El gobierno argentino analiza eliminar subsidios vigentes en tarifas de servicios públicos, como electricidad, agua y gas, a los sectores de mayores ingresos, admitió este viernes el jefe de gabinete, Jorge Capitanich.
El tema es "minuciosamente" analizado por el ministerio de Economía y el de Planificación, admitió Capitanich en rueda de prensa.
La medida representaría un golpe al bolsillo para los sectores de clase media y alta que se benefician de subsidios en las tarifas de energía y provisión de agua potable, que llegan en algunos casos al 50%.
Los subsidios benefician sobre todo a consumidores de la capital argentina y su periferia, lo que genera fuertes distorsiones en relación a lo que pagan por el servicio en el resto del país.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, había dicho el jueves que su cartera analiza un plan de "equidad tarifaria" que elimine esas distorsiones.
"Como hay un problema entre el valor de los subsidios en diferentes lugares del país, se genera una situación de inequidad. A veces una persona rica o que puede pagar una tarifa mayor termina muy subsidiada", dijo Kicillof.
Según la prensa local el plan pretende eliminar los subsidios en forma selectiva en base al cruzamiento de datos a través de las declaraciones impositivas de los contribuyentes con mayor capacidad de ingresos, aunque aún no hay información oficial acerca de la metodología de aplicación.
El año pasado el Estado gastó 134.114 millones de pesos (17,19 millones de dólares) en subsidios económicos, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
A finales de 2011 el gobierno ya había dispuesto la eliminación de subsidios en tarifas eléctricas, gas y agua en complejos de casas lujosas de la capital argentina y barrios privados de su periferia.
También había promovido un plan de renuncia voluntaria de subsidios a la que los funcionarios del gobierno adhirieron con pompa, pero que tuvo escasa repercusión.
En 2011 también se eliminó el cien por ciento de los subsidios que recibían bancos, financieras, aseguradoras, casas de juegos de azar, aeropuertos internacionales, puertos fluviales, telecomunicaciones, hidrocarburos y minería, entre otros sectores.
Las medidas se suman a otra batería de supresión de subvenciones anunciada a comienzos de noviembre que abarcó a bancos, financieras, aseguradoras, juegos de azar, aeropuertos internacionales, puertos fluviales, telecomunicaciones, hidrocarburos y minería, por un total 600 millones de pesos (USD 140 millones).