El informe publicado esta semana por la Misión de Empleo, y compartido tanto por el Departamento Nacional de Planeación como por el Ministerio de Trabajo, produjo opiniones divididas desde diferentes sectores.
Algunos consideran que es un documento necesario, pero deja atrás a sectores importantes, como los sindicatos. Para otros, sin embargo, esas propuestas ya fueron hechas y no profundizan en las recomendaciones, por lo que se pueden prestar para diversas interpretaciones.
EL NUEVO SIGLO auscultó diversos sectores acerca de este informe.
Fedesarrollo
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que muchas de las recomendaciones que hizo la Misión habían sido propuestas por el centro de pensamiento en sus publicaciones.
“Yo creo que en términos generales está muy alineado con las recomendaciones que nosotros habíamos mandado en dos trabajos de investigación el año anterior; en el primero hacemos un diagnóstico del mercado laboral y en el segundo, el documento que llamamos un nuevo contrato social, hablamos de la importancia de hacer reformas en el mercado laboral”, expresó Mejía.
“Creo que el mensaje general de la misión es que tenemos un mercado laboral que no funciona bien, es claro y lo compartimos completamente. Los problemas del mercado laboral en Colombia no vienen a raíz de la crisis del covid-19, ya en el 2019 la tasa de desempleo era del 10,5%, una tasa de dos dígitos a pesar de que veníamos en una fase de crecimiento económico y la tasa de informalidad a nivel nacional estaba por encima del 60%. Esos dos elementos se deterioraron a raíz de la llegada del covid, una tasa de desempleo que estuvo el año pasado alrededor del 16% y en 2020 en 13,5%, una tasa muy alta que no logró retornar a niveles prepandemia y una tasa de informalidad de cada dos de tres trabajadores por fuera del mercado laboral”, añadió el directivo.
El director de Fedesarrollo sostuvo que “nosotros compartimos el diagnóstico de la gravedad del problema y también compartimos buena parte de las recomendaciones”. Sin embargo, dijo que el texto no da soluciones de fondo, solo recomendaciones.
En el tema de una renta básica, desde Fedesarrollo se debería haber ahondado más, “por ejemplo, decimos que se podría pensar una pensión universal y de $400 mil para todos los adultos mayores. En el documento hay una serie de cálculos del impacto fiscal y cómo se puede financiar si ese paquete de protección se aprueba”.
Además, complementa: “El informe dice que se trata de no financiar cosas que no están directamente atadas al empleo, con impuesto al empleo, y en particular se refirió al tema de la salud, que no debe depender de la posición ocupacional de una persona que está empleada, que sea empleada formal o informal. La idea de ellos es financiarlo con los impuestos generales, en vez de financiarlo con contribuciones a la nómina. Nosotros acogemos esta idea, pero pensamos que fiscalmente no existe el espacio actualmente para hacerlo. Pero si tenemos una idea que creemos muy interesante y es que pensamos que en vez de tener contribuciones para la seguridad social, en particular para la salud, que sean planas, es decir, que todo el mundo pague la misma proporción de sus ingresos”.
La idea es que cada persona pague de acuerdo a su ingreso, señaló el directivo. “Entonces un independiente paga 12,5% de sus ingresos si quiere ser formal en el régimen de autónomo, y un empleado que gana más de 10 salarios mínimos paga el 4%. Pero todos los empleados pagan cuatro puntos de su salario, no para ser formales directamente. Nuestra propuesta es, por ejemplo, en este caso muy puntual, ¿por qué no pensar en casos progresivos de cotización de salud? Es decir, por ejemplo, que todas las personas que ganen un salario mínimo o menos no tengan que contribuir. En la medida en que empiece a aumentar el ingreso por encima de un salario mínimo, se empieza a cobrar una tarifa marginal cada vez más alta”. Según Mejía, esto ayudaría a resolver el problema.
Centrales obreras
Francisco Maltés, presidente de la Central Unida de Trabajadores (CUT), comentó cómo se separaron en un inicio de la misión, ya que no contaban con las garantías para ser escuchados. Además, explicó que el informe entregado es una repetición de otras recomendaciones hechas con anterioridad.
