El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la denominada ‘Política Nacional de para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques’, esfuerzo liderado por el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación. Esta política toma como base la Estrategia Integral de Control a la Deforestación que fue creada por el Gobierno anterior en 2018 y recoge otros aprendizajes y experiencias derivados de programas como Visión Amazonía y la Declaración Conjunta de Intención, que han recibido el apoyo de países como Alemania, Reino Unido y Noruega.
La nueva política es una hoja de ruta a diez años que involucra a 40 entidades públicas y que toma como consideración fundamental que el 52% de la superficie terrestre de Colombia está cubierta por bosques, enfocándose particularmente en atender 11 núcleos de alta deforestación concentrados en 150 municipios del país, distribuidos en departamentos como Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia, Putumayo, Chocó y Santander.
Esta política responde, entonces, a la necesidad de incidir e impactar los determinantes de la deforestación, como lo son las dinámicas ilegales arraigadas en esos 150 municipios, tales como la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva sin control y el acaparamiento de tierras, que son expresiones de la debilidad institucional del Estado para garantizar la provisión de bienes públicos, mantener el orden y proteger los ecosistemas.
En tal sentido, la política nacional recientemente aprobada contempla cuatro ejes estratégicos, los cuales son: la consolidación de alternativas productivas sostenibles que incidan en el desarrollo rural y la estabilización de la frontera agrícola; fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial para la reducción de la deforestación y la gestión de los bosques; ejercer control territorial y detener las dinámicas ilegales y fortalecer los sistemas de monitoreo para administrar mejor los recursos forestales.
En los últimos 20 años se han perdido 2.8 millones de hectáreas de bosques, con un pico en 2017 de 219.000 hectáreas destruidas; la preocupación adicional es que la Amazonía concentra el 62% de este fenómeno. Así las cosas, parte de la estrategia integral consiste en la recuperación de la capacidad institucional de respuesta, reacción y atención de los retos sociales y económicos agudos que tienen las regiones más impactadas por el fenómeno de la deforestación y de la ilegalidad, que es un motor para la destrucción del recurso forestal y una amenaza para la gestión de los bosques.
Esta política llega en buen momento, justo cuando Francia, las Naciones Unidas y el Banco Mundial convocan al mundo a través de la One Planet Summit para comprometer mayores esfuerzos en la recuperación y protección de los ecosistemas marinos y terrestres. Un llamado al que Colombia responde con esta política nacional integral, que esperamos el Estado pueda implementar y asegurar los resultados que se promete obtener a través de su indispensable adopción. Porque como lo dicen los organizadores de este foro global: la biodiversidad es un seguro para nuestras vidas.