Las patronales agrícolas de Argentina cumplían este domingo la segunda jornada de una huelga de cinco días de comercialización de granos, ganado y otros productos contra la política fiscal del gobierno para el sector, en un país que es uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo.

El ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, consideró que la medida está impulsada por las aspiraciones políticas de los dirigentes de las entidades rurales, en una entrevista que publica este domingo el diario Tiempo Argentino.

"Se despiertan antes de las elecciones, son parte de un esquema político de ese grupo de 20 o 30 dirigentes con proyectos personales", dijo en referencia a las legislativas que se celebrarán en octubre próximo.

Rubén Ferraro, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que reúne a unos 100.000 productores medianos, advirtió este domingo por radio Mitre que "de no tener respuestas, seguramente se continuará con el plan de protesta y lucha".

Carlos Garetto, presidente de Coninagro (cooperativistas), dijo a Radio Diez que "los pequeños y medianos productores no están bien, se ven muy afectados por esta política, han perdido rentabilidad y esta en riesgo la continuidad de su actividad".

La huelga incluye asambleas en distintos puntos del país, aunque no el corte de rutas, en tanto algunos alimentos perecederos, como la leche se comercialicen normalmente.

En la comercialización de ganado, la adhesión de los productores se hará notar el lunes cuando reabra el mercado de hacienda de Liniers, en Buenos Aires, el mayor mercado ganadero del país.

Se estima que el paro iniciado el sábado no alterará los embarques de soja, según dijo a la AFP Julio Calzado, analista de mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario, el mayor puerto exportador de granos.

"La cantidad de días de paro es limitada y no habría problemas para afrontar los embarques", dijo.

Los agricultores de Argentina, principal exportador mundial de aceite y harina de soja, tercero de poroto de soja y de maíz, reclaman un sistema segmentado de impuestos a las exportaciones de granos, que los diferencie según el tamaño de los productores.

El sector mantiene desde 2008 una disputa con el gobierno de Cristina Kirchner por los gravámenes de 35% a las exportaciones de granos de soja y las restricciones a las de trigo y maíz, ya que primero deben cubrir las necesidades del mercado local.

Los productores aducen pérdida de competitividad y denuncian que el productor cobra entre 5 y 10% del precio que paga el consumidor en beneficio de intermediarios.

En 2008, una huelga de 128 días provocó desabastecimiento, en un conflicto marcado por la caída de la popularidad de Kirchner que fracasó en su intento de imponer impuestos móviles a la exportación de granos./AFP