La directora del ente acusador le imputó los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

Celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, son los delitos incluidos en el escrito de acusación que presentó la fiscal Vivianne Morales contra el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en el proceso por el escándalo de Agro Ingreso Seguro ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En la audiencia de imputación de cargos, la directora del ente acusador aseguró que Arias Leiva conocía de las irregularidades del programa de Agro Ingreso Seguro y pese a esto “no hizo nada para corregirlo, ni impartió órdenes para su revisión”.
La jefe del órgano de control expuso ante los nueve magistrados de la Sala de Casación Penal, que el ex ministro de Agricultura habría tenido “intereses ocultos” para firmar el convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y con el cual se entregaron los mayores subsidios de dicho programa a grandes empresarios “con la excusa” de que eran para el fomento de ciencia y tecnología, “algo que no era cierto”, dijo la Fiscal General.
Asimismo, Vivianne Morales aclaró que durante la administración de Arias se firmaron tres contratos de manera irregular con el IICA firmados en 2007, 2008 y 2009 por los valores de 3.200, 9.500 y 4.300 millones de pesos, respectivamente, los cuales suman cerca de 17.000 millones de pesos.
El ex ministro fue cuestionado además por haber aprobado el desembolso de 26.500 millones de pesos en subsidios no reembolsables a proyectos que no cumplían con los requisitos exigidos por el proyecto.
De igual manera, la jefe del ente investigador llamó la atención sobre la existencia de los paneles de observadores y de expertos que operaban dentro del Ministerio de Agricultura y que eran los encargados de darle el visto bueno a la entrega de los subsidios.
“En muchas ocasiones el panel de expertos aprobaba proyectos que habían sido rechazados por los observadores y pese a que estaba demostrado que no cumplían la norma para hacerse merecedores de estos y solamente pedían unas modificaciones”, dijo la Fiscal.
Para la Fiscalía, Andrés Felipe Arias es responsable directo de la asignación a dedo, de un contrato celebrado con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, pues la modalidad de contratación utilizada en este caso no llenaba los requisitos de ley.
Aunque el Ministerio consideraba que el hecho de que se tratara de un contratista que funge como organismo multilateral y la naturaleza del convenio lo autorizaban a acudir a la contratación directa, la Fiscalía insiste en que debía convocarse a la licitación.
Para la acusadora, el contratista no iba a cumplir meras labores de cooperación técnica y científica, como lo aducía la cartera de Agricultura, sino que el objetivo central era la administración de recursos públicos destinados al desarrollo de campañas publicitarias, en favor de los programas de riego y dragado ofertados por AIS; de ahí que fuera necesaria la selección objetiva.
La Fiscalía General agregó que el programa terminó financiando de manera irregular a algunos proyectos de grandes hacendados.
Al final de la audiencia, el alto Tribunal negó los impedimentos presentados por los magistrados María del Rosario González y Augusto Ibáñez, para definir quienes serán declaradas como víctimas por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
La magistrada González consideró que ella tiene interés en este tema específico, ya que ella se declaró como víctima dentro del proceso de las chuzadas e interpuso una tutela para permitir que su abogado la represente en este caso.
Ahora, la Corte Suprema deberá fijar la fecha de inicio del juicio.