Argentina depositó en Buenos Aires 161 millones de dólares para cumplir con un nuevo vencimiento de pago con acreedores que aceptaron el canje de deuda, en desafío a la justicia de Estados Unidos que considera ilegal esta estrategia.

El depósito es el primero que se realiza bajo la nueva legislación, que habilita un ventanilla local para el cobro mientras permanecen bloqueados por orden judicial 539 millones de dólares en un banco de Nueva York correspondientes a un vencimiento previo.

El juez federal estadounidense Thomas Griesa declaró el lunes a Argentina en "desacato" por tomar "pasos ilegales" para eludir la sentencia en su contra en el juicio contra fondos especulativos, aunque sin imponer sanciones.

"El tribunal sostiene que la República de Argentina está en desacato civil", señaló Griesa al final de una audiencia celebrada en los tribunales del sur de Manhattan, en respuesta a un pedido efectuado a tal efecto por los fondos.

Pese a todo Argentina "depositó los intereses de los títulos de deuda Bonos Par emitidos en los canjes de deuda soberana de los años 2005 y 2010 sujetos a la legislación del Estado de Nueva York (Estados Unidos de América) y a la legislación de Inglaterra y Gales por el equivalente a 161 millones de dólares", informó este martes el Ministerio de Economía en un comunicado.

"Al realizar dichos depósitos, la República Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir todas sus obligaciones respecto de los bonistas y contribuir mediante las medidas que estén a su alcance a preservar su derecho a cobrar", precisó la nota.

Con este depósito el gobierno concretó la apertura de una ventanilla de pago en la capital argentina como lo establece una ley aprobada recientemente, que busca eludir el bloqueo judicial de fondos dispuesto por Griesa en un banco de Nueva York.

El juez mantiene bloqueado en el Bank of New York (BoNY) 539 millones de dólares que depositó Argentina por un vencimiento anterior de bonos reestructurados bajo legislación estadounidense, medida con la que Griesa busca hacer cumplir su fallo que establece un 'pari passu' (tratamiento equitativo) para todos los acreedores.

Esta situación llevó a Argentina a un default parcial el pasado 30 de julio.

Se ignora si los bonistas accederán al cobro en la nueva ventanilla, pedirán cobrar en Francia (otra opción que contempla la nueva norma) o exigirán el pago en otra sede fuera de Estados Unidos.

Otro tramo del vencimiento, en este caso de bonos emitidos bajo ley argentina y que debe pagarse a través del Citibank Argentina, ya había sido autorizado por Griesa luego de un pedido de esa entidad bancaria, que había argumentando el riesgo de "sanciones penales y la pérdida de su licencia en Argentina" si no lo hacía.

- Desacato "sin efecto práctico" -

Griesa justificó su decisión de declarar al país en desacato en los "pasos ilegales propuestos" por el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para evitar el pago de la sentencia por 1.330 millones de dólares en su contra por bonos en default desde 2001.

Los fondos NML Capital y Aurelius habían efectuado el pedido por escrito el miércoles pasado sosteniendo que el país "ha violado de manera repetida y descarada las órdenes del tribunal, dejando claro de manera abundante que no tiene respeto por esas órdenes, el tribunal o el sistema judicial de Estados Unidos".

Antes de la audiencia del lunes, la embajada de Argentina en Washington había advertido al secretario de Estado, John Kerry, que Estados Unidos sería legalmente responsable de una eventual declaración de desacato.

La cancillería afirmó que la orden de Griesa es "violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos".

Este martes, en su habitual rueda de prensa matutina el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, restó trascendencia a la decisión de Griesa por considerar que "no tiene fundamento ni impacto alguno".

Capitanich reiteró que la orden del juez constituye "una violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas" y consideró "inaplicables" eventuales sanciones en virtud de que "la ley de inmunidad soberana prohíbe las sanciones por desacato contra Estados extranjeros".

En la práctica Argentina puede ser sancionada con la aplicación del pago de una multa diaria, "un castigo simbólico", según sostuvo el economista Nicolás Dujovne.

"La declaración de Griesa provocará seguramente una nueva escalada retórica del gobierno argentino, lo que constituirá sin duda una dificultad adicional para imaginarse un probable escenario de negociación dentro de unos meses", estimó el economista en una columna del diario La Nación.

Según la agenda oficial la presidenta argentina dará un discurso por cadena nacional este martes a las 21H30 GMT desde la Casa de Gobierno junto a buena parte de los gobernadores provinciales.