La decisión de Estados Unidos de eliminar a Argentina del sistema de preferencias arancelarias a naciones en desarrollo es "incomprensible", estimó la cancillería argentina, y sostuvo que Buenos Aires está dispuesto a pagar las indemnizaciones a dos empresas de ese país, origen del contencioso.

"Resulta manifiestamente incomprensible una decisión que reduce en alrededor de 18 millones de dólares los beneficios" a empresas argentinas en una relación que alcanza los 18.000 millones de dólares, señaló la cancillería, que explicó que las dos empresas "jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral (que determinó el pago) y la legislación argentina".

La resolución estadounidense se produce en momentos en que Argentina enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos adelantados por fondos de inversión que no se acogieron a la reestructura de la deuda en mora del país sudamericano.

La decisión de Washington de retirar a Argentina de las preferencias arancelarias se funda en la falta de pago tras dos fallos del Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (CIADI, órgano de arbitraje del Banco Mundial), que contemplan indemnizaciones por unos 300 millones de dólares a dos firmas estadounidenses.

Las empresas involucradas son Blueridge (electricidad) y Azurix (saneamiento de aguas), cuyos contratos fueron rescindidos por el gobierno argentino.

Argentina sostiene que el mecanismo de pago es contrario a su normativa vigente.

En este sentido, la cancillería "lamenta el intento de obligar" a Argentina "a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias".

"Tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina", añadió la cancillería.

Para el gobierno argentino, la decisión se vincula con la presión que están ejerciendo los bonistas que no ingresaron en ninguna de las dos restructuraciones de deuda realizadas por el país sudamericano, luego de la moratoria declarada a fines de 2001, y que tienen pendientes procesos judiciales en Estados Unidos contra Argentina.

"El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente", dice la nota de prensa.