La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa anunció apertura de investigación disciplinaria contra el actual superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, por presuntas irregularidades en la entidad y advertidas por la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, en ejercicio de la función preventiva.
De acuerdo con el ente de control, al superintendente se le investigará por tres hechos: el primero, por requerir presuntamente información a las cajas de compensación familiar sobre la totalidad de sus trabajadores, incluido el director y cargos directivos, salarios, antigüedad, modalidad de vinculación.
El segundo, por supuestamente modificar el procedimiento para la conformación de la lista de elegibles de agentes interventores, con el fin de designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como agente interventor de Comfahuila. El tercero, la supuesta solicitud de Luis Guillermo Pérez a las cajas de compensación familiar de un aporte solidario para la población de Buenaventura.
- Le puede interesar:1.095 comparendos en primer día del nuevo Pico y Placa en Bogotá
La investigación disciplinaria de la Procuraduría tendrá como finalidad determinar la veracidad de los hechos puestos en conocimiento, esclarecer los motivos determinantes de los mismos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron y la responsabilidad del disciplinable.
El ente de control solicitará las pruebas pertinentes para aclarar los hechos investigados.
Anteriormente la Procuraduría había solicitado información de la Superintendencia sobre la planta de trabajadores de las cajas de compensación familiar, cuando esta función nada tiene que ver con sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, ya que las cajas son entidades de derecho privado y sus colaboradores no son funcionarios públicos.
La Superintendencia del Subsidio Familiar ha intervenido varias cajas de compensación, por lo cual la Procuraduría busca establecer cuántas han sido intervenidas a la fecha y por qué si se trata de una medida cautelar algunas llevan años en esta situación.
Además, se busca establecer los motivos que dieron lugar a las recientes intervenciones dadas las dudas que surgen frente al proceso.
La Procuraduría solicitó aclaración respecto de la modificación de resoluciones para incluir personas particulares en la lista de elegibles para agentes interventores.
Estas actuaciones por parte del ente de vigilancia podrían suponer un abuso o desviación de poder.