A la espera de que se concrete una reunión con el Ministro de Defensa o delegados que designe esta cartera con el fin de escuchar sus argumentos sobre el proyecto que reforma el sistema de justicia militar,están los ponentes que fueron designados por la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara para darle trámite. Con esta iniciativa el Gobierno pretende revivir parte de la normatividad que pretendía fortalecer el Fuero Penal Militar, pero que terminó hundiéndose en la Corte Constitucional.

Adicional a la argumentación que justifique la necesidad de la aprobación de este proyecto, los ponentes también quieren escuchar qué tiene que decir la cartera de Defensa sobre las observaciones que hicieron en el país algunas organizaciones de derechos humanos así como en el plano internacional la influyente Human Rights Watch, durante los dos primeros debates de la iniciativa en el Senado de la República, en el sentido que conduciría a la impunidad, pues serían transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal miliar delitos de lesa humanidad en que habrían incurrido algunos uniformados, como los mal denominados ‘falsos positivos’.

Precisamente para este jueves se tiene previsto en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional una audiencia pública con el objetivo de visibilizar y discutir públicamente el contenido y los alcances de la reestructuración de la Justicia Penal Militar propuesta por el Ministerio de Defensa en el proyecto de ley No. 085/13 Senado, 210/14 Cámara, desde la perspectiva constitucional y de normatividad internacional, a fin de determinar los impactos que tendría frente a los derechos de las víctimas a la verdad y justicia. De igual manera, se busca que las autoridades competentes y la ciudadanía en general expongan sus opiniones con respecto al proyecto.

Uno de los ponentes de esta iniciativa para tercer debate es el representante Humphrey Roa Sarmiento (Partido Conservador), quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que los ponentes ya tienen en sus manos las diferentes observaciones sobre el proyecto, “queremos nosotros es ahora informarnos directamente con ellos. La pretensión no es acoger todo lo que diga el Gobierno, no acoger todo lo que digan las ONG sino lo que le sirva al país”.

En ese sentido explicó que “ya hicimos la solicitud respetuosa ante el Ministerio y estamos esperando que nos programen la agenda para todos los ponentes ir a charlar con Ministro o con el delegado para conocer el interés que tienen; pero después de eso estaremos viendo qué otras personas están interesadas en que nos escuchemos para ver cuáles pensamientos se tienen como el de las ONG”.

Qué busca

El proyecto que reforma el Sistema de Justicia Militar establece una serie de disposiciones para desarrollar las garantías de autonomía, independencia e imparcialidad de la Justicia Penal Militar o Policial, regulando todo un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional, creando el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, conformado por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que desempeñen cargos judiciales, investigativos o de apoyo judicial o investigativo, bajo la dependencia exclusiva de una Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial, entidad en la cual se transforma la actual Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, hoy dependencia interna del Ministerio de Defensa, se explica en la iniciativa.

Igualmente, el proyecto está orientado a implementar el sistema penal con tendencia acusatoria en la Justicia Penal Militar o Policial, que fue consagrado para la Jurisdicción Especializada por la Ley 1407 de 2010, por la cual se expide el Código Penal Militar; para lo cual indica que se hace necesario desarrollar todos los temas inherentes a la estructura de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y de su Cuerpo Técnico de Investigación, estableciéndose para estos dos entes y para quienes se encuentren a la cabeza de los mismos, sus funciones y competencias, su régimen de inhabilidades, su composición y los requisitos para ocupar los cargos dispuestos en la estructura.

Finalmente se introduce una serie de disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada, entre ellas, la modificación de la competencia de los Juzgados de Instrucción Penal Militar, dándole plenas facultades al Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial para redistribuir la carga laboral en esos despachos, e introduciendo una modificación muy importante en el nuevo procedimiento penal castrense, el denominado principio de oportunidad, con el cual se faculta a la Fiscalía General Penal Militar y Policial, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de Corte Marcial, para suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, aplicando ocho causales que recogen circunstancias específicas, consagradas en el proyecto.

Sin embargo, en su reciente carta al ministro de Defensa, el responsable para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, indicó que “el proyecto de ley número 85 de 2013 del Senado -que ya ha superado dos de los cuatro debates parlamentarios requeridos- permitiría que casos de asesinatos conocidos como ‘falsos positivos’ sean transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal miliar. El proyecto dispone que la Justicia Penal Militar conozca de otros casos de violaciones de derechos humanos por militares que se hayan cometido anteriormente o puedan ocurrir en el futuro, como violación sexual, trato inhumano y mutilaciones, en flagrante contravención a las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia de conformidad con el derecho internacional”.

Vivanco dice también que la iniciativa establece que la Justicia Penal Militar investigaría a militares acusados de interceptaciones ilegales, “tráfico ilegal de armas, y concierto para delinquir (colaboración con paramilitares o Bacrim) con fines de tortura, desaparición forzada y narcotráfico, entre otros delitos, lo cual prácticamente aseguraría su impunidad”.

El Ministerio de Defensa respondió por medio de una misiva al director para las Américas de Human Rights Watch en cuanto a sus señalamientos sobre el proyecto de ley que reforma el Sistema de Justicia Penal Militar.

“Me veo obligado a rechazar de manera vehemente sus afirmaciones que pretenden desacreditar y deslegitimar el enorme trabajo de nuestra Fuerza Pública, con posturas que llevan a la conclusión de que la jurisdicción penal militar es sinónimo de impunidad”, indica la misiva firmada por el viceministro de Defensa, Jorge Bedoya.

 Añade la comunicación que los casos de violencia sexual no hacen parte de jurisdicción penal militar ni se pueden entender como hechos cometidos en servicio.

Tribunal

EL Centro Democrático radicó  el pasado 20 de julio un proyecto de reforma, un proyecto para conformar un Alto Tribunal que durante los próximos doce años revise las condenas de miembros de la Fuerza Pública por eventuales delitos relacionados con el servicio desde el 1º de enero de 1980.

Igualmente presentó un proyecto de reforma constitucional al Fuero Penal Militar, que busca restablecer la prioridad que tiene la justicia castrense de conocer y resolver las investigaciones a uniformados.

Sobre el particular Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, le dijo a este Diario sobre este proyecto y el del Gobierno que reforma el Sistema de Justicia Militar que “ambos tienden a lo mismo, por diversas vías pretenden garantizar impunidad por los delitos cometidos por los militares. Este  (No. 085/13 Senado, 210/14 Cámara) lo pretende asumiendo la competencia la Justicia Penal Militar para conocer de los delitos cometidos por los militares, así sean violaciones de los derechos humanos; el otro lo pretende autorizando a un tribunal especial para revisar todas las sentencias que se han dictado desde 1980 y que se dicten durante los próximos 12 años en que se condenen a militares y policías”.