Frenazo a la erradicación | El Nuevo Siglo
Viernes, 13 de Enero de 2023

* Cambio de metas sobre cultivos ilícitos

* ¿Y el programa de desarrollo alternativo?

 

 

La decisión del Ministerio de Defensa en torno a disminuir la meta de erradicación de cultivos ilícitos para este año ha abierto profundos interrogantes en la opinión pública.

El primero y más obvio se refiere a cómo entender esa directriz si lo que hay en Colombia es un auge de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola. A mediados del año pasado, por ejemplo, el informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca daba cuenta de que 2021 cerró con 234 mil hectáreas de siembras ilegales, registrando una leve reducción frente a las 245 mil de 2020. Más alarmante y revelador resultó el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), elaborado por Naciones Unidas, sobre el área sembrada con hoja de coca en el país, aumentando de 143 mil hectáreas a 204 mil. A ello se sumó que la producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo el dramático incremento que viene desde 2014.

Vistas esas cifras no parece lógico que, en lugar de redoblar los esfuerzos para destruir los cocales y frenar su expansión, con toda la ola de violencia asociada a esta renta criminal, la decisión vaya en sentido contrario. Tampoco deja de llamar la atención que las mismas voces, hoy muchas oficialistas, que en su momento criticaron a la administración Duque por el aumento de la extensión de narcocultivos en su mandato y por no cumplir la meta de erradicación en su último año, en gran parte por los paros del segundo trimestre de 2021 y el coletazo pandémico, ahora estén de acuerdo con disminuirla intempestivamente.

No es menor el replanteamiento a la baja de la meta. El año pasado se puso como tarea a la Policía acabar con 50 mil hectáreas de sembradíos ilegales, pero solo alcanzó un poco más de 43 mil. Y cuando se esperaba que este 2023 se apostara por una cifra similar, se anunció que no irá más allá de las 20 mil hectáreas, es decir un recorte de alrededor del 60%.

En efecto, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía aducen que esa disminución obedece al viraje en este Gobierno frente a la eliminación de cultivos ilícitos, ya sea forzada o voluntaria. Seguramente todo esto hace parte de la supuesta gradualidad y menor énfasis que se quiere imponer en el ataque a las fuentes primarias del procesamiento de las drogas ilegales.

Ha sostenido el Gobierno que la prioridad será atacar los llamados “cultivos ilícitos industriales” frente a los sembradíos de menor envergadura. Sin embargo, el problema es que esa nueva política está proyectada teóricamente pero no estructurada en concreto. Por lo mismo, hay muchos interrogantes. No está claro cómo se evitará que el Eln, grupos residuales de las Farc, bandas criminales y clanes colombianos y mexicanos redoblen la siembra. Igual hay alertas en torno al alto riesgo de que la violencia en regiones y municipios se continúe disparando en medio del pulso criminal por el dominio de los corredores estratégicos del narcotráfico, circunstancia por la que hoy mueren tantos líderes sociales y comunitarios. No se entiende tampoco qué lógica tiene anunciar la disminución de la meta de destrucción de cocales, sin haberse articulado y presentado al país la plataforma puntual y concreta que se prometió en su momento para el desarrollo alternativo al que pueden recurrir los campesinos. Igualmente, no se sabe cómo se llevará a cabo esta nueva táctica antidroga con el accidentado arranque de las consignas de paz gubernamentales e incluso frente a eventuales, y cada vez más lejanos, ceses del fuego a nivel territorial. Por último, pero no menos importante, es incierto si este nuevo enfoque hace parte de la política de corresponsabilidad internacional en torno a la materia.

Esas y muchas otras preguntas trascendentales siguen sobre el tapete. Primero, ciertamente, debería haberse confeccionado una política coherente, sensata, programada, con los presupuestos correspondientes, para crear y consolidar la política de sustitución de cultivos y desarrollo agrícola alternativo, antes que establecer unas metas que no se sabe de dónde salen ni a qué obedecen frente a las realidades territoriales. Es tanto como dejar a los campesinos en el aire y a merced de la delincuencia organizada.