La justicia argentina ordenó encausar y embargar bienes de la expresidenta Cristina Fernández por presunto perjuicio al Estado en operaciones cambiarias del Banco Central durante su gobierno (2007-2015), informó este viernes una fuente judicial.

 

El juez federal Claudio Bonadio consideró "evidente que la entonces presidente de la Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo", según su escrito divulgado en el sitio de internet de la Corte Suprema.

 

El embargo es por 15 millones de pesos (un millón de dólares).

 

El magistrado también encausó y embargó por la misma suma al exministro de Economía Axel Kicillof, al expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a otros doce exmiembros del directorio del Banco Central.

 

La justicia acusa a Fernández de causarle pérdidas a la autoridad monetaria con la política cambiaria de su gobierno a fines de 2015. 

 

Todos al banquillo 

 

Esta semana un fiscal también pidió investigar a Fernández, su hijo y diputado justicialista Máximo Kirchner y el resto de su familia por presunto cohecho a empresarios por sospechas de irregularidades en manejos administrativos de un hotel de la exmandataria y su hijo.

 

En los últimos meses varios exfuncionarios y figuras ligadas al kirchnerismo tuvieron malas noticias en la justicia, pero también funcionarios del actual gobierno y hasta el propio presidente Mauricio Macri.

 

El exministro de Planificación, Julio de Vido, fue encausado por negligencia criminal en el manejo de los ferrocarriles, desidia que derivó en la tragedia de Once en 2012, con 51 muertos y 700 heridos.

 

En abril dos exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quedaron encausados por administración fraudulenta y cohecho en la compra de material ferroviario viejo a España y Portugal.

 

Tres exjefes de gabinete de Fernández fueron citados en una causa por irregularidades en un contrato millonario para la televisación del fútbol.

 

Lázaro Baéz, empresario y petrolero allegado a los Kirchner que se benefició de millonarios contratos de obras públicas, está en prisión preventiva mientras se investiga presunto lavado de dinero.

 

Pero también el presidente Macri es investigado por supuesta "omisión maliciosa" de bienes en su declaración jurada donde no incluyó el detalle de empresas "offshore" a su nombre reveladas en la investigación mundial conocida como 'Panama Papers'.

 

Macri, líder de la alianza de centroderecha Cambiemos, figura como director en Fleg Trading, según revelaron los Panama Papers, y vicepresidente de Kagemusha, según un registro oficial en Panamá.

 

Un alcalde y hombre de confianza de Macri, Nésto Grindetti, también es investigado por sociedades a su nombre en paraísos fiscales y estuvo requerido por Interpol por otra causa por supuesta evasión impositiva en Brasil.

 

Causa polémica 

 

La expresidenta compareció ante el juez Bonadio el 13 de abril pasado, pero se negó a responder preguntas y presentó un escrito, tras lo cual solicitó ser querellante en la causa, pidió la destitución del juez y reclamó el inicio de su juicio político.

 

La acusación contra Fernández consiste en evaluar negativamente la política monetaria del Banco Central, que en setiembre pasado vendía dólares a futuro a 10,50 pesos cuando la cotización en ese momento era de 9,60 pesos.

 

Fernández dijo en su alegato que el propósito era desalentar expectativas de devaluación y mantener los precios de la divisa contemplados en el presupuesto nacional.

 

El 16 de diciembre, seis días después de asumir, el presidente Mauricio Macri, impulsó una devaluación de 34% que llevó el dólar a 15 pesos, por lo que el Banco Central debe abonar los futuro casi 50% más caros.

 

El kirchnerismo argumenta que no se puede convertir en judiciable una política monetaria antidevaluación.

 

Fernández reveló que ministros de Macri fueron compradores de dólares a futuro y lograron suculentas ganancias con la devaluación.

 

A fines de abril un fiscal pidió investigar a Bonadio por "prevaricato" (mal uso de sus funciones) y al actual titular del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, por presunto mal desempeño al beneficiar a particulares con el pago de los polémicos contratos cambiarios.

 

Hoy Bonadio acusó a Fernández, Kicillof y el resto de los acusados de "formar parte de un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico/administrativas en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".

 

Según Bonadio, estas acciones eran "conducentes a que el Banco Central concrete operaciones en el mercado de dólar a futuro en condiciones dañosas para el erario público".

 

Fernández argumentó que la causa no implica delito alguno de corrupción, enriquecimiento ilícito o cualquier otro contemplado en el Código Penal, por lo que se considera víctima de "persecución política".

 

La causa contra Fernández fue iniciada por parlamentarios de Cambiemos, el partido de Macri. /AFP