Pendientes del Estatuto de la Oposición a 2 años de expedido

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Más de 30 recomendaciones realizó la Procuraduría General de la Nación al Congreso de la República y al Consejo Nacional Electoral, entre otros organismos, para implementar disposiciones del Estatuto de la Oposición que están pendientes o, en otros casos, deben mejorar su desarrollo. Así lo señala el Ministerio Público en el segundo informe sobre el seguimiento al cumplimiento de los derechos consagrados en la Ley 1909 de 2018, con corte a octubre de 2020.

El procurador Fernando Carrillo señala en el informe que a pesar de los esfuerzos de la autoridad electoral y demás entidades del Gobierno nacional por dar cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto de la Oposición, “vemos con preocupación que a la fecha no se han logrado garantizar los recursos necesarios para que las organizaciones políticas puedan acceder a los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético y hay reglamentación pendiente frente a la garantía de los derechos de las organizaciones políticas declaradas en oposición e independencia a nivel territorial. Para este órgano de control los derechos de la oposición son fundamentales en la consolidación de un Estado democrático”.

Una de las recomendaciones que hace la Procuraduría en su informe tiene que ver con la declaración política contemplada en la Ley 1909 de 2018, la cual dispone que las organizaciones políticas con personería jurídica, dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, deberán optar por declararse en oposición, independencia o de gobierno.

Sin embargo algunas colectividades no hicieron su declaración política dentro del plazo establecido porque no habían realizado las asambleas que modificaran los estatutos para definir el encargado de presentarla.

Por ello la Procuraduría recomendó al Consejo Nacional Electoral analizar la posibilidad de registrar la declaración política de las organizaciones desde el momento en que la autoridad electoral declare elegidos a los mandatarios en los diferentes niveles nacional o territorial.

En cuanto a la financiación adicional que contempla el Estatuto de la Oposición para el funcionamiento de las organizaciones declaradas contrarias al Gobierno de turno, la Procuraduría concluye que si bien el CNE ha adelantado las gestiones para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, “se hace un llamado para mejorar los tiempos de los desembolsos a los partidos y movimientos políticos y que no se constituyan reservas presupuestales”.

También el Ministerio Público llama la atención sobre el cumplimiento del Estatuto en cuanto al acceso a medios de comunicación social. “El CNE y MinTIC no han adelantado de manera coordinada la planeación y gestión correspondiente para garantizar la asignación de recursos para el ejercicio del acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético de las organizaciones declaradas en oposición para las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021”.  

Añade que en los dos años de vigencia de la norma no se ha contado con una partida presupuestal que permita a las organizaciones declaradas en oposición el acceso a los medios de comunicación.

Por ello, la Procuraduría recomienda al CNE desarrollar el procedimiento y expedir la reglamentación necesaria para el acceso a medios de comunicación social del Estado.

En cuanto al acceso a los medios de comunicación en la instalación de las sesiones de las corporaciones públicas, la Procuraduría destacó que para la legislatura 2020-2021, en el nivel nacional este derecho fue garantizado por el Congreso. En el nivel territorial se evidenciaron algunas dificultades.

Otros aspectos

Señala el informe que las organizaciones políticas declaradas en oposición no remitieron el envío del registro de solicitudes al CNE, aspecto fundamental para que esa entidad pueda adelantar las gestiones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la información.

En el nivel nacional, cinco de las ocho organizaciones políticas declaradas en oposición que remitieron información a la Procuraduría, mencionaron que han tenido dificultades en los tiempos de respuesta y en algunos casos la información es incompleta.

Sobre la participación de la oposición en las mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular, la Procuraduría encontró que en el nivel nacional “este derecho se está ejerciendo sin inconvenientes”.

En lo que tiene que ver con participación en la agenda de las corporaciones públicas, la Procuraduría señaló que el Senado no remitió información sobre el ejercicio de este derecho en la plenaria y comisiones permanentes durante la legislatura 2019-2020.

Dijo también el organismo de control que no se está dando cumplimiento en cuanto a la participación de la oposición en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Además el organismo dijo que comparte la sugerencia de la MOE, en el sentido de recomendar que se estudien las medidas administrativas y de reforma legal para equiparar algunos derechos entre organizaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos, con el fin de subsanar situaciones como la de Gustavo Petro y Ángela Robledo, que llegaron al Senado y a la Cámara porque su fórmula ocupó el segundo lugar en votación en las presidenciales de 2018, pero no han podido hacer uso del Estatuto de la Oposición porque en esa oportunidad fueron respaldados por un movimiento por firmas.