Las conclusiones de la Misión de Empleo son tan inquietantes como evidentes. El mercado laboral y la protección social en Colombia funcionan mal. La mayoría de los trabajadores recibe una protección social deficiente y tiene empleos precarios, lo que genera exclusión social y castiga el crecimiento.

Luego de año y medio de trabajo, esta iniciativa independiente convocada por el gobierno nacional, en la que participaron expertos nacionales e internacionales, presentó un documento de conclusiones y recomendaciones, acompañado de cinco estudios temáticos, como aportes para las discusiones públicas en la materia.

A treinta años de la Constitución, las constantes reformas implementadas en lo laboral y la protección social no han funcionado.

Se identificaron 93 cambios sustanciales en las reglas, que no obstante dejan alta informalidad y desempleo, segmentación de los trabajadores, incentivos negativos para la formalidad, discriminación frente a las mujeres, alta conflictividad y subregistro de reclamaciones, baja cobertura pensional y mal funcionamiento de tres regímenes contributivos previsionales, costos parafiscales que encubren imposiciones fiscales, bajo uso del sistema de colocación de empleo, deficiencias en la cobertura por desempleo y resultados pobres en formación para el trabajo.

Tales análisis evidencian una brecha entre la regulación y la realidad social, como resultado de decisiones de política pública aisladas e inconexas. Muchas reglas y menos derechos efectivos, lo que se expresa en que para más de la mitad de los trabajadores la protección laboral y social es inexistente, al ubicarse en la informalidad.

El estudio también considera el salario mínimo, concluyendo que al ser puerta de entrada a la formalidad provoca distorsiones, pues entre más crece más se estrecha aquella.

El reconocimiento universal de prestaciones en el sistema de salud contribuye igualmente a incentivar la informalidad, pues no existe interés del trabajador por afiliarse con costo al régimen contributivo, máxime al apreciar el régimen pensional como una carga impositiva.

Propone la Misión de Empleo construir una visión integral sobre el mercado laboral y la protección social para el país a 2030, que se desarrolle a través de un proceso sistemático y progresivo de reformas, como resultado de un trabajo colectivo a partir de consensos ciudadanos.

Nada más importante en la agenda social del próximo gobierno. Se trata de comprometer la política y la sociedad en la construcción de un acuerdo nacional, estilo el Pacto de Toledo en España o los procesos de concertación vividos en Uruguay.

Continuar por el camino de las reformas aisladas y de la adopción de medidas inconexas no contribuirá a lograr el trabajo decente, ni a potenciar la productividad empresarial y el desarrollo socioeconómico. Adoptar el estatuto del trabajo que ordenó la Constitución es inaplazable.

Más de diez millones de trabajadores son informales; apenas dos de seis millones de adultos mayores acceden a pensión, en tanto el 40% de los potenciales beneficiarios cuentan con subsidios. Solo 1 de cada 10 trabajadores del campo tiene protección social y las mujeres experimentan en cinco puntos porcentuales más el desempleo que los hombres, pese a estar más calificadas.

Antes que propuestas sobre ajustes parciales y de coyuntura, es esencial que las candidaturas a la Presidencia asuman la tarea de liderar un proceso de diálogo social y concertación, para construir una ruta participativa e implementar progresivamente las reformas que permitan un mercado laboral mas productivo e incluyente y un sistema de protección social universal, equitativo y sostenible.

Se trata de identificar responsabilidades, aportes, expectativas y posibilidades en las que el país esté de acuerdo, como visión estratégica, para deliberar luego sobre las medidas y los modelos que democráticamente se impongan. La tarea no da espera.