“Ese informe de la Misión de Empleo es un refrito. Es una plata perdida, que continúa haciendo las mismas recomendaciones, todas las medidas que se han hecho en los últimos 30 años y que no han dado ningún resultado. Ese informe habla de que las regulaciones jurídicas están desactualizadas. Sencillamente, para decir que hay la necesidad de hacer una reforma laboral, pensional y acabar con los descuentos, con parafiscales de las cajas de compensación familiar. Eso es en el fondo lo que el informe plantea continuar de regularizar, no las relaciones laborales”.
Academia
Para Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, se necesitan más acciones, ya que el diagnóstico está hecho.
“Yo creo que hay un diagnóstico más o menos correcto. Pero lo que pasa es que nosotros estamos llenos de diagnósticos en este país, entonces hay un sobrediagnóstico, porque no hay uno solo de las problemáticas del sistema laboral colombiano. Se necesita tener en cuenta las condiciones históricas y culturales, tener en cuenta las dificultades que tenemos de las carencias en materia de formalización, de las carencias en materia de seguridad social, en su cobertura, de las carencias en materia de adaptación a las nuevas realidades. Lo hemos intentado”, afirmó el experto.
Con respecto al texto dice que “hay que buscar la forma de rediseñar el sistema de seguridad social que tenemos en el país, que es precario, no hay seguridad de los sistemas de protección social, nacionales y locales, suficientemente sólida, no solo para estar en el imaginario de trabajadores, y la posibilidad de que haya que modificarlo y de orientarlo y tratar de fortalecerlo. Sobre todo en las carencias, teniendo en cuenta la evidencia de los denominados actores sociales en la ciencia económica y sanitaria en Colombia”.
“Queda mucho más, mucha más reflexión, pero ojalá con integración de todos los interlocutores sociales. Esta es una de las falencias, una de las carencias que tiene, entonces no hay una visión completa, y yo creo que el tema de ir modificando todo es que no hay seguridad social. Hoy, mirando el contrato de trabajo y toda la forma de trabajo, es un tema que me parece interesante, pero siempre que no sea visto como una estrategia de liberación de derechos, sino lo contrario, de ampliación de la cobertura gerencial y escalar para reconocer el derecho. Hay que construir una estrategia de formalización, que es lo que quisiéramos”, añadió.
Gobierno
Alejandra Botero, directora de Planeación Nacional, destacó la importancia de la misión como una herramienta para cuestionar qué hacer para que funcione mejor el mercado laboral en Colombia. Del mismo modo, resaltó que a pesar de los efectos adversos de la pandemia en Colombia está “en un proceso muy exitoso de recuperación económica, resultados que se encuentran motivados, entre otros, por medidas que se adoptaron rápidamente desde el Gobierno nacional y desde el sector productivo para proteger el empleo y avanzar en la senda de recuperación”.
Misión de Empleo
Dentro de los puntos más relevantes, los exponentes mostraron los problemas relacionados con el sistema de protección social, el salario mínimo y la formación para el trabajo. Precisamente sobre este último punto los expertos manifestaron preocupación, pues señalaron que no se está formando adecuadamente a los trabajadores para lo que requiere el país para su desarrollo.
“El mercado laboral en Colombia funciona mal”, aseguró Santiago Levy, el economista líder, quien explicó que esto se da como resultado de que gran cantidad de trabajadores recibe una protección social deficiente y la mayoría de empleos son precarios, con muy pocas oportunidades de desarrollo académico y personal.
Los temas más relevantes fueron:
Cajas de compensación familiar
Para la Misión, las cajas de compensación deben continuar con su labor. Su consejo es que aquellas actividades ajenas a la relación entre empresas y trabajadores, sean financiadas de la tributación general o, también, dependiendo del caso, con tarifas por prestación de servicios. “Con ello se lograría que todos aquellos con altos ingresos, independientemente de su fuente, contribuyan al esfuerzo solidario”.
