Tal como se espera en un ambiente de polémica se realizó ayer en la Comisión Primera de la Cámara la audiencia al proyecto que presentó el Ministerio de Defensa y el de Justicia para fortalecer las medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo. Nuevamente surgieron interrogantes sobre aspectos como la destrucción por parte de las autoridades de la maquinaria utilizada en minería ilegal y  penalizar a quienes bloqueen vías.

Se trata del proyecto de ley No. 091/13 Cámara, el cual modifica el Código de Procedimiento Penal, la Ley del Procedimiento Ambiental, el Código Nacional de Tránsito y el Código de Infancia y Adolescencia.

La iniciativa fue radicada el 11 de septiembre pasado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón,  menos de una semana después de que campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño  levantaran un prolongado paro reclamando garantías para el desarrollo de su actividad, pues aseguran están en la ruina. Ya unos días antes el Gobierno había logrado que los mineros artesanales levantaran el paro en protesta por la persecución que adelantan las autoridades contra la minería ilegal.

A pesar de los compromisos que la administración Santos firmó con estos sectores para buscar paliar sus necesidades, estos paros dejaron como saldo varios muertos por enfrentamientos de manifestantes con la Policía así como la afectación a la economía y la libre movilización de los ciudadanos por el bloqueo de vías arterias del país.

Sin embargo, desde que se conoció su articulado el proyecto ha sido motivo de polémica en algunos sectores sociales y políticos por las medidas que toma, que para algunos en el caso de penalizar la toma de vías, es la criminalización de la protesta social.

Frente a lo cual el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya, dijo sobre el proyecto que “aquí no se criminaliza la protesta social, por el contrario el mismo Presidente de la República ha sido garantista y ha generado toda suerte de condiciones para que las protestas sociales legítimas se desarrollen en el marco social de derecho”.

Por extorsión la iniciativa eleva la pena con prisión de 192 a 288 meses. La pena se agrava si se trata de un servidor público. El proyecto castiga la minería ilegal con penas de prisión que van de 55 a 112 meses.

También agrava la pena por lavado de activos con prisión de 10 a 30 años. En tanto que el proyecto penaliza a quienincite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías, con 36 a 60 meses de prisión.

Igualmente la iniciativa busca atacar con mayores penas los delitos de microtráfico y contrabando.

Ponentes

El representante Germán Navas (Polo) dijo que este proyecto antes de fortalecer medidas contra el terrorismo lo que hace es “una criminalización de la protesta, contra los estudiantes, contra los de Asonal Judicial, contra los campesinos y contra los mineros”.

En este sentido el Parlamentario, quien es uno de los ponentes de este proyecto, dijo que basta mirar que para la fecha en que se elabora ese proyecto, el Gobierno acababa de negociar con campesinos y mineros. “Eso es acabar con la protesta popular, como lo dijeron el 99% de los asistentes a esta audiencia: profesores, magistrados, estudiantes, defensores de derechos humanos que estaban ahí. La única voz que lo defendió fue la de la Policía Nacional”.

El Parlamentario señaló que este proyecto “ningún bien le hace al país y como lo dijeron los mismos miembros de la Judicatura, que no hará sino congestionar más las cárceles y los juzgados”.

En cuanto a la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades de minería ilegal, Navas dijo que “está tan mal redactado, que los de Fedeleasing demostraron que esa destrucción afectaría de entrada a entidades inocentes como los leasing, que son los que continúan siendo propietarios de esa maquinaria hasta que termine el contrato”.

Por su parte el representante Germán Varón (Partido Cambio Radical) dijo sobre el proyecto “que va a ser polémico. Creo que va a haber discusión sobre muchos de los temas que se están planteando, empezando por el de la minería, pero creo que es un instrumento eficaz y necesario para que el Gobierno evite que las mafias puedan tomarse actividades legales, que por su alta utilidad se vuelven atractivas. Hablo de la minería y del contrabando”.

EL NUEVO SIGLO conoció que la ponencia para  el primer debate de este proyecto sería radicada en la semana.