Hay una serie de debates de control político que están en el tintero en diferentes partidos, que se realizarían desde marzo próximo en el segundo periodo de esta legislatura. Incluso en la propia coalición de gobierno se han anunciado iniciativas en este sentido, una de estas dirigida a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, porque siguen muriendo niños de hambre en La Guajira por causas originadas en la desnutrición.
De igual forma, en la oposición se ha señalado la necesidad de llamar al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, para preguntarle sobre los criterios que tiene el Gobierno para el nombramiento de embajadores, pues a su juicio está primando el amiguismo y no se tiene en cuenta suficientemente a las personas con carrera diplomática.
Incluso en la coalición de gobierno hay preocupación por este asunto, como hizo público su malestar la semana anterior el presidente de la Cámara, David Racero, quien contó que envió una carta al ministro Álvaro Leyva pidiéndole que el Ejecutivo avance al menos hasta un 50 % en la designación en las embajadas de personas con carrera diplomática.
Racero comparó que en el anterior gobierno, cuando también se criticaron varias designaciones, fueron del 30 % los nombramientos en las embajadas de personas con carrera diplomática.
En la misiva el presidente de la Cámara invitó "al Ministerio de Relaciones Exteriores a avanzar al menos al 50 % de nombramientos de embajadores de carrera diplomática en nuestro servicio y revisar la idoneidad de algunos nombramientos que han sonado en medios de comunicación”.
Por ahora es poco probable que el presidente de la Cámara proponga un debate de control político por este asunto, pues como lo señala en la misiva que le envió al canciller, es una invitación a que el Gobierno dé un buen ejemplo en la designación de integrantes del cuerpo diplomático.
No obstante, en la oposición se han escuchado voces muy críticas por varias de las designaciones que ha hecho el Gobierno en las embajadas y consideran citar al canciller al Congreso por este tema.
El canciller Leyva señaló hace unas semanas que en las designaciones que ha hecho el Gobierno en las embajadas el 40 % son personas de carrera diplomática.
En cuanto al debate de control político a la directora del ICBF, fue anunciado en la segunda semana de diciembre pasado por la representante de la Alianza Verde, partido de la coalición de gobierno, Katherine Miranda.
Sin embargo, no se alcanzó a hacer el debate por el cierre del primer periodo de la legislatura. Pero todo indica que la iniciativa ‘resucitará’ en marzo próximo.
“La situación del ICBF en cabeza de ‘Concha’ Baracaldo es grave. Citaremos a debate de control político por su desafortunada gestión”, anunció en su momento la representante Miranda.
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Reforma política
También se anuncia desde la Alianza Verde, Cambio Radical y el Centro Democrático, debates de control político al ministro del Interior, Alfonso Prada, por la reforma política, especialmente por la lista cerrada, tras la aprobación de esta iniciativa de acto legislativo en su primera vuelta en diciembre pasado.
Hay gran discusión en el Congreso por la lista cerrada y varias críticas porque congresistas como Jennifer Pedraza consideran que con este mecanismo se cierra la puerta a los nuevos liderazgos para llegar al Legislativo, pues se dejaría en manos de los directores de los partidos la conformación de las listas.
Se llamaría al ministro Prada al Congreso para que explique cómo se reglamentaría la lista cerrada y la democracia interna en los partidos para la escogencia de los candidatos en este sistema.
Otro asunto que conduciría a que un ministro sea llamado en las próximas semanas al Congreso, en este caso la de Trabajo, Gloria Ramírez, es por la decisión del Gobierno de limitar a cuatro meses las órdenes de prestación de servicios en el empleo público y que, de paso, las entidades territoriales avancen en la formalización laboral de la planta de sus colaboradores.
Se ha señalado, entre otros por la Federación Colombiana de Municipios, que la formalización del empleo público debe ser gradual, y que limitar de un momento a otro las órdenes de prestación de servicios a cuatro meses podría afectar la operación de las alcaldías en algunos de los frentes en los que requiere este tipo de personal.