados en escuelas y colegios públicos, pero ya comienza el año académico y es necesario relocalizarlos. Aunque el Ejecutivo inició la semana pasada la segunda etapa de la entrega de un apoyo económico equivalente a 500 mil pesos (asignados por una única vez) a los jefes de hogar de más de 438 mil hogares de casi medio centenar de municipios inscritos en el Registro Único Nacional de Damnificados, hay muchas familias que no han sido beneficiadas o consideran insuficiente este aporte.
La dimensión de la crisis es tal, que ya algunos mandatarios seccionales y congresistas sostienen que el Gobierno debería destinar una parte de la adición presupuestal de este año (que será superior a los 20 billones de pesos) para hacer frente a la crisis invernal.
Sin embargo, es evidente que hay que apostar a una solución más estructural y de amplio espectro. El cambio climático es irreversible y generar esquemas integrales y multidisciplinarios de adaptación y contención de sus efectos catastróficos es la prioridad global. Para el caso colombiano, como se dijo, el país cuenta con un sistema de atención y prevención de emergencias muy sólido, pero difícilmente alcanza para enfrentar los crecientes niveles de afectación por las recurrentes olas invernales y de sequía. Repotenciar todo el esquema es un desafío urgente de todo el Estado.