El Gobierno se ha visto enredado con este mecanismo, lo que se refleja en que ha tenido que aplazar proyectos de ley

Esta semana arrancaría la consulta previa con los pueblos indígenas del proyecto de ley de desarrollo rural, luego de que fuera aprobada la metodología de la misma; mientras que la reforma al código minero sigue atrasada en su trámite, por lo que difícilmente el Gobierno lo podrá presentar al Congreso este año.

De esta manera, dos de las iniciativas más importantes para el Gobierno nacional siguen al ritmo de la consulta previa con las comunidades indígenas y afrocolombianas, como paso previo a ser radicadas ante el Congreso, con el antecedente que las mismas se han atrasado en su trámite básicamente problemas de coordinación del Gobierno nacional.

El trámite de la consulta previa del proyecto de ley de desarrollo rural se desentrabó el 27 y 28 de junio pasado, cuando el Ministerio de Agricultura entregó oficialmente este proyecto a la Mesa de Concertación con la comunidades indígenas.

Dado que previamente ya estaba aprobada la metodología de la consulta, el miércoles pasado los representantes del Gobierno se reunieron con los delegados de los indígenas en dicha Mesa para hacer algunos pequeños ajustes metodológicos a la consulta.

En consecuencia todo quedó listo para que esta misma semana arranque la consulta previa a nivel nacional del proyecto de ley de desarrollo rural en su primera etapa de socialización, la cual ya se adelantó en lo que corresponde a los pueblos indígenas de la Amazonia.

La aprobación de la metodología de la consulta previa del proyecto de la ley de desarrollo rural estaba empantanada desde mayo pasado, cuando los representantes indígenas se levantaron de la Mesa Nacional de Concertación por unas declaraciones del Ministro de Ambiente, Frank Pearl, cuando se abordó el tema de la reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

En esa oportunidad el Ministro se quejó que “siguen los chantajes y ha habido una demora en el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y minorías porque nosotros queremos una relación de largo plazo y no una transaccional donde a cambio de darles cosas ellos nos dan el visto bueno del proyecto”.

También Pearl dijo que “necesitamos garantías de que realmente se están representando a las minorías y que van más allá de intereses perversos, inmediatistas y económicos del sistema de consultas”. A lo que replicó el consejero Mayor de la Organización Indígena del Cauca (ONIC), Luis Evelis Andrade: “Es una calumnia que atenta contra la autonomía, la dignidad y el buen nombre de nuestros pueblos y rompe con la voluntad política y de diálogo permanente demostrada”.

En cuanto al proyecto del código minero, el jueves pasado el viceministro de Minas, Henry Medina, manifestó que esta semana sería presentada la iniciativa a los pueblos indígenas y a las minorías de afrocolombianos.

“Tenemos un mandato establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y debemos desarrollar una minería eficiente a través de la reglamentación, la coordinación de todos los actores, la reestructuración de instituciones y la reglamentación de política pública”, explicó Medina.

Sin embargo cabe aclarar que todo proyecto de ley que requiera de consulta previa debe ser previamente inscrito ante la Secretaría Técnica y Operativa de la Mesa Nacional de Concertación, y en el caso del proyecto de la reforma al código minero aún no se ha hecho.

En consecuencia si el Ministerio de Minas esta semana radica el proyecto ante esta instancia, aún falta que se reúna la Mesa para discutir y acordar la metodología de esta consulta y luego de ello adelantarla a nivel nacional.

Como se ve, no será fácil  para el Gobierno nacional radicar este mismo año ante el Congreso la reforma al código minero, muy a su pesar.

Intentos fallidos

En el año 2009 la Corte Constitucional tumbó el Estatuto de Desarrollo Rural y también la Ley Forestal por la falta de la consulta previa a las comunidades indígenas y las minorías, como lo establece la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, del cual Colombia es signatario.

En mayo pasado corrió igual suerte la reforma al código minero que presentó la administración Santos al Parlamento, que fue tumbada por la Corte por no atender el precepto de la consulta previa.