Antes de culminar el 2021, el Presidente Iván Duque sancionó la Ley 2167, por medio de la cual se garantiza la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de manera oportuna y de calidad durante el 100% del calendario académico de 2022 y, además, se asegura la concurrencia efectiva, coordinada, articulada y conjunta de los recursos a cargo de la Nación, los distritos, los departamentos y los municipios.

La norma de cinco artículos fue firmada por el Jefe de Estado y los ministros de Educación, María Victoria Angulo; de Hacienda, José Manuel Restrepo, y del Interior, Daniel Andrés Palacios.

La Ley ordena y posibilita al Gobierno nacional, los distritos, departamentos y municipios respetar los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano para asegurar la disponibilidad de recursos por períodos iguales o superiores al calendario académico.

"Las entidades competentes gestionarán la planeación y administración de los contratos y convenios, a fin de garantizar la operación oportuna del programa. El Gobierno Nacional reglamentará la materia", dice un aparte del articulado.

En ese sentido, las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar.

Asimismo, los entes territoriales deben atender "las condiciones particulares de ubicación e infraestructura de las instituciones educativas, las tradiciones y costumbres alimenticias de cada región".

Mediante la citada norma, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender o quien haga sus veces-, reglamentar en un término no mayor a seis meses, contados a partir de la promulgación de la ley, los mecanismos e instancias complementarias para garantizar el control social al PAE en los casos en los cuales en zonas rurales los padres asuman el programa.

Asimismo, se autoriza al Gobierno para que en el término de seis meses se haga la reglamentación de la norma.

Irregularidades

Durante el 2021 fueron muchas las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en varios departamentos. Incluso, antes de finalizar el año el Ministerio de Educación recibió un llamado de atención sobre la implementación de este programa en el territorio nacional.

La Procuraduría, en pleno 31 de diciembre, abrió investigación disciplinaria contra la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y la exdirectora de la Agencia Nacional de Contratación Estatal – Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, por el manejo de los contratos para estos programas.

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Ambas funcionarias serán procesadas, en el ámbito disciplinario, por presuntas irregularidades en un contrato para llevar frutas y hortalizas a distintos colegios en Bogotá, el cual fue adjudicado en 2017. En ese año, la ministra de Educación era secretaria de Educación Distrital de la capital. La Procuraduría puso la lupa, además, sobre Camilo Gutiérrez, funcionario de Colombia Compra Eficiente, además de Juan David Vélez y Edwin Rodríguez, de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Los denunciantes recriminan que, durante el proceso, la Secretaría y Colombia Compra Eficiente habrían modificado los pliegos de condiciones para favorecer a la empresa Frutas y Alimentos de Colombia S.A.S. Según dijo el abogado, al final esa fue la única organización que presentó una oferta formal, luego de que sus números cuadraran con los presupuestados por ambas entidades públicas. La Procuraduría iniciará la etapa de investigación y, si las pruebas son conducentes con una presunta falta, la actual ministra de Educación podría ir a juicio disciplinario.

Denuncias 

Según informa la Contraloría General  República, el avance de la operación del PAE en cada una de las Entidades Territoriales Certificadas del país llega a cerca de 5.700.000 estudiantes.

Y de acuerdo con la procuradora Margarita Cabello, la entidad estaría investigando más de mil denuncias por presuntos hechos de corrupción en la contratación del PAE.

La procuradora afirmó que son 800 denuncias contra directores de entes territoriales que se suman a las 180 realizadas contra alcaldes y gobernadores.

“Irregularidades en el manejo de la contratación y los dineros públicos que se destinan para la alimentación de los menores en etapa escolar, lo que hemos descubierto es un problema grave de corrupción o falta de transparencia en la contratación del programa”, dijo Cabello.