* El campanazo de expertos de la ONU
* Redoblar esfuerzos para combatir flagelo
El papel de las redes sociales en la sociedad moderna es tan preponderante que algunos análisis antropológicos sobre la caracterización de los patrones de comportamiento en la tercera década del siglo XXI señalan que el uso extendido de estas plataformas tecnológicas se ha convertido en una especie de ‘idioma’ universal del que es imposible abstraerse. De hecho, en una paradoja que evidencia el alto nivel de penetración de estas autopistas de tráfico de información, sus mayores críticos han admitido que deben recurrir a las mismas para que sus posturas tengan algún eco en la opinión pública.
Sin embargo, esa masificación de las redes sociales ha generado también una serie de riesgos cuyo efecto lesivo es cada vez peligroso. Riesgos que, al igual que las funcionalidades y constantes novedades de las plataformas, evolucionan de forma permanente, algunas veces ante la vista de todos y otras de manera imperceptible para la mayoría.
El mayor ejemplo de ello es la limitada efectividad de las estrategias que se han implementado para disminuir la circulación de los llamados “discursos de odio” en las redes. Pese a que este ha sido un tema recurrente en los últimos años y que tanto los administradores de las plataformas tecnológicas como los gobiernos e incluso organismos de carácter trasnacional han tomado cartas en el asunto, implementando distintas estrategias para detectar y sacar de circulación los mensajes y cuentas que incentiven a la discriminación en cualquier índole, emitan información claramente tendenciosa o falsa, e incluso busquen generar violencia verbal o física, es claro que la efectividad de esos mecanismos no ha sido mayor.
Por el contrario, los emisores de esta clase de publicaciones han logrado un alto grado de experticia que les permite burlar la mayoría de esos controles, ya sea a través de intrincados sistemas y códigos automatizados que mutan en cuestión de segundos o creando una compleja maraña de cuentas anónimas que llevan a que puedan operar un tiempo considerable antes de poder ser detectados y sacados del ciberespacio.
Ahora, el riesgo no está concentrado solo en las grandes y planificadas ‘operaciones’ para ahondar la desinformación y los discursos de odio. También constituyen un peligro aquellas personas que, amparadas en el anonimato en internet, utilizan las redes como ventana para injuriar, calumniar, promover tesis incendiarias y hacer apología al delito. Aunque el monitoreo humano y los mecanismos de eficiencia algorítmica han avanzado para su rápida detección, esos esfuerzos son insuficientes ante el alud de intolerancia, fake news, agresión y promoción de la violencia en las plataformas.
De hecho, la semana pasada un grupo de expertos de la ONU en distintos campos de los derechos humanos alertó que tras los cambios recientes en la propiedad de una de las principales redes sociales se ha presentado un fuerte aumento del uso de la expresión racista "Nigger" -“negro”, en español-, un término que es claramente peyorativo y ofensivo para una persona de raza negra.
Pero más allá de este caso puntual, los expertos del mayor ente multilateral del planeta advierten que esta situación evidencia la urgente necesidad de que las empresas dedicadas a las redes sociales asuman un mayor nivel de responsabilidad frente a las muestras de odio dirigidas a los afrodescendientes. Incluso hicieron un llamado a Elon Musk (Twitter), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple) así como a los directores ejecutivos de otras plataformas de redes sociales a centrar su modelo de negocio en los derechos humanos, la justicia racial, la rendición de cuentas, la transparencia, la responsabilidad social corporativa y la ética. Incluso les recordaron que cumplir estos parámetros, además de respetar las garantías fundamentales de la población y sus millones y millones de usuarios, beneficia a largo plazo a estas empresas y a sus accionistas.
Lo más complicado en el campanazo de los especialistas de la ONU es que señalan que pese a que muchas empresas aseveran que no permiten la incitación al odio, hay una amplia brecha entre los compromisos de estas compañías con sus directrices y su posterior cumplimiento en las redes sociales. También puntualizaron que “existe el riesgo de que la arbitrariedad y los intereses económicos se interpongan en el control y la regulación de las plataformas de las redes sociales”.
Visto todo lo anterior, la pregunta básica continúa siendo la misma ¿Habrá un mecanismo verdaderamente eficiente para que los discursos de odio dejen de campear en las imprescindibles redes sociales?