La justicia de México liberó este domingo a 56 de los 70 detenidos el 1 de diciembre durante la protesta contra la asunción del presidente Enrique Peña Nieto, informó la fiscalía de la capital, en un caso señalado por la presunta "arbitrariedad" y "violencia" policial.
La jueza María del Carmen Mora dictó "libertad a 56 personas, por falta de elementos para procesar", indicó en un comunicado la fiscalía, que asegura que las detenciones fueron "legales".
Mora "determinó someter a proceso penal a 13 personas, al considerar que con las pruebas aportadas hay elementos suficientes para que se les siga proceso, sin derecho a libertad bajo fianza", precisó la institución, que añadió que el juez Eduardo Mata ordenó prisión a otra persona también consignada el 1 de diciembre.
Los 14 encarcelados enfrentan cargos por ataques a la paz pública, un crimen cuya pena fluctúa entre cinco y 30 años de cárcel.
-- Encarcelados son proclamados inocentes --
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Los que continúan presos son "pagadores para tratar de justificar ante la opinión pública nacional e internacional un operativo de corte fascista", dijo a la AFP Juan de Dios Hernández, miembro de la "Liga de abogados 1 de diciembre", formada a raíz de los hechos.
Entre los presos se encuentra César Lagunes, un hombre sin hogar que se dedica a bolear zapatos en la vía pública y que no participó de las manifestaciones, según relató su abogada a radio Formato 21.
Afuera del Reclusorio Norte de Ciudad de México, decenas de personas esperaron desde la mañana del domingo a que salieran los liberados.
Angélica Zepeda, una de ellos, dijo: "No es justo, queremos que las autoridades nos den una disculpa (...) mi compañera que se quedó adentro, Rita Neri, ella no es culpable. La están inculpando con un video" en el que no aparece.
Otro liberado, José Gómez, dijo que cuando lo detuvieron se disponía a comprar un teléfono. "Me agarraron, me golpearon, me llevaron a la delegación 50 y luego me trajeron" al reclusorio, contó a la radio.
-- Peña Nieto asume entre represión de protestas --
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La protesta contra la asunción de Peña Nieto degeneró en los alrededores del Palacio Legislativo cuando personas armadas con cohetes y cócteles Molotov se enfrentaron con policías federales, quienes respondieron con gas lacrimógeno y, según dijo un paramédico a la AFP, incluso con disparos de balas de goma.
En el enfrentamiento, que dejó un centenar de lesionados, el estudiante de 22 años Juan Uriel Sandoval perdió un ojo, mientras que Juan Francisco Kuy, de 67 años, se encuentra en coma inducido por traumatismo craneoencefálico.
Pese a que medios locales publicaron fotografías y videos en los que aparecen policías disparando armas compatibles con balas de goma, el encargado del despacho de Seguridad Pública federal, Manuel Mondragón, y el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, negaron el uso de ese armamento.
Adrián Ramírez López, también miembro de la "Liga de abogados 1 de diciembre", aseguró el sábado que "está perfectamente comprobado que sí se utilizaron balas de goma" y que corresponden a las heridas que sufrieron Sandoval y Kuy.
Además de esos enfrentamientos, un grupo de personas dañó inmuebles del centro de la ciudad causando pérdidas millonarias. Fue en ese lugar donde la policía capitalina detuvo a 96 personas, de las cuales 26 fueron liberados casi inmediatamente y 56 este domingo.
Darío Chacón, Subsecretario de Operación Policial, quien estaba a cargo del operativo policíaco el 1 de diciembre, renunció a su cargo al día siguiente.
-- ONG nacionales e internacionales se movilizan --
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El abogado Hernández aseguró a la AFP que los fotoperiodistas Mircea Topoleanu y Brandon Daniel Bazán, rumano y mexicano respectivamente, fueron liberados.
La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) había condenado el arresto de ambos comunicadores que cubrían el evento.
Este domingo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF), Luis González Placencia, recalcó que la policía "se extralimitó en sus funciones", pero calificó la liberación de los 56 detenidos como "un triunfo de la justicia".
"Esto es una parte de la justicia, la que tiene que ver con no condenar a inocentes. Pero es importante también que se pueda determinar quiénes fueron culpables", añadió.
Esta semana, Amnistía Internacional denunció los abusos policíacos, al igual que organizaciones mexicanas.
Unos 20.000 mexicanos firmaron una carta de repudio dirigida a Peña Nieto y al alcalde de la capital, Miguel Ángel Mancera, mientras la CDHDF informó de al menos cuatro casos de posible tortura.
El sábado, familiares y abogados de los detenidos, así como un grupo de personas arrestadas momentáneamente el 1 de diciembre, exigieron una "disculpa pública" del gobierno de la Ciudad de México por la "arbitrariedad" y "violencia" con que, aseguran, actuó la policía.
AFP