Polémica por contratos del Estado se debatirá en el Congreso

Cámara de Representantes

Continúan las voces de rechazo ante la investigación revelada por Blu Radio por la concesión de millonarios contratos a Karen Váquiro, cónyuge del exasesor político de la Presidencia, Andrés Mayorquín.

El caso ha tomado mayor relevancia en el Congreso de la República, luego de que el sector de la oposición, liderado por la representante del partido Alianza Verde, Katherine Miranda, anunció que solicitarán la realización de un debate de control político contra María Paula Correa, jefe de gabinete del Gobierno de Iván Duque.

La Congresista manifestó que la funcionaria debería retirarse del cargo por su desconocimiento en el proceso contractual de los documentos. “Resulta insólito creer que ella (María Paula Correa) no conocía de estos multimillonarios contratos, así que debería renunciar por responsabilidad política frente al país”, comentó.

Bajo la misma línea, el senador del Polo Democrático Wilson Arias también pidió que Correa abandone el cargo, y relacionó este nuevo episodio con el contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados. “Podría ocurrir como en el caso de Abudinen, que la opinión pública pese tanto que sea insoportable para el gobierno mantenerla. Que renuncie”, señaló.

De igual manera, la senadora Sandra Ramírez señaló que “los que se escandalizaron tanto por el presupuesto de la Comisión de la Verdad, ¿dirán algo sobre los contratos que le dieron a la esposa del asesor presidencial de Duque por más de 1.200 millones o con el contrato del fiscal por más 1.400 millones, o esos no importan?”.

Respuesta del Gobierno

Frente a ello, Correa, en una rueda de prensa, señaló que no tenía conocimiento de la relación entre Váquiro y Mayorquín, ni tampoco de los documentos firmados por la mujer.

“Como jefe directa del señor Mayorquín no conocía a la señora Karen, nunca la vi, nunca supe si trabajaba en la Presidencia, ni siquiera sabía que trabajaba en el sector público. No sabía de los contratos. Me enteré del contrato del Dapre en noviembre. Como jefa, me siento asaltada en mi buena fe”, mencionó.

De otro lado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, aseguró en una rueda de prensa que se iniciaron las investigaciones para esclarecer estos hechos, pero destacó que existen inconsistencias en la información subida a la plataforma estatal.


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“La hoja del Sigep es donde los funcionarios y los contratistas deben constatar cualquier conflicto de interés o violación, en este caso la señora manifestó ser soltera. Cuando se autoriza por parte del área de contratos avanzar en el proceso contractual, los contratistas firman bajo gravedad de juramento. La señora (Karen Váquiro) manifestó no estar inhabilitada ni tener ninguna causal para no ejecutar el contrato”, expresó el funcionario.

Además, el directivo negó que la página electrónica de contratación oficial haya sido alterada, ya que esta documentación fue descargada por procedimiento. “La señora no es contratista en la actualidad con ninguna entidad del Estado, eso es lo que muestra la página del Sigep”, comentó.

Muñoz afirmó que Mayorquín “era conocido por varios funcionarios del Gobierno. Inclusive, era conocido por el presidente Iván Duque cuando fue senador de la República. Contaba con una gran experiencia en el Congreso y por eso cuando la jefatura del Gabinete asume funciones legislativas, decide contratar a una persona que lleve este trabajo”.

Cabe señalar que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para verificar toda la información relacionada con este escándalo estatal.

Detalles

Es preciso recordar que el pasado martes, la cadena radial colombiana detalló que Karen Váquiro, desde enero del 2020, habría obtenido 24 contratos con más de 17 entidades del Estado, por un valor aproximado de $1.200 millones de pesos. De estos, 22 fueron por contratación directa y dos por contratación de régimen especial.

Dentro de los documentos rubricados, se encuentra un contrato con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por un valor de $88 millones, así como un acuerdo con la Aeronáutica Civil, que tuvo un monto de $10 millones.

Sin embargo, una de las incógnitas que presenta este caso es que Váquiro solo reseña un cargo como experiencia laboral, y fue como gerente de oficina de una entidad financiera, desempeñado durante 20 meses, al igual que otros siete meses en una empresa creada junto a su esposo.