- Tasa de homicidios sigue a la baja
- Criminales con mayor acceso a arsenales
La restricción al porte de armas en Colombia está vigente desde hace varios años e incluso esta semana el Gobierno expidió un nuevo decreto ampliándola por doce meses más. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida ha permitido no sólo una disminución importante en los índices de homicidio con arma de fuego, sino de la violencia en general. Para sustentar esa previsión, las autoridades sostienen que la tasa de homicidios cayó en 2017 a 24 por cada 100.000 habitantes, que es la más baja en varias décadas. Paralelo a ello, según un informe del Ministerio de Defensa a finales de diciembre, en 310 municipios no se había reportado este tipo de muertes violentas, sobre todo en departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Bolívar. Incluso en la capital del país se registró el menor nivel de homicidios desde 1985. Hay casos muy positivos como el de Boyacá, que tuvo el año pasado la tasa más baja de homicidios, con apenas 6 por 100 mil habitantes. En Villavicencio, Montería, Barranquilla, Cali y, como se dijo, Bogotá, los descensos en la materia fueron muy marcados.
Según el decreto aludido, se mantiene la suspensión general de los permisos para porte de armas, salvo los autorizados razones de urgencia o seguridad de los titulares.
Pero aun así, la restricción al porte de armas sigue generando polémica en algunos sectores de la sociedad colombiana, ya que hay quienes consideran que si bien los homicidios cometidos con arma de fuego han disminuido, otros delitos en donde los criminales las utilizan para intimidar a sus víctimas, sin llegar a herirlas o causarles la muerte, van en aumento, como es el caso de los atracos. Igual se escucha decir que, lamentablemente, la medida ha llevado a que el poder de defensa de la ciudadanía ante los delincuentes sea cada día menor, porque la cantidad de armas sin salvoconducto, de contrabando o hechizas en el país es muy alta e incluso habría crecido en los últimos años por cuenta de la desmovilización de las Farc y un remanente de su arsenal que no habría sido entregado a la Misión de la ONU para su destrucción, sino vendido en el mercado negro. En otras palabras, los ciudadanos de bien andan en su gran mayoría desarmados, pero los criminales cada día acceden con mayor facilidad a revólveres, pistolas y otros artefactos bélicos que no dudan en utilizar para robar teléfonos celulares, vehículos, residencias, comercios o realizar los llamados ‘fleteos’ o ‘paseos millonarios’, entre otros crímenes de alto impacto.
Las autoridades son conscientes de esta situación y, por ello, han redoblado esfuerzos para combatir estos delitos. Precisamente hace menos de tres semanas se dieron los resultados de la estrategia de la Fiscalía y la Policía contra el homicidio, el cibercrimen y el hurto. El plan priorizó la lucha contra los asesinatos en 21 municipios de 17 departamentos y dispuso acciones contra delincuentes en internet y estructuras dedicadas al hurto, ya que son las acciones ilegales que concentran el mayor número de denuncias ciudadanas.
De acuerdo con dicho informe, en materia de homicidio se esclarece la autoría en una cuarta parte, un paso importante si se tiene en cuenta que “históricamente, el porcentaje apenas alcanzaba el 12%, hoy es del 25,5% de respuesta eficaz”. En cuanto al llamado cibercrimen, que es el delito de mayor crecimiento en Colombia, con un incremento de denuncias el año pasado, fue del 28 por ciento. Por ello en 2017 se llevaron a cabo 16 operaciones nacionales y 10 internacionales, con un saldo de 515 personas capturadas y 35 estructuras criminales desarticuladas. Y en lo que tiene con el hurto, las estadísticas de la Fiscalía y la Policía indican que hay reducciones en algunas modalidades pero en otras, como robo de celulares y atracos, la situación continúa siendo crítica.
Visto todo lo anterior, queda en evidencia que el problema de la inseguridad en Colombia no depende directamente de qué tantas personas de bien portan un arma, sino de la capacidad de respuesta de las autoridades para reaccionar ante casos de flagrancia o para investigar y capturar a los responsables de una amplia gama de delitos, asegurándose de que permanezcan en la cárcel y no regresen a las calles en cuestión de días y reincidan.
Es claro que la medida de restricción al porte de armas ha disminuido el número de homicidios y lesiones graves en casos de intolerancia, como riñas callejeras o violencia intrafamiliar, pero ello no puede llevar a desconocer que el número de pistolas, revólveres, ‘changones’ y otras armas de fuego en manos de los delincuentes comunes y de estructuras organizadas va en aumento. Es allí en donde está el verdadero y más grave problema.
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