Argentina afina una serie de pasos judiciales en su pelea con los fondos especulativos en Estados Unidos que le exigen unos 1.330 millones de dólares, en el marco de un litigio que derivó en la declaración de default parcial por parte de agencias calificadoras de riesgo.
Una demanda ante la Corte Internacional de Justicia La Haya y pedir una investigación ante la SEC (regulador bursátil de EEUU) para determinar si el juicio de los fondos especulativos contra Argentina no fue "una fachada" para realizar una "maniobra especulativa", son las medidas que se dispone a tomar el gobierno de Cristina Kirchner, que no reconoce haber caído en default.
Argentina pretendía además la remoción del mediador Daniel Pollack, a quien acusa de "parcialidad manifiesta", pero este lunes fue ratificado por el juez de Nueva York Thomas Griesa.
La mandataria realizó este lunes varios anuncios de inversiones en infraestructura y salud en un acto en la Casa Rosada (gobierno) donde defendió a Argentina como "un país viable".
Aunque sin referirse en forma explícita al conflicto por la deuda, Kirchner instó a que Argentina "nunca más vuelva a ser un país dependiente, desesperanzado, al que decían inviable y al que endeudaron para que no pudiera surgir".
Fueron sus colaboradores los que plantearon la estrategia a seguir.
El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo a radio América que "Argentina va a recurrir a todas las acciones legales y políticas en el marco de los organismos internacionales, ya sea el tribunal de La Haya, el G-20, las Naciones Unidas".
Agregó que el país se dispone a "utilizar todas la vías legales a su alcance ante un fallo irracional, ilógico y que no tiene asentamiento jurídico, y que se ha apartado incluso de la legislación vigente en los Estados Unidos".
Argentina busca contrarrestar el fallo del juez Griesa, que la obliga a pagar 1.330 millones de dólares por deuda en default desde 2001, por una demanda de fondos especulativos que se negaron a ingresar al canje de deuda de 2005 y 2010 que logró 93% de adhesión.
El jurista argentino Luis Moreno Ocampo, que fue fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, relativizó no obstante la viabilidad de una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia al considerar "poco probable" que la acepten.
"Me da la impresión de que la Argentina no tiene chances ahí (en La Haya). El lugar sería la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero tampoco puede intervenir sin acuerdo de Estados Unidos", indicó a radio Vórterix Moreno Ocampo.
- "Pruebas suficientes" -
La declaratoria de default parcial de Argentina desde el miércoles pasado por parte de agencias calificadoras de riesgo motivó el pedido de una "investigación exhaustiva" de lo que el Gobierno argentino considera una "maniobra especulativa".
"Hay pruebas suficientes de que se han configurado maniobras muy graves" por parte de los fondos especulativos a los que Argentina llama "buitres", dijo este lunes Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), entidad encargada de presentar la demanda ante el organismo del control bursátil de Estados Unidos (SEC).
"Los seguros contra default son productos tóxicos", agrego Vanoli en rueda de prensa.
La CNV pide que se investigue "si los propios fondos buitre, por sí o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo" en el tribunal de Nueva York el miércoles pasado.
La falta de acuerdo entre las partes impidió a Argentina concretar el pago por unos 539 millones de dólares a acreedores de bonos reestructurados, colocándola en "default selectivo" de su deuda soberana según las agencias de calificación financiera Standard & Poor's (S&P) y Fitch.
Griesa autorizó este lunes al banco JP Morgan a pagar intereses por bonos argentinos reestructurados, tal como había hecho con Citibank así como con los agentes de pago europeos Clearstream y Euroclear, pero no modificó el bloqueo de esos 539 millones de dólares depositados por Argentina en el Bank of New York.
Buenos Aires niega haber caído en default al sostener que el pago le fue impedido por el fallo judicial.
"El propio mercado está diciendo que no hay default", dijo Vanoli este lunes en rueda de prensa.
Argentina reclamó sin éxito la reposición de una medida cautelar (stay) que hubiera permitido pagar en tiempo a los bonistas reestructurados, pero el incumplimiento disparó el viernes el pago de seguros privados por unos 1.000 millones de dólares sobre esos títulos.
"Hemos observado claramente mecanismos de uso de información privilegiada y el juego 'a tres bandas': esto es, tener bonos reestruturados, tener CDS (seguros por incumplimiento de pago) y a su vez una sentencia", denunció el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.