La Cámara de Diputados argentina vota dos de las seis leyes de una polémica reforma judicial impulsada por la presidenta Cristina Kirchner en medio de un fuerte rechazo de la oposición, que convocó a una manifestación frente al Congreso, argumentando que atenta contra la independencia del Poder Judicial.

Estas dos normas esperan su sanción definitiva en Diputados, mientras que un tercer proyecto con el que se inició el debate volverá al Senado, aunque sea aprobado en la Cámara baja, ya que fueron introducidas modificaciones al texto original.

El gobernante peronismo, que logró el quórum necesario para el comienzo de la sesión, intentará imponer su mayoría junto a aliados para que se transforme en ley la creación de tres cámaras de casación, destinadas a aliviar la acumulación de causas en la Corte Suprema, según el gobierno.

Una segunda norma es la que limita a seis meses las medidas cautelares (prevención de un derecho), que está directamente relacionada con el conflicto entre el gobierno y el influyente grupo de medios Clarín.

Pero los diputados iniciaron la sesión con un muy extenso debate del tercer proyecto en danza, el que eleva de 13 a 19 el número de miembros del Consejo de la Magistratura (nombra y remueve jueces), 12 de los cuales serán elegidos por el voto popular (tres jueces, tres abogados y seis académicos.

La larguísima lista de oradores y la fuerte polémica desatada en el recinto donde diputados opositores mostraban frente a sus bancas carteles con la leyenda "Defendamos la justicia, salvemos la república", hacían prever una votación para avanzada la madrugada, dijo a la AFP una fuente de la secretaría parlamentaria.

Si es aprobado, el proyecto de Consejo de la Magistratura retornará al Senado, luego de que el peronismo aceptara introducir cambios ante las protestas de la Corte Suprema, de asociaciones de jueces y de la oposición.

En una audiencia de último momento, el gobierno aceptó el martes que el manejo administrativo y financiero del Poder Judicial quede en poder de la Corte y no pase al Consejo de la Magistratura, como preveía el proyecto original.

Durante toda la jornada, militantes de partidos opositores y sindicatos fueron expresando su rechazo a la llamada "democratización de la justicia" promovida pro el gobierno, en sucesivos actos frente al Parlamento, donde la oposición instaló una carpa para explicar al público su postura sobre la iniciativa.

Varios centenares de personas esperaban la noche del miércoles la hora de la votación en una suerte de vigilia frente al Congreso.

De su lado, el gremio de los empleados judiciales decretó un paro de 72 horas, también en rechazo al paquete de leyes de reforma de la justicia.

La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) llamó este miércoles al Congreso a rechazar la reforma al sostener que "le brindaría al partido gobernante de Argentina una mayoría automática en el Consejo (de la Magistratura) que supervisa a los jueces, lo que compromete seriamente la independencia judicial".

El repudio a esa reforma fue una de las principales consignas de una masiva manifestación que se realizó el jueves pasado en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina.

"El proyecto de reforma judicial destruye el estado de derecho. Es inconstitucional someter a los jueces a la elección popular. Alguien tiene que tomar la decisión de parar este atropello", dijo al exponer en el pleno Oscar Aguad, diputado del opositor radicalismo, la segunda fuerza legislativa.

En cambio, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada oficialista Diana Conti, dijo que el voto popular para 12 sitios dará al Consejo de la Magistratura "una legitimidad popular para la toma de sus decisiones más importantes, como formar las ternas, suspender o enjuiciar" a los magistrados.

La limitación de la duración de las cautelares forma parte de la pelea del gobierno con Clarín, que apeló a esta medida hace más de tres años para evitar la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales que obligaría al más poderoso grupo mediático argentino a hacer una fuerte desinversión.

En tanto, el Senado, también controlado por el peronismo, votará en mayo cuatro leyes del paquete de la reforma: la que regula el ingreso a la carrera judicial, la que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema y la que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales, además de la modificada ley del Consejo de la Magistratura./AFP