Se espera que hoy se inicie la votación de la ponencia negativa y que salga de la Comisión Primera de la Cámara, y así el proyecto pase a la plenaria de la corporación. Se vislumbra una discusión entre el Centro Democrático y el Partido de La U
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Eliminar el artículo primero de la reforma política que permitía que las personas que tuvieran antecedentes pudieran aspirar a cargos de elección popular, fue el consenso al que llegó el Gobierno con la Procuraduría y la Contraloría, luego de una reunión que sostuvieron.
Para hoy se espera que sea votada la ponencia. Los representantes creen que se debe dar una discusión a fondo y sin afanes.
Aunque estaba previsto que asistiera el procurador Fernando Carrillo, en su remplazo estuvo el viceprocurador Juan Carlos Cortés quien expuso la posición de la entidad.
Dijo el funcionario que “nada diferente a la oportunidad de alertar sobre el Artículo Primero, de comentar inequívocamente el criterio del Ministerio Público frente a estos dos textos, de manera particular y a juicio del señor Procurador, podría cercenar la efectividad de las sanciones de inhabilidad impuestas a los servidores de elección popular, por eso fue que se puso sobre la mesa el debate en esta materia”.
Recalcó que “el Procurador tiene la competencia constitucional obligatoria de conceptuar en todos los procesos de constitucionalidad del país. Lo que yo quiero resaltar es que se dio una alerta vehemente sobre esto, que para la Procuraduría este generaba una inquietud mayúscula en el entendido de que la sociedad no podía entender que quien ha sido inhabilitado, pueda colocar su nombre a consideración de los electores, no obstante estar en curso de una revisión judicial”.
Señaló que “por supuesto hay un mensaje que hoy compartimos en la reunión con el señor contralor y a partir del momento el Ministerio Público aportará las reflexiones bajo esta línea, y que además se desarrolle la ley de responsabilidad penal en la conducta de financiación de campañas políticas”.
Entre tanto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, manifestó que “se nos ha dicho que esta reforma política no tiene conexidad con el acuerdo de paz, con alguna ironía algunos críticos y opinadores nos han dicho qué tiene que ver la lista cerrada con el Acuerdo de Paz. ¿Qué tienen que ver las modificaciones al origen de la autoridad electoral con el acuerdo de paz?”.
Sostuvo que “la respuesta es una y yo quiero ser absolutamente enfático, el Gobierno ha dicho una y otra vez que la paz no es el resultado automático del silenciamiento de las Farc, la paz no es el resultado del proceso de dejación de armas. La paz tiene que ver también con una serie de cambios institucionales que hagan de nuestra sociedad mucho más democrática, mucho más incluyente en lo económico y social”.
Dijo además que “este proyecto tiene que hacer que nuestra sociedad sea más democrática. Esta reforma no tiene que ver con las Farc, tiene que ver con la necesidad de hacer una más democracia”.
Anotó que “si ustedes le dan una lectura muy rápida, a lo que está dicho en el punto dos, en cada uno de los párrafos, de los incisos, se señala una y otra vez que habrá que hacer ajustes internacionales, ajustes normativos para hacer garantía al ejercicio político”.
“Los derechos políticos hacen parte de los catálogos universales del Sistema de las Naciones Unidas, y en esa medida la Misión Electoral propuso una fórmula que buscaba estar en concordancia con lo que dice la convención americana de Derechos Humanos, que dice que solamente un juez penal podrá limitar los derechos políticos”, señaló.
Sostuvo el funcionario que estos artículos no buscaban favorecer a alguien, ni perjudicar, “los que están en la orilla de la derecha dicen que es favorecer a alguien que esté en la orilla de la izquierda y los de la izquierda dicen que son los de la derecha”.
Luego de estas dos intervenciones, se inició la discusión de la ponencia negativa e insistieron en que debe ser mejorada al pasar los días. Álvaro Hernán Prada dijo que “qué tiene que ver este procedimiento rápido denominado el fast track con una norma que entrara en vigencia en el 2022, habló de las listas cerradas, esto es lo más absurdo”.
Dijo que la pregunta que se hacía era en torno al bajar los años de los legisladores para que los jóvenes puedan entrar con menos edad”.
Añadió que “esta reforma no tiene ni pies ni cabeza, es una reforma madurista, que aumentará los problemas electorales, no aborda la división que existe entre el electorado y los elegidos, y muy seguramente la desconfianza aumentará”.
El representante Juan Carlos García sostuvo que “creo que esta reforma es inconveniente en su gran totalidad. Creo que esta no es la reforma, estructural, política y electoral que necesita el país, yo quería dejar esto, porque de pronto la comunidad cree que vamos hacer la gran reforma”.
La discusión se suscitó porque el presidente de la Comisión Primera de la Cámara donde se discute la Reforma Política, pidió que se votara la ponencia negativa de Cambio Radical que busca que se hunda el proyecto.
En el momento que se iba a votar la ponencia negativa, el Representante Jorge Roso de Cambio Radical se levantó de su curul y con tono airado exigió que se escuchara los argumentos de la ponencia.
Mientras tanto, la representante Angélica Lozano le pidió al congresista uribista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, no tratar de guerrilleros a los jóvenes que se encuentran en las barras que piden ser tenidos en cuenta para ser elegidos por voto popular después de cumplir 18 años.
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