Salario mínimo
Uno de los temas en los que más ahonda la misión es el del salario mínimo. Según el dictamen, este cumple dos objetivos fundamentales: “Fija un piso a los ingresos de los trabajadores cuando se ocupan bajo una relación de dependencia con una empresa. Segundo, sirve como umbral para el acceso a prestaciones críticas de protección social”.
Esta doble función hace que se reduzca la eficacia redistributiva del salario mínimo y además genera disyuntivas difíciles de política pública. Como se explicaba antes, la distribución heterogénea de los ingresos, entre asalariados e independientes, así como la gran cantidad de microempresas o empresas unipersonales, no contribuyen a generar equidad con esa fijación del salario mínimo.
Como respuesta, la misión cree que mientras se transite hacia un sistema de protección social más universal, “el aumento anual del salario mínimo se indexe a la inflación observada”, ya que el objetivo primordial ahora es reducir la tasa de desempleo.
También considera necesario “adecuar la forma de funcionamiento del salario mínimo a las particularidades del trabajo rural y explorar modalidades para evitar que se convierta en un impedimento para que los jóvenes obtengan empleos en empresas al inicio de su ciclo laboral”.
Adquisición de habilidades en el trabajo y capacitación laboral
Este es un punto necesario para mejorar la productividad laboral, sin embargo, esto se dificulta cuando los empleos son precarios e inestables. Un hallazgo de la Misión es que 42% de los trabajadores que se ocupan en empresas, y 30% de los que se ocupan por cuenta propia, tienen menos de un año de antigüedad en su trabajo.
Como recomendación, los expertos dicen que “se necesita un único sistema que agrupe la oferta de educación vocacional y técnica de las instituciones de educación superior, de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y del SENA”.
Participación laboral femenina
Por último queda uno de los temas más relevantes, el del empleo y participación de la mujer. Acá se detalla que, las mujeres en Colombia tienen más años de escolaridad que los hombres, por lo tanto están mejor preparadas, “pero enfrentan mayores barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral”, solo el 53% participa dentro de él, en comparación con el 74% de los hombres.
Además, ahonda en la desigualdad salarial entre hombres y mujeres con la misma escolaridad y en cómo los hijos profundizan esa brecha de género en detrimento de las mujeres. Como solución plantea que las mujeres se beneficiarían más de la universalización del aseguramiento contra riesgos de invalidez y muerte.
“Lo mismo de la eliminación de tiempos de cotización mínimos para una pensión complementaria de retiro; y lo mismo de una fiscalización más estricta de las regulaciones laborales. De forma más profunda, un mercado laboral menos disfuncional se reflejaría en salarios más altos, aumentando el costo de oportunidad del trabajo no remunerado”, señala escuetamente el informe.
Ahora, lo que le queda a este gobierno y al entrante en agosto es poner en práctica las recomendaciones que dan en este informe y, sobre todo, lograr reducir la tasa de desempleo, así como subir la cantidad de personas ocupadas en la formalidad
Pensiones
La misión ve necesaria la solidaridad de aquellos con mayores ingresos hacia los menos favorecidos, pero esta debe verse a través de la tributación y no del mercado laboral.
Los principales problemas del tema pensional son: requisitos mínimos de cotización, como semanas y montos, de acuerdo al tipo de contrato laboral que tengan y el régimen en el que se pensionen. El otro es que los tránsitos entre empleo formal e informal no permiten que la cotización sea constante y el tercero es que el régimen de prima media está subsidiado, es decir, que los ricos reciben un subsidio a su pensión que los pobres no.
“Se estima de forma conservadora que de los 1,5 puntos del PIB de gasto público que se canalizan a subsidiar ese régimen, 70% son capturados por las familias en los dos deciles más altos de la distribución del ingreso”, detalla el informe.
De forma que se considera necesario distinguir entre las personas que trabajaron antes del retiro y las que no. “Ambas deberían recibir una pensión ciudadana financiada de la tributación general”, esgrime.
Finaliza este punto aclarando que si más personas cotizan durante mayor tiempo (ya que el tiempo de cotización, mas no la edad es bajo), se podría pagar menos de tasa de contribución (16% actual).