Uno de los mayores retos de muchos países alrededor del mundo para este año es controlar la inflación. El incremento en los precios de los productos alrededor del mundo, sobre todo de los alimentos, derivado de la pandemia del covid-19, es un fenómeno global que los gobiernos deben atender con prontitud, y Colombia no es la excepción.

Se pensó que con el incremento del salario mínimo, con un aumento histórico de 10.07%, los trabajadores podrían tener un colchón durante unos meses con mayores ingresos, pero por culpa de la inflación esto no se podrá lograr.

No en vano, por culpa de este fenómeno, algunos de los sectores que dicen estar más afectados son los de la comida y la bebida. Tanto desde gremios como Acodres y Asobares han alzado la voz para explicar cómo la inflación no permitió reactivar el empleo de estos sectores en el último trimestre del año, ya que los altos precios no se podían trasladar de lleno al consumidor, y cómo ahora la reactivación del Impuesto al Consumo hará que los precios crezcan más. Tanto es así que ya anunciaron que los precios en los restaurantes desde el ‘corrientazo’ hasta el almuerzo ejecutivo y a la carta tendrán un incremento entre el 15% y el 20%.

Este efecto, terminaría en desincentivar el consumo y en aumentar la inflación, que es justo lo que el Gobierno dice que trabaja desde el año pasado en prevenir. Una de estas medidas es la necesidad de desindexar algunos elementos, que permitieran al consumidor sentir el alivio de la subida del salario mínimo y que este aumento no se viera absorbido por el rápido incremento en los precios de algunos bienes y servicios básicos.

De acuerdo con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos y que sus ingresos no se afecten, se remitió la resolución 4277, por la cual todas las multas, sanciones, tasas y tarifas, tales como honorarios que actualmente se liquidan con base en el salario mínimo, deberán ser calculadas por los servidores públicos del Ministerio del Trabajo en términos de la Unidad del Valor Tributario (UVT).

Al respecto, el ministro señaló: ”Es muy importante para todos los trabajadores que inician con un incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte de 10,07 %, el más alto en casi cinco décadas y que se logró con el compromiso del presidente Iván Duque, anunciarles la publicación de la resolución que reducirá algunos cobros”.

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Rubros

No obstante, muchos precios no dependen de la normatividad y se rigen por el mercado, por lo que el Gobierno no puede influir. Uno de ellos es el precio del combustible, que subió desde el 1 de enero, en promedio, $176 por galón de gasolina, mientras el diésel aumentó, en promedio, de $166 por galón.

Así que el precio promedio de la gasolina, para las 13 ciudades principales, será de $9.048 por galón, mientras que el precio promedio del diésel quedará en $8.884 por galón.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, los nuevos precios de los combustibles incorporan la actualización de los rubros de tarifas de transporte por poliductos, transporte terrestre y tarifa de marcación, ajuste conforme al IPC del 4,86% reportado por el DANE para lo corrido del año 2021 y meta de inflación del 3% del Banco de la República para el 2022.

Estos incrementos también tienen en cuenta las variaciones de los precios internacionales de los refinados durante la última semana de diciembre. En particular, en los últimos días del mes de diciembre el precio internacional de la gasolina motor presentó un incremento del 2% frente a la última semana de noviembre. Del mismo modo, el precio internacional del diésel presentó una variación positiva del 4% en este periodo, respecto a los últimos días de diciembre. 

Además, el precio del Brent en el último trimestre del 2021 presentó un incremento del 10% respecto al precio promedio registrado en el trimestre inmediatamente anterior.

Es importante resaltar que, a pesar de los incrementos que tendrán los precios de los combustibles para enero de 2022, tanto la gasolina como el diésel se mantienen $123 y $79, respectivamente, por debajo de los precios de marzo de 2020, cuando el MinEnergía anunció las mayores reducciones en precios de la historia.

Según el comunicado expedido por esta entidad, para atender la demanda nacional de combustibles de los últimos meses y debido a la volatilidad en los precios de refinados en la Costa del Golfo de los Estados Unidos, “el FEPC ha cumplido y seguirá cumpliendo su función de estabilización de los precios del mercado nacional para que dicha volatilidad no sea transmitida de manera directa al usuario final”, señala la misiva.

Transporte 

Otro ítem que tuvo un aumento, incluso superior al del salario mínimo, fue el del SOAT, que subió 12.04%, valor que sumado al alza de los combustibles será un gasto, no menor, para los propietarios de vehículos, tanto privados como de servicio público.

Además, los usuarios de transporte público también se ven afectados con aumentos superiores al de la inflación. En Bogotá, el pasaje de Transmilenio quedó en $2.650 lo que equivale a un incremento del 6%, mientras que el SITP, que también aumentó $150 por pasaje, presenta una variación de 6,5%.

De manera que, a grosso modo, no solo el gasto de los hogares ya viene por defecto con un alza, sino que todo combinado podría desencadenar en un rápido aumento del precio a los consumidores.

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Otra perspectiva

Para el economista César Ferrari, el problema de la inflación es mayoritariamente producto de la crisis de los contenedores, la cual “se solucionará entre mediados y final de año”, pero por lo cual no hay que preocuparse demasiado. Por el contrario, para el académico, el país tiene que enfocarse en volverse más productivo y dejar de depender del petróleo y el carbón.

Sin embargo, aunque la inflación generada a raíz del problema de transporte marítimo puede llegar a su fin, será más pronto en los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, pues ellos son los primeros en la lista para agilizar el flujo de carga. En la región, la escasez y los altos precios de fletes podrían durar casi hasta el final de año.

Esto hace que, a corto plazo, las medidas que tome el Gobierno deban ser de choque, como la subida de las tasas de referencia del Banco de la República, lo que para el experto es una medida negativa, que frena el consumo, la inversión y de paso el crecimiento económico.

Opciones de intereses

Además del  manejo de las tasas de interés, el Gobierno tiene a su mano otras alternativas. Una, sin duda, será que el Banco de la República siga incrementando la tasa de intervención, pero además puede optar por restringir la demanda de bienes y servicios y con ello reducir el gasto público. Todas estas decisiones contribuirían también a reducir el déficit en cuenta corriente.

La intervención de precios es una medida en la que el Gobierno ha sido claro, diciendo que no lo hará. Por otro lado, ha estado generando políticas y leyes como la de insumos agropecuarios, que alivien el alto costo de las materias primas para los productores y que así el precio no se incremente por efectos externos.

Esas medidas junto a desarrollar una mayor productividad, así como estabilizar la balanza de pago y tomar decisiones frente al aumento del precio del dólar, son algunas de las opciones que quedan para prevenir una inflación acelerada durante el primer semestre de este 2